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Los beneficios empresariales

Las eléctricas ganaron 82.000 millones de más en una década al actuar como un oligopolio

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, presentando un informe sobre buenas prácticas empresariales, en julio de 2013.

El sector eléctrico está siendo examinado con lupa. El caos regulatorio, la espectacular subida de la luz en los últimos años (63% entre 2007 y 2013), los abultados beneficios registrados por las cinco grandes empresas (52.000 millones en el periodo 2007-2013) y el aumento de la pobreza energética, que afecta ya a un 15% de los hogares, ha puesto al sector en primer plano. 

El último estudio (en elaboración) de la Fundación Primero de Mayo (CC OO), con datos y tablas del Instituto Nacional de Estadística (INE),(INE) arroja un resultado llamativo. Según su autor, Bruno Estrada, los españoles hemos pagado de más a las eléctricas entre 2.000 y 2009. En concreto, ganaron 82.000 millones de euros, el equivalente al 8% del producto interior bruto (PIB) por encima de lo que hubiera sido normal en condiciones de comptencia. "Es dinero de más que hemos pagado los ciudadanos y que han ido a los beneficios de las compañías" explica Estrada.

El economista califica el dinero cobrado de más como "rentas de oligopolio", definido éste como un grupo reducido de compañías que venden el mismo producto y que cuando no compiten, aumentan el beneficio en perjuicio de los compradores.

La falta de competencia, coincide el ex diputado Javier García Breva, "es la causa que obra el milagro de convertir lo caro en barato y lo barato en caro en los foros de energía. Eso solo es posible por la concentración del mercado en un reducido oligopolio. La falta de competencia es lo que determina los precios altos de la energía y la imposibilidad de que los consumidores puedan reducir sus costes energéticos mediante el acceso a la eficiencia energética, al autoconsumo o a la tarifa más barata".

Una cifra espectacular

Pero, ¿de dónde sale la espectacular cifra de 82.000 millones cobrados de más en una década?. Estrada ha hecho un ejercicio interesante. Con dos variables fundamentales –el beneficio empresarial y la remuneración de los asalariados– ha comparado qué sucede en el sector eléctrico en relación a la media nacional.

"Se supone", explica Estrada, "que el volumen de trabajadores (y su remuneración) es el mismo para ofertar el servicio de producción y distribución de electricidad, independientemente del margen de beneficios".

Con esa base, para estimar el beneficio empresarial del sector eléctrico que debería haber obtenido en condiciones de competencia (beneficio empresarial eléctrico en media nacional), el economista ha multiplicado la remuneración de asalariados del sector eléctrico por el porcentaje de beneficios empresariales medios de la economía y lo ha dividido por el porcentaje de la remuneración de asalariados media de la economía.

El resultado es impactante. En cada uno de los ejercicios comprendidos entre 2000 y 2009, el beneficio empresarial del sector eléctrico multiplica varias veces la media de beneficio empresarial nacional. Así, las compañías habrían obtenido 4.946 millones de más en 2000; 5.126 millones de más en 2001; 5.589 millones en 2002; 6.276 millones en 2003; 6.620 millones en 2004; 7.638 millones en 2005; 8.188 millones en 2006; 9.599 millones en 2007; 14.723 millones en 2008 y 13.816 millones en 2009. Total: 82.521 millones.

Concentración económica

La gran concentración económica y de poder en grupos empresariales concretos es un hecho en la economía españolaconcentración. Los datos lo muestran muy claro. Los seis bancos del Ibex-35 (Santander, BBVA, Popular, Sabadell y CaixaBank y Bankinter) suponen un 36,4% del índice y siete empresas del sector energético (Iberdrola, Repsol, Abengoa, Gas Natural, Red Eléctrica, Endesa y Enagás) representan un 19%.

Una sola compañía, Telefónica, la principal empresa de sector de las telecomunicaciones, representa el 14,4% del valor total en Bolsa del Ibex-35. Ibex-35Queda un hueco para las siete grandes del sector de la construcción e infraestructuras de transporte (ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, OHL, Sacyr Vallehermoso y Abertis), que suponen el 7,5%. Es una concentración en pocas manos.

Estrada, el autor del informe, sostiene que esa concentración convive con la existencia de "un elevado número de regulaciones de la actividad económica, pero que luego son incumplidas sistemáticamente".

La excesiva concentración en sectores estratégicos como la energía la han destacado especialistas como el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Javier Asensio. El profesor, en un artículo de la revista Alternativas Económicas, comparó lo que sucede en el sector aéreo, también muy concentrado (IAG, Air Europa y Ryanair tienen una cuota de mercado conjunta del 88%), con el sector eléctrico.

El contexto legal propicio

En el sector aéreo, pese a la concentración, los precios bajan. En el sector eléctrico, suben. La razón es que, en opinión de Asensio, "el contexto legal favorece que la estructura oligopolística dé lugar a precios que se encuentran entre los más altos de Europa".

Es una situación que se repite y que acumula reclamación tras reclamación. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunció en la Fiscalía Anticorrupción que  la Administración había cometido un posible delito de malversación de caudales públicos por no haber reclamado a las grandes compañías 3.400 millones de euros cobrados de más en concepto de costes de tranción a la competencia entre los años 1997 y 2005.

Las grandes empresas cobraron en exceso hasta 2006 en concepto de ayudas para compensar el cambio de leyes y la introducción de competencia en el mercado.

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La cuenta de la denuncia es rotunda: son 73 euros por habitante "que la Administración se ha olvidado” de reclamar a pesar de los reiterados recordatorios de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El mismo Ministerio de Industria ha reconocido que los españoles han pagado más de lo debido en el recibo de luz por el sistema de subastas que se ha anulado ahora y que empezó a funcionar en el año 2009. Concretamente, fija el sobrecoste en 386 millones al año, que acumulados desde 2009 –momento en el que se optó por el actual sistema— sumarían prácticamente 1.200 millones de euros adicionales.

El importe agregado tiene poco que ver con el consumo de los hogares y mucho o todo con la intervención de los grandes inversores, que fuerzan el mercado con técnicas puramente especulativas.

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