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DESMANTELAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Los recortes de Cospedal fuerzan el despido de 106 personas y dejan desatendidos a 2.500 discapacitados

  • Cocemfe Castilla-La Mancha echa el cierre tras reducir el Gobierno sus subvenciones de tres millones a cero euros en tres años
  • La organización adeuda a algunos de sus empleados hasta 10 nóminas
  • Arrastra problemas similares en Andalucía y Murcia
  • Los gestores de servicios sociales critican las ayudas públicas por tratarse de una financiación “inestable, arbitraria y subjetiva”, y piden “conciertos”

Publicada 10/02/2014 a las 06:00 Actualizada 09/02/2014 a las 20:58    
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EL AUTOR
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El presidente de Cocemfe C-LM, Julio Roldán, segundo por la izda., con el consejero de Empleo, Leandro Esteban.  COCEMFE

El presidente de Cocemfe C-LM, Julio Roldán, segundo por la izda., con el consejero de Empleo, Leandro Esteban. COCEMFE

El recorte que ha sufrido el presupuesto público, tanto estatal como autonómico, destinado a los servicios sociales se eleva a 500 millones de euros desde el comienzo de la crisis, según datos del Ministerio de Economía. Sólo en Castilla-La Mancha la tijera se ha llevado por delante un 32% del gasto público en dependencia, hasta quedarse en los 96 millones previstos para este año. Los damnificados de esa política son un puñado de organizaciones que han gestionado durante años servicios de los que las comunidades autónomas no querían hacerse cargo. Vivían casi exclusivamente de subvenciones y programas públicos, y ahora agonizan. Le ha ocurrido a Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) en Castilla-La Mancha, que acaba de acogerse al concurso voluntario de acreedores. También arrastra serios problemas Cocemfe en Andalucía y Murcia.

De hecho, la Cocemfe manchega es casi un cadáver: no tiene programas ni actividad para este año al haber suprimido las necesarias convocatorias la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta. Acumula una deuda de 1,9 millones de euros. Adeuda a sus trabajadores, en algunos casos, las nóminas de 10 meses. Ha despedido a toda la plantilla, 106 trabajadores, en dos ERE sucesivos. Excepto sus viviendas tuteladas, de las que se ha hecho cargo la federación provincial de Toledo de Cocemfe y dan cobijo a una decena de jóvenes discapacitados, el resto de sus programas –inserción laboral, rehabilitación itinerante, accesibilidad, cursos– han desaparecido. Desatendidas quedan las 2.500 personas a las que prestaba servicio cada año.

Creada en 1980, Cocemfe es una ONG sin ánimo de lucro que aglutina a 1.600 organizaciones, estatales, autonómicas, provinciales y locales de discapacitados físicos. Se dedica a prestarles servicios de integración laboral, formación, accesibilidad, atención sociosanitaria, a la infancia, la juventud y la mujer… A su vez está integrada en el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) junto a otras organizaciones como la ONCE, FEAFES (familiares de enfermos mentales), FEAPS (discapacitados intelectuales), o Down España, por ejemplo.

De tres millones a cero euros en tres años

De la Junta de Castilla-La Mancha Cocemfe recibió en 2010 un total de 2,9 millones de euros. Una cantidad que no ha dejado de menguar desde entonces. En 2012, con la llegada del PP al Gobierno autonómico, los programas quedaron reducidos a 428.000 euros. En 2013 fueron sólo 395.000. Este año han terminado a cero, lamenta su presidente, Julio Roldán. El 80% de su presupuesto procedía de subvenciones autonómicas.

Así que los primeros perjudicados fueron los trabajadores de la ONG manchega. “Para no dejar desatendidos a los discapacitados hemos llegado a trabajar hasta 10 meses seguidos sin cobrar”, relatan los consultados por infoLibre. “Entonces nos pagaban un par de meses y luego volvían a dejarnos sin nómina”, recuerdan. A algunos les deben más de 20.000 euros. Los incumplimientos y problemas de liquidez de la empresa les han ocasionado más de un disgusto con Hacienda –a la que no le constaban los impagos y les retenía por el salario completo– o incluso con la mutua que gestionaba sus bajas.

Entre sueldos e indemnizaciones Cocemfe debe a sus trabajadores 700.000 euros
. Porque muchos de ellos denunciaron su despido ante los jueces, y éstos embargaron a su vez los ingresos que la ONG recibía de la Junta, con el fin de abonar salarios impagados e indemnizaciones. También fueron incautadas las cantidades que percibían los jóvenes discapacitados para pagar los pisos tutelados. “De los 395.000 euros que nos dieron el año pasado, 350.000 los teníamos embargados por los juzgados; no podíamos pagar los sueldos con los 45.000 euros que nos quedaban”, hace cuentas Julio Roldán. Sólo por las viviendas tuteladas Cocemfe recibió durante dos años 211.000 euros.

