Codere lleva a la CNMV la denuncia presentada en Anticorrupción contra los fondos buitre

La batalla por el control del grupo de juego Codere se recrudece. La compañía que controla la familia Martínez Sampedro (68,5%), acosada por los acreedores, se encuentra en preconcurso de acreedores desde enero. Su última acción ha sido trasladar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por el sindicato UGT (mayoritario en la empresa) contra la actuación de los fondos buitre en la compañía. Codere registra una deuda total de 1.214 millones de euros. En 2013 facturó 1.174 millones y el 40% de sus ingresos procede de Argentina.

El sindicato UGT justificó el paso de acudir a la Fiscalía Anticorrupción por "la inactividad de los distintos organismos de la Administración Pública para proteger los intereses de ciudadanos españoles que trabajan en el Grupo Codere".

En la denuncia presentada se detalla la operativa de los fondos que, en opinión del sindicato, puede ser ilegal. Así, explican que los fondos de inversión Canyon Capital Finance y GSO Capital Partners, adquirieron la deuda bancaria de Codere a las entidades Credit Suisse, Barclays, BBVA y Houston Casualty Company "quienes la cedieron sin la autorización de Codere como era preceptivo".

Hecho relevante

El hecho relevante de Codere en la CNMV es un modo de instar a que actúe el órgano supervisor. Codere ya informó a la Comisión de las presiones que estaba recibiendo. Según su versión, los fondos buitre, que se han hecho con parte de su deuda bancaria (127 millones) por 100 millones de euros, exigieron incialmente al grupo un interés efectivo anual del 117% incluyendo intereses encubiertos como comisiones. Al final, lo redujeron al 40% anual, en una acción que, según fuentes del grupo, podría ir en contra de las leyes españolas de usura.

La pelea entre la familia Martínez Sampedro y los acreedores es descarnada. Esta semana, Codere ha rechazado la propuesta de los tenedores de la mayoría de la deuda de la compañía. ha rechazado la propuestaLa oferta de los propietarios de la deuda (bonistas) contemplaba la aportación de 400 millones (200 en dinero líquido y 200 en canje de deuda) a cambio de hacerse con el control del 82,5% de Codere. La oferta, rechazada, ofrecía a la familia Martínez Sampedro un 14,5% de las acciones y la gestión del negocio.

Fuentes del grupo sostienen que la oferta, de ser aceptada, supondría un fraude de ley por cuanto supondría una dilución de la participación de los accionistas minoritarios de Codere del 97% en contra de su voluntad. Con un añadido, los inversores proponen que, en caso de que los accionistas minoritarios se negaran, se cedieran todos los activos a una nueva filial. La maniobra de segregación, sostienen las fuentes consultadas, vulneraría todas las recomendaciones de la CNMV sobre buen gobierno.

Hacia el concurso de acreedores

Con la pelea en pleno apogeo, el proceso avanza imparable hacia el concurso de acreedores. Si no se alcanzara un acuerdo entre acreedores y accionista de control, la declaración de concurso de acreedores podría declararse el 2 de mayo.

Para evitarlo, Codere ha solicitado a los fondos y tenedores de deuda dos cosas: más tiempo y menos intereses. Así, aseguran, se evitaría la bancarrota, el desguace y la pérdida de empleo. Para apoyar la demanda, Codere esgrime números. Sostiene que el grupo, pese a las dificultades, es rentable y puede salir adelante pagando deudas. El beneficio antes de amortizaciones e impuetos (Ebitda) se situó en 2012 en 280 millones. Suficiente, asegura el grupo, para sostener la actividad sin recurrir a los 400 millones que ofrecen los tenedores de deuda.

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Los problemas de liquidez de Codere surgieron al mismo tiempo que el Gobierno argentino de Cristina Kirchner nacionalizaba la filial de Repsol en el país, YPF, en abril de 2012. Aquella decisión abrió una etapa de incertidumbre sobre el futuro de las compañías españolas en el país. Las cosas se endurecieron. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvo que resolver sus necesidades fiscales anticipando la renovación de las licencias de juego. Para Codere, el pago supuso una inversión no prevista para el ejercicio pasado de 107,1 millones de euros. Fue el comienzo de las dificultades que amenazan al grupo con el fantasma de la quiebra.

La pelea en Codere no es una excepción. En España, los fondos buitre están encontrando las oportunidades que justifican su existencia. Para el Gobierno, es prueba de que la economía renace y atrae inversión. Para las empresas afectadas y numerosos observadores es la pelea por un país con una economía destrozada tras seis años de crisis.

Bancos nacionales y extranjeros han vendido su cartera de préstamos bancarios españoles a fondos que están en condiciones de imponer sus condiciones. Las consecuencias pueden ser un aumento de impagos por el endurecimiento de las condiciones de financiación y más desempleo (los despidos masivos forman parte del catecismo de "compra, divide, vende" de los fondos).