Comienzan en la filial de Tragsa los despidos del mayor ERE en una empresa pública

Tragsatec, la filial del grupo público Tragsa, ha comenzado hoy a despedir a los 610 trabajadores incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó el pasado mes de noviembre. La matriz acaba de comunicar al comité de empresa que en una fecha aún por determinar empezará igualmente a enviar las cartas de despido a los 726 empleados previstos. Se trata del mayor ERE en una empresa pública hasta el momento: 1.336 personas.mayor ERE en una empresa pública

Por establecer una comparación, Coca-Cola quiere reducir su plantilla en 1.250 personas, pero sólo 400 serán despidos; el resto serán prejubilaciones –350–y recolocaciones –500–.

Desde el pasado 10 de enero la plantilla del grupo se encontraba a la espera de que la dirección hiciera efectivos los despidos. Ésa era la fecha que se había dado para aceptar o rechazar las solicitudes de baja voluntaria que presentaran los trabajadores. Sólo 60 personas, entre ambas empresas, se adhirieron. Ahora el grupo público tiene hasta el 31 de diciembre para ejecutar los despidos. Según explican los representantes sindicales de las dos empresas, la plantilla lleva más de un mes esperando la comunicación de los ceses, en un clima de nerviosismo y rumores. Tragsatec, además, ha incumplido el plazo de 15 días de preaviso que se había comprometido a respetar.

Los trabajadores de Tragsa recibirán ahora el mínimo legal de indemnización, 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. Según denuncia CCOO, los criterios para seleccionar a los despedidos son “arbitrarios”. En las cartas se menciona la falta de puntualidad y el absentismo como motivos de la extinción del contrato de trabajo. “Pero el 55% de la decisión es subjetiva: la opinión del superior”. En la carta recibe la denominación de “contribución actitudinal”. El absentismo contribuye un 10%, la formación otro tanto, y la experiencia un 25% en la decisión final de despedir a un trabajador. La empresa, asegura el sindicato, no ha hecho evaluación profesional de ningún tipo a la plantilla con que avalar los despidos.

Ambos ERE han sido impugnados por los comités de empresa en la Audiencia Nacional, pero las vistas orales no se celebrarán hasta los meses de marzo y abril. En cualquier caso, los sindicatos están aconsejando a los trabajadores despedidos a presentar a su vez demandas individuales en los juzgados de lo Social. CCOO también ha denunciado que, al mismo tiempo que despide, Tragsatec está firmando contratos para determinados proyectos.

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Creado en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura, con un 38%; el Ministerio de Hacienda, con un 12%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas.

Tragsa ha tenido beneficios hasta el tercer trimestre de 2013, y prevé volver a cifras positivas de 4,5 millones este año tras perder 10 millones al cierre del último ejercicio. Según los resultados hasta septiembre de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la está integrada, Tragsa aportó su 14,8% de la cifra de negocio, la tercera que más contribuye tras Correos y Navantia. De los 4.221 millones que constituye la cartera de pedidos de la SEPI, 595 millones corresponden a Tragsa. Con una plantilla de 9.000 trabajadores, Tragsa presta a las administraciones públicas servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural de conservación y protección del medio natural y medioambiental. En principio. Porque también realiza proyectos de ingeniería o simplemente burocráticas, como la tramitación de becas para las universidades o de los expedientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), al que acuden los trabajadores tras sufrir impagos por parte de empresas insolventes o quebradas.

Durante las negociaciones del ERE, los sindicatos propusieron rebajas salariales y que se ampliaran las suspensiones de contrato y reducciones de jornada a toda la plantilla. La empresa, por el contrario, limitaba estas medidas a colectivos muy determinados de trabajadores. Y se negaba a tocar los sueldos de los directivos del grupo, que los sindicatos han denunciado por su excesivo volumen. Más de 200, no se han cansado de repetir, cobran más que el presidente del Gobierno, que por ley tiene un sueldo de 78.185 euros al año. El salario medio en la sede central del grupo en Madrid es de 109.000 euros anuales. Por contra, el 50% de la plantilla del grupo no cobra más de 20.000. “En ningún momento [de la negociación del ERE] se ha contemplado la racionalización de las pagas de beneficios y los objetivos que cobran unos pocos, ni medidas alternativas, ni suspensiones, ni reducciones”, lamenta CCOO.