La crisis dispara el fraude y 'sumerge' la cuarta parte de la economía

La crisis arrecia. Y el fraude también. Desde 2008, el volumen de actividad económica en negro ha aumentado de media en 15.000 millones de euros anuales, hasta sumar 59.509 millones , según el estudio "La economía sumergida pasa factura, el avance del fraude en España durante la crisis" elaborado por el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha.

El desplome del ladrillo, el aumento del paro, la corrupción generalizada y la ineficacia de la Administración, según el estudio ha facilitado que la cuarta parte de la economía (el 24,6% del producto interior bruto, PIB), no exista a efectos oficiales. Desde 2008, la economía sumergida ha crecido en siete puntos porcentales, hasta los 253.135 millones. Un porcentaje ilustra la situación: solo un 0,3% de los declarantes del IRPF admiten ingresos por encima de los 150.000 euros anuales.

El sonrojante 24,6% de economía en negro equipara a España con Italia y la acerca a países como Grecia y Turquía. El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, aseguró en conferencia de prensa que el nivel deseable (en el sentido de europeo) rondaría entre el 6% y el 8%. Son porcentajes a los que se acercan países como Alemania y Francia, con una desarrollada conciencia fiscal.

Escape de tensiones

La extensión del fraude (un 95% de la población cree que hay "mucho") tiene un efecto devastador sobre la sociedad. Aunque de forma inmediata supone una válvula de escape a las tensiones y explica la ausencia de revueltas sociales, según el profesor Sardá, la actividad en negro es letal. Entre otros efectos, distorsiona los datos como la renta per cápita, esenciales para adoptar políticas económicas, reduce los ingresos del Estado, presiona a la baja las prestaciones y pone en riesgo el incipiente Estado de Bienestar.

El estudio de Gestha, elaborado por el profesor Jordi Sardá (Universitat Rovira y Virgili) sitúa el porcentaje de conomía sumergida en la banda alta de los estudios. El realizado para Visa por el profesor F. Schneider situaba la tasa de economía sumerida en España en el 19,2% del PIB;Visa por el profesor F. Schneider Funcas (estudios de las Cajas de Ahorros) la colocaba en el 24%, con cuatro millones de desempleados trabajando al margen de los canales controlados mientras que el estudio de Santos Ruesga y Carbajo calculaba el porcentaje del PIB oculto en el 29%.

El mapa del fraude en los últimos cinco años es preocupante (marrón intenso en el estudio) salvo en Madrid. Según Sardá, la comunidad madrileña es un caso aparte. Mantiene sus niveles de fraude tal y como se registraba antes de la crisis. La razón: el 60% de las grandes empresas tienen su sede administrativa domiciliada en Madrid. "Realmente existe fraude en Madrid pero su fraude no es registrado en los modelos de economía sumergida", asegura José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Extremadura a la cabeza

Hacienda dedicará en 2014 612 personas menos a combatir el fraude fiscal

Ver más

Por Comunidades Autónomas, Extremadura registra el mayor nivel de economía sumergida de España con una tasa del 31,1% de su PIB seguida de Andalucía (29,2%), Castilla-La Mancha (29,1%) y Canarias (27,9%). Por contra, los niveles más bajos de economía sumergida, al margen de la capital son Cantabria, donde la economía que escapa al control de Hacienda supera el 22% de su tamaño y Aragón (22,3%).

Son los efectos devastadores del estallido de la burbuja inmobiliaria. Allí donde más actividad relacionada con el ladrillo se registraba, más dinero negro se mueve. Pero el estudio añade añgunos otros datos interesantes. por ejemplo, la existencia de zonas geográficas en las que la economía sumergida es un mal endémico. Son las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo. En el extremo contrario se sitúan Madrid, tarragona, Lleida, Barcelona y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo que va del año 2000 al 2012.

Detectado y presentado el problema, Gestha propone fórmulas para remediarlo. La primera: realizar estudios oficiales por entidades independientes (ningún Gobierno los ha encargado); la segunda, coordinar la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las haciendas autonómicas, creando una base de datos única; tercera más personal (España tiene un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes frente a los uno por 860 de Francia) y cuarta, reorganizar el Ministerio de Hacienda. Todo, para evitar que, según Cruzado "el 80% del personal de Hacienda esté dedicado a investigar a autónomos" y omisiones en las declaraciones de los pequeños contribuyentes.