CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo que Coca-Cola no puede presentar un ERE

Los sindicatos han denunciado ante la Inspección de Trabajo que Coca-Cola Iberian Partners no constituye un grupo a efectos laborales y, por tanto, no puede presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para las siete embotelladoras que integran la compañía. En la primera reunión del periodo de consultas, esta misma mañana, la empresa no ha acreditado documentalmente que tenga esa condición exigida por la ley, según ha explicado José Vicente Canet, responsable de Acción Sindical de la Federación Agroalimentaria de CCOO.

La existencia de un grupo mercantil no implica de forma automática que lo sea también a efectos laborales. Para ello, la compañía debe cumplir una serie de requisitos: confusión patrimonial, unidad de caja, prestación de servicios simultánea o sucesiva en favor de varias de las empresas del grupo, confusión de plantillas, empresas aparentes sin sustento real y apariencia externa de unidad empresarial. Los sindicatos creen que en el caso de Coca-Cola Iberian Partners no se dan estas condiciones. La compañía nació el 1 de marzo de 2013, una vez que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y la Autoridad de la Competencia de Portugal dieran el visto bueno a la operación.

Según explica Sebastián Serena, secretario de Alimentación y Bebidas de Fitag-UGT, Coca-Cola Iberian Partners carece de cuentas consolidadas y su plantilla se reduce a un máximo de una decena de personas. El resto de los trabajadores que ahora quiere despedir han sido contratados y reciben sus nóminas de cada una de las embotelladoras: Asturbega, Begano, Casbega, Cobega, Colebega, Norbega y Rendelsur. Y cada una de estas empresas, a su vez, cuentan con su propio convenio colectivo. "Coca-Cola Iberian Partners sólo gestiona parte de la actividad de estas empresas: ventas, facturación y cobro", apunta.

Aunque UGT no se ha sumado a la denuncia ante la Inspección de Trabajo de CCOO sí que considera también que el proceso de negociación "se inicia nulo". 

En cualquier caso, las dudas sobre la naturaleza del grupo no detendrán las negociaciones sobre el ERE, que han comenzado hoy y continuarán el próximo miércoles. Pero el informe que está obligada a emitir ahora la Inspección de Trabajo deberá ser tenido en consideración por la Audiencia Nacional en caso de que el periodo de consultas termine sin acuerdo y los sindicatos impugnen el ERE. Porque la oposición sindical a los despidos es cerrada y unánime. “No nos vale que intenten suavizarlo o maquillarlo”, asegura Canet, “sólo que lo retiren”. El viernes comenzará la huelga indefinida en las plantas de Madrid, Alicante y Asturias, El resto de las fábricas también harán paros parciales a partir del 4 de febrero.

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A juicio de CCOO y UGT es un “sinsentido” plantear 750 despidos y el cierre de cuatro plantas cuando el grupo tiene unos beneficios de 800 millones de euros. Canet atribuye la medida a la fusión de las embotelladoras y destaca que The Coca-Cola Company se encuentra, a su vez, detrás de esa operación empresarial. “Ha insistido y presionado para que las embotelladores se unieran”, explica, “es la que concede las licencias de la marca y tiene capacidad para promover un ERE”.

El responsable de CCOO también considera “contra toda lógica empresarial y de consumo” cerrar la planta de Fuenlabrada, la segunda más productiva de Europa. La primera propuesta de la empresa sobre indemnizaciones es de 30 días por año trabajado y 18 meses, así como prejubilaciones con el 70% del sueldo. Pero no convence a los sindicatos, que no han querido entrar en el asunto. "Aunque no se cerrara ninguna planta y nos ofrecieran 30 días de indemnización, tampoco accederíamos", advierte el dirigente de UGT, "la empresa no tiene un problema de supervivencia, sino beneficios millonarios".