La Junta se desentiende

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales niega toda responsabilidad en el desplome de Cocemfe en Castilla-La Mancha. Un portavoz del departamento lo achaca a la “mala gestión” –en ese punto coincide con los trabajadores– y a un “problema de superestructura”. Julio Roldán niega ambas acusaciones. “Contratábamos el personal según las necesidades de cada programa y aquí nadie se ha llevado dinero”, se defiende, “todas nuestras decisiones fueron guiadas por una asesoría jurídico-económica que nos aconsejaba mantener la actividad en el tiempo y unos ingresos mínimos, intentar negociar con las entidades financieras y los trabajadores, y pedir ayuda a Cocemfe estatal”.
Sin embargo, esa ayuda jamás llegó. “Tenemos su apoyo de palabra, pero no el económico, y lo que necesitamos ahora es dinero”, reprocha Roldán. La Cocemfe estatal no ha querido hacer a infoLibre declaración alguna sobre la crisis de sus organizaciones autonómicas.

Roldán culpa a las “prioridades” del Gobierno manchego del vacío a que se ha condenado a su organización. El Ejecutivo de María Dolores de Cospedal sitúa en el primer plano de su atención las residencias asistenciales, los centros de día y los pisos tutelados, apunta el presidente de Cocemfe, pero ha dejado de lado los programas de empleo, sociosanitarios y de rehabilitación. Gracias a los primeros, unos 350 discapacitados conseguían cada año su reinserción laboral, destaca Roldán. Pero el último proyecto convocado por la Junta se remonta a julio de 2012. La Consejería de Empleo responde que todos y cada uno de sus proyectos tienen programas específicos para discapacitados, por lo que su reinserción laboral está cubierta.

Lo mismo dice la Consejería de Sanidad: ningún discapacitado ha quedado desatendido por la caída de la Cocemfe autonómica. Roldán lo niega y precisa que está a la espera de que ese departamento emita, quizá en febrero, la resolución que permita a la federación de Toledo continuar gestionando durante el resto de este año los pisos tutelados. De momento, sólo tienen “un compromiso” de Sanidad, y Cocemfe Toledo está atendiendo las viviendas a sus expensas.

¿Un modelo agotado?

“Deberíamos dejar de pensar en las subvenciones”, zanja José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. A su juicio, las ayudas públicas son una financiación “inestable, arbitraria y subjetiva”, por lo que habría que cambiarlas por conciertos. “Un sistema público con garantía universal y reconocimiento de los derechos subjetivos”, describe Ramírez. El Estado no puede “dejar de proteger a los más vulnerables, igual que no puede renunciar a la defensa”, continúa, así que debería mantener la titularidad pública y el control, exigiendo a cada organización unos mínimos”.

Ramírez no cree que el modelo de servicios subvencionados por las administraciones públicos esté agotado, a la vista de los recortes presupuestarios. Según destaca, cada millón de euros invertidos en servicios sociales generan 30 empleos estables no deslocalizables. Un vivero de trabajo que, por tanto, ha quedado suprimido de un plumazo.

Enfrentado al modelo de CERMI están las plataformas de dependientes. José Luis Gómez Ocaña, que preside la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, no lo duda: “El modelo ha quedado estrangulado por la falta de subvenciones”. Coincide con José Manuel Ramírez en que estas organizaciones prestan servicios que deberían ser “obligación de la Junta de Castilla-La Mancha”  y a la que ésta, como tantas otras administraciones autonómicas, han renunciado. El problema estriba en que “los recortes no afectan a todos por igual”. Y que detrás de los que han fulminado a Cocemfe adivina una “represalia política” del Gobierno de Cospedal a una organización que “mantenía buenas relaciones” con el anterior Ejecutivo autonómico.

Por su parte, el presidente de la Cocemfe manchega no ve alternativa a la subvención pública en su campo. “El dinero privado no entra en los servicios sociales, ni las empresas ni los bancos”, se lamenta.

Más impagos y despidos en Andalucía, Murcia y Alicante

Mientras, los 200 trabajadores de Cocemfe en Andalucía comparten con su compañeros manchegos los impagos de hasta 10 meses de sus nóminas. De la Junta de Andalucía recibió la ONG en 2012 seis millones de euros para programas de reinserción laboral. Además, su presidenta, María de los Ángeles Cózar, ha sido investigada por la Polícía supuestamente por tener en nómina a trabajadores “fantasma” que cobraban en nombre de los directivos. Cocemfe Andalucía no ha respondido a los reiterados intentos de infoLibre para obtener su punto de vista.

En Murcia Cocemfe estuvo a punto de suprimir sus servicios a los discapacitados en 2012, después de que el Gobierno del popular Ramón Valcárcel le recortara el presupuesto un 54%. Sin embargo, en 2013 y para este año no ha habido reducciones adicionales, asegura su gerente, María Cruz Ballesta. Además, ha conseguido fondos adicionales, privados –de la fundación de La Caixa– que le han permitido continuar adelante con su actividad. Eso sí, tras ejecutar una significativa reducción de personal que la gerente no ha querido precisar.

En la Comunidad Valenciana son los trabajadores de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Alicante quienes se han pasado hasta cinco meses sin cobrar. En su caso, los impagos de la Consellería de Bienestar Social para atender a 90 pacientes mentales han propiciado la crisis. “Estamos financiando a las entidades a costa de nuestra inestabilidad económica”, denuncian.



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