95 informáticos que subcontrató Empleo llevan hasta tres meses sin cobrar

El Ministerio de Empleo ha convertido en un hecho cierto el viejo refrán español que pone en casa del herrero un cuchillo de palo. Porque una veintena de informáticos que trabajan en las instalaciones del departamento que dirige Fátima Báñez llevan tres meses sin cobrar sus sueldos. Y la empresa que los contrató, Alba Technology, tampoco paga sus cuotas a la Seguridad Social desde el pasado mes de enero. Para mayor abundamiento en lo que se denomina precarización de las relaciones laborales, Alba es en realidad la subcontrata de otra subcontrata, Insa, creada por IBM y Catalana Occidente, además de una de las principales adjudicatarias de servicios informáticos de la Seguridad Social.

Alba Technology, una consultora con una plantilla de más de 300 empleados y filiales en ocho países, ha comunicado a sus trabajadores que está tramitando la solicitud del concurso de acreedores y que no puede hacer frente al pago de sus nóminas. También les aseguró que debe millón y medio de euros a Hacienda, por lo que ha sido embargada. InfoLibre ha intentado repetidamente durante los dos últimos días recabar información de Alba Technology sobre todos estos extremos, sin éxito.

Insa, para la que lleva a cabo todo tipo de servicios –análisis, programación, planificación– en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), ya ha comunicado que rescindirá su contrato con Alba Technology a fecha de 31 de mayo. Ese día será, por tanto, el último de trabajo para los 20 empleados de Alba en la Gerencia de Informática. Pero no son los únicos perjudicados. Aquélla, además, tiene otros 75 trabajadores subcontratados por otra de las grandes del sector, Indra, repartidos en departamentos del Ministerio de Trabajo como la Tesorería General de la Seguridad Social o el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), el antiguo Inem. Tampoco cobran desde marzo.

Ofertas con condiciones devaluadas

Ni Insa ni Indra quieren hacerse cargo de los trabajadores de Alba. Así que han buscado otras empresas que los contraten. Insa acudió primero a PSS Tecnologías de la Información y después a General Software, dos consultoras de tecnologías de la información especializadas en la cesión de estos profesionales a otras empresas. Ambas ofrecieron a los 20 empleados de Alba en la GISS un contrato por obra y servicio hasta octubre, que es la fecha en que expira la adjudicación a Insa. También les propusieron un sueldo inferior al que perciben ahora –no querían abonarles los pluses– y la pérdida de la antigüedad. Estos trabajadores cobran entre 1.400 y 2.000 euros brutos al mes, según la categoría. Además, les pidieron que firmaran la baja voluntaria, para evitar el pago de indemnizaciones. Las ofertas hechas por las consultoras contactadas por Indra son similares, según explican fuentes de CGT en esa empresa: ni antigüedad, ni pluses ni indemnización, contrato por obra...

En resumen, una rebaja considerable de sus condiciones laborales. Los 20 informáticos subcontratados por Insa llevan años trabajando en la GISS, algunos una década. Todos tienen contratos indefinidos. Y es que Alba Technology primero fue subcontratada por Accenture cuando ésta consiguió el contrato en 2006. En 2010 perdió su renovación frente a Insa, que subrogó los contratos de los trabajadores de Alba.

Un portavoz de esta filial de IBM confirmó a infoLibre que está negociando con otras empresas para buscar una solución, tras precisar que carece de responsabilidad alguna en los conflictos que “un tercero”, Alba Technology, tiene con su plantilla.  Por su parte, Indra asegura que está “estudiando alternativas” para solucionar el problema, pese a que es “ajena” a los incumplimientos de Alba Tecnolochy con sus trabajadores.

Por su parte, el Ministerio de Empleo sostiene que no tiene ninguna “obligación” con los trabajadores de las subcontratas, una figura permitida por la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. Un portavoz asegura que sólo podría actuar “si se viera comprometida la prestación del servicio”, que hasta ahora se realiza “con normalidad”. De modo que la intervención del departamento se limita hasta el momento a ejercer como “autoridad laboral”; es decir, a tramitar las denuncias que los afectados han presentado ante la Inspección de Trabajo.

Los peligros de la cesión ilegal

Como los trabajadores de Alba Technology rechazaron la oferta de PSS, Insa acudió a General Software, que repitió las condiciones de la primera. Cinco informáticos han terminado firmando. El resto sigue oponiéndose. Nueve de ellos han presentado ya una demanda por cesión ilegal de trabajadores, cuya conciliación previa se celebrará el próximo 8 de mayo. La demanda se dirige contra Alba, INSA y el Ministerio de Empleo. Según han explicado algunos de ellos a infoLibre, ya han aparecido por la GISS los nuevos empleados que les sustituirán a partir del 31 de mayo.

Decenas de sentencias condenan al Estado cada año por “empotrar” entre funcionarios a personal subcontratado

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El recurso a empresas informáticas es una práctica antigua y generalizada en la Seguridad Social, que ya ha merecido el reproche del Tribunal de Cuentas. Este órgano criticó al Ministerio de Empleo por suplir con trabajadores subcontratados “sus carencias de personal con cualificación informática”. “Los contratos de servicios encubren la contratación de personal al margen de la legislación laboral y de la función pública”, explicaba el informe del Tribunal de Cuentas, publicado en 2012. La Seguridad Social, aseguraba, no cubre con las subcontratas privadas insuficiencias de personal coyunturales, sino “estructurales y permanentes”, algo que el órgano fiscalizador recuerda que viene denunciando nada menos que desde 1994.

La Gerencia saca a concurso cada cuatro años la mayoría de sus servicios informáticos. En tal volumen que, según CCOO, el número de empleados subcontratados dobla al de funcionarios. En muchos casos, estos trabajadores han terminado denunciando a sus empresas y al Ministerio de Empleo por cesión ilegal. Se trata de un delito, según lo describe el artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores: un asalariado es contratado por una empresa, que es la que le paga, pero en realidad trabaja para otra, de la que recibe órdenes y que establece todas sus condiciones laborales. La Administración acumula un buen número de condenas por cesión ilegal de trabajadores, que la obligan a incorporar a éstos como personal laboral fijo.

Así que, para evitar esas sentencias y el consiguiente aumento de plantilla que implican, las administraciones han extremado sus cautelas ante cualquier posible confusión de empresas. Según los testimonios recabados por infoLibre, desde abril del año pasado los responsables de la Seguridad Social cambiaron al personal de Insa las normas para utilizar el aparcamiento, la empresa les puso un coordinador al que ahora comunican las horas extraordinarias, o los funcionarios al cargo dejaron de transmitirles por correo electrónico las fechas de las vacaciones o los cambios de horario durante los festivos: se los hace saber sólo verbalmente. “Maquillaje”, aseguran. El trabajo, dicen, sigue siendo el mismo.