CONFLICTO SINDICAL

Diez trabajadores demandan a UGT y a tres exabogadas suyas por negligencia profesional

Diez trabajadores demandan a UGT y a tres exabogadas suyas por negligencia profesional

Una decena de trabajadores ha presentado una demanda judicial de conciliación contra el sindicato UGT y tres antiguas abogadas de su gabinete jurídico en Madrid, a quienes acusa de negligencia profesional por no haber presentado a tiempo un recurso contra la empresa que debía contratarles en régimen de subrogación. Ésta se negó a ello y los dejó en el paro. Los trabajadores les exigen al sindicato y las letradas un total de 350.000 euros de indemnización. El recurso no se formalizó en tiempo y forma porque las abogadas encargadas del caso acababan de ser despedidas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que UGT ejecutó en marzo de 2012.

En junio de 2011, 140 empleados de Translife UTE se quedaron en la calle tras adjudicarse Servicios Auxiliares Sanitarios Santa Sofía y Ambulancias Alerta con la concesión de las ambulancias del Servicio Médico de Urgencias (SUMMA) de la Comunidad de Madrid. Ambas se negaron a hacerse cargo de la plantilla de Translife, pese a que el convenio colectivo del sector las obliga a la subrogación, alegando que esta empresa adeudaba a la Seguridad Social 1,25 millones de euros y tenía pendientes de pagar hasta 8.000 euros en nóminas a cada trabajador. De los 140 empleados de Translife, 127 correspondían a Santa Sofía y 13 a Ambulancias Alerta.

UGT fue uno de los sindicatos que se hizo cargo de la defensa de la plantilla e incluso convocó una huelga. El conflicto llegó a los tribunales, que en todos los casos –sólo queda pendiente una demanda de CGT en el Tribunal Supremo– han terminado fallando a favor de los trabajadores y de su incorporación a Santa Sofía. Menos en el caso de los 10 empleados que ahora denuncian a UGT y sus abogadas. Perdieron en el Juzgado de lo Social número 11 de Madrid. Las letradas que llevaban su caso anunciaron la presentación de un recurso de suplica. Después las letradas deberían haberlo formalizado. No pudieron. La providencia para hacerlo llegó a la asesoría jurídica de UGT-Madrid el 30 de marzo, 20 días después de que hubieran sido despedidas.

Según las abogadas, hasta el 1 de abril no se ocupó de ese expediente, y otros, un abogado externo. Para entonces, se había cumplido el plazo para formalizar el recurso, que es de 11 días hábiles. En virtud de la sentencia que no fue recurrida, se reconocía a los trabajadores un despido improcedente, pero no fueron ni readmitidos ni indemnizados por Translife, que solicitó el concurso de acreedores en mayo de 2012. Tampoco contratados por Santa Sofía.

Habían quedado perdidos en un limbo legal. Pero no se enteraron de lo ocurrido con su recurso hasta que, ante la falta de noticias, se personaron en la sede de UGT. “Les dijeron que fueran a su antigua empresa para que les solucionara el problema”, explica su abogada, Elisa Jiménez Martín. Eso sucedió dos meses después de la pifia con el recurso.

Por el contrario, lo que hicieron algunos de los perjudicados fue pedir a Santa Sofía que los contratara. Las sentencias que el resto de sus compañeros estaban ganando en los tribunales fallaban en esa dirección: el convenio colectivo le obliga a subrogar los contratos de la antigua concesionaria, y el hecho de que ésta tuviera deudas con la Seguridad Social y la plantilla no es un motivo para no hacerlo. Santa Sofía terminó contratando a la mitad de estos trabajadores, pero sin reconocerles la antigüedad –en algunos casos de hasta 20 años– en Translife. Es decir, han perdido entre 300 y 400 euros mensuales, asegura su abogada.

El resto de ellos continuó en el paro. Después de dos años, algunos han agotado ya la prestación por desempleo e incluso el subsidio. Además, están pendientes de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) les abone su indemnización por despido y los salarios impagados por Translife. Debido al atasco que sufre, el Fogasa tarda más de un año de media en hacer estos abonos. En el caso de Translife, lleva 18 meses de retraso. En este tiempo, uno de los trabajadores ha fallecido. Es su mujer quien continúa con la demanda ante UGT. Otro está viviendo en casa de uno de sus hijos, “después de 30 años trabajando”, protesta Elisa Jiménez.

Durante los dos últimos años, la abogada ha intentado en numerosas ocasiones hablar con UGT de la situación de esta decena de empleados de Translife. Pero no ha conseguido ni una sola reunión, asegura. “Sólo me ha contestado”, explica, “por correo electrónico la compañía de seguros del sindicato, Atlantis: se limita a decir que está estudiando el tema y que UGT no le envía la documentación”.

Así que Elisa Jiménez presentó la demanda de conciliación, el paso previo a la demanda civil. El acto de conciliación se celebró la semana pasada. No hubo acuerdo.

Dos ERE en menos de año y medio

UGT-Madrid presentó en mayo de 2012 un ERE que supuso el despido de 36 trabajadores, entre ellos seis de los 11 abogados del gabinete jurídico. En septiembre de 2013 el sindicato ejecutó un segundo despido colectivo en su organización de Madrid, que finalmente afectó a 32 de los 44 empleados inicialmente previstos. Con la suma de ambos ERE, el gabinete jurídico de la UGT madrileña quedó desmantelado como tal. Los abogados que llevan ahora los casos, excepto dos contratados a media jornada, son externos, no están en nómina del sindicato.

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Aunque la transición tampoco ha sido pacífica. Tres de los letrados despedidos en 2012 demandaron al sindicato. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró nulos sus ceses, lo que implicaba su readmisión. Dos de ellos negociaron una indemnización para no volver y una tercera ha regresado al gabinete.

En conversación con infoLibre, un portavoz de UGT-Madrid atribuyó a las tres abogadas la responsabilidad del error con el recurso de los trabajadores de Translife. Sin embargo, ellas aseguran que en el momento de ser despedidas comunicaron a la Comisión Deontológica del Colegio de Abogados de Madrid su nueva situación laboral, y a la propia Federación de Transporte de UGT-Madrid, mediante burofax, que los expedientes quedaban a su cargo. “De hecho, les pedí que retrasaran al 31 de marzo la fecha de mi despido para organizar los expedientes, y me contestaron que no era necesario y que no había dinero para pagarme hasta final de mes”, relata una de ellas. Al burofax enviado entonces no obtuvieron respuesta. Cada letrada, explican, se encargaba de unos 600 expedientes al año.

El de estos 10 empleados no es el único caso de Translife en manos de Elisa Jiménez. Llevó también el de otros ocho trabajadores que abandonaron a los abogados de UGT ante el temor de que se repitiera con ellos lo ocurrido con sus compañeros. Lo ganaron. En un tercero, los demandantes se enteraron al llamar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de que su sentencia se había dictado hacía al menos un mes y medio. Nadie en el gabinete jurídico de UGT-Madrid se había ocupado de comunicárselo.

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