Las eléctricas evitan la guerra con Soria por el temor a no cobrar 3.600 millones de déficit

El 20 de diciembre pasado, el Gobierno anuló la 25 subasta de energía Cesur que debía fijar el precio del kilovatio para los hogares hasta abril de 2014. La razón fue una espectacular escalada de los precios que obligaba a subir el recibo más de un 11% a 20 millones de hogares. El Consejo de Ministros tomó la decisión apoyado en un informe provisional, elaborado de urgencia por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El informe no ha podido probar la existencia de  "manipulaciones" que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dio por probadas ese mismo día.

Han pasado tres semanas desde la suspensión de la subasta y las compañías eléctricas, acusadas por Soria de manipular el mercado, ni han emprendido acciones legales, ni han amenazado con emprenderlas. No es habitual.

La patronal del sector Unesa se limitó a hacer público un comunicado en el que  mostró "su satisfacción" después de que el informe de la CNMC haya dejado "claro", en su opinión, que no hubo "ninguna manipulación" de precios en la subasta eléctrica del pasado 19 de diciembre.

La respuesta, comedida, choca con lo habitual. Los nutridos y potentes equipos jurídicos de las eléctricas, acompañados por los especialistas de la patronal, suelen reaccionar con prontitud y contundencia a las normas que se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que les perjudican.

Mucha cautela

Hay una razón para la cautela. Las empresas tienen pendiente de cobro 3.600 millones de déficit tarifario generado en 2013. Fuentes de las empresas afectadas han confirmado que, a estas alturas de 2014, y tras la decisión del Ministerio de Hacienda de no aprobar el crédito para cubrir el agujero, ni saben cómo contabilizarlo, ni tienen certeza del aval del Estado a su colocación en el mercado (titulización).

Las empresas se tientan la ropa aunque en ocasiones anteriores se apuntaron buenos tantos en los tribunales. Así sucedió, por ejemplo, con la congelación del recibo de la luz que el Gobierno socialista saliente pactó con el PP en 2011. La decisión, recurrida por las empresas, fue tumbada por el Tribunal Supremo. Hubo que refacturar varios trimestres y el recibo de la luz subió por ese motivo en torno al 7%.

Pero en esta ocasión, hay muchas razones (3.600 millones de razones) para que las empresas se tienten la ropa. Y ello a pesar de que especialistas en el funcionamiento del mercado como Jorge Morales de Labra (Nuevo Moidelo Energético) creen inevitable que los tribunales examinen (y cuestionen) la intervención de los precios por parte del Gobierno en un sistema supuestamente liberalizado.

Reacciones como la que expresó ayer la Federación Europea de Traders de Energía (EFET) apuntan a que tarde o temprano habrá batalla jurídica. La EFET advirtió  de que la "inesperada" suspensión de la subasta eléctrica tras la "perjudicial intervención" en el mercado no hace sino elevar los riesgos regulatorios y, con ello, los precios finales.

Reclamación de estabilidad

Al pronunciarse acerca de esta "perjudicial intervención sobre el funcionamiento normal del mercado mayorista de electricidad en España durante el mes de diciembre", EFET reclama "estabilidad" y alude a "la importancia de la libre formación de precios y de un correcto diseño del mercado mayorista de electricidad en España".

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Todo eso es lo que está en cuestión, lo que deja al consumidor de a pie desorientado y enfadado. Una información de Europa Press reflejaba ayer mismo que el 81% de los consumidores consideran que el precio de la luz no se ajusta a su consumo mensual, incluso antes de la última subida de tarifas. Es el resultado de una encuesta realizada por el portal inmobiliario fotocasa.es entre 5.300 usuarios.

Para el coordinador federal de IU, Cayo Lara, la situación es insostenible. Lara cree que  Soria debería "dimitir sin más" después de que la CNMC no haya hablado de "manipulación" de la subasta eléctrica de diciembre, o bien "cesar a toda la CNMC porque es la que se equivoca".

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Lara reclamó un sistema más transparente de fijación de precios de la electricidad, frente a unas subastas "que siempre terminan en lo mismo" y han llevado a que España sea el tercer país de la UE que más paga por la luz.