El ministerio de Cañete adjudicó a Tragsa dos contratos con “amplios sobrecostes”

La Intervención Delegada en el Ministerio de Agricultura ha puesto reparos a dos contratos que el departamento que dirigió Miguel Arias Cañete hasta el pasado 28 de abril ha firmado con la empresa pública Tragsatec. En el primero detectó que su coste está “ampliamente sobredimensionado”. Por lo que en el segundo, continuación del anterior, ha pedido a los responsables del ministerio que le justifiquen que no se repite el sobrecoste.

Se trata de una encomienda de gestión concedida a Tragsatec, filial del grupo Tragsa, para elaborar “informes sobre evaluación ambiental de planes, programas y proyectos” en 2011 y 2012. La interventora delegada en Agricultura, María Luisa Mur, señaló el 16 de enero pasado a los responsables del departamento que, “teniendo en cuenta una estimación de la carga de trabajo necesaria” para llevar a cabo el servicio, su coste está “ampliamente sobredimensionado”.

Dos meses y medio después, el 31 de marzo, la interventora pidió a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Guillermina Yanguas Montero, que le justifique, “dados los antecedentes”, que no está igualmente sobredimensionado el coste de un segundo encargo a Tragsatec, la continuación hasta 2016 del mismo servicio para elaborar informes de evaluación ambiental.

La solicitud de María Luisa Mur, a la que ha tenido acceso infoLibre, se produce después de que el ministerio le enviara la propuesta de pago de 396.285 euros a Tragsatec por esa segunda encomienda de gestión, cuyo presupuesto total para los cuatro años que dura alcanza la cifra de 3.821.799 euros, IVA incluido. El pago de esa cantidad debe realizarse en cuatro anualidades: 122.959,81 euros en 2013, 999.776,58 euros en 2014, 1.398.840,32 euros en 2015 y 1.300.222,62 euros en 2016. El encargo lo firmó el 26 de noviembre de 2013 el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas. infoLibre intentó ayer, sin éxito, recabar la versión del Ministerio de Agricultura.

Un auxiliar administrativo cuesta 14,36 euros por hora

Los informes de evaluación ambiental son obligatorios antes de construir cualquier infraestructura. Los elabora el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o el departamento correspondiente en cada comunidad autónoma o los ayuntamientos. Tragsa y Tragsatec, empresas 100% públicas, son entes instrumentales de las administraciones que no operan en el mercado y cobran según unas tarifas prefijadas. No pueden rechazar las encomiendas de gestión que les ofrecen. Tragsa se dedica principalmente a ejecutar trabajos agrícolas, forestales o de saneamiento ganadero tanto para el Ministerio de Agricultura como para las comunidades autónomas. La filial, Tragsatec, se encarga de trabajos de ingeniería y proyectos de consultoría.

El grupo cobra de las administraciones el importe de los costes en que incurre al ejecutar los encargos. Éstos se calculan de acuerdo con un sistema de tarifas que se fijan cada cuatro años y se actualizan cada ejercicio. En 2014 han sido congeladas. Según puede leerse en su página web, esas tarifas “se calculan y aplican por unidades de ejecución y de manera que representan los costes reales totales, tanto directos como indirectos”. Se publican en el Boletín Oficial del Estado y se pueden consultar en la página web de la empresa.

El presupuesto de ejecución que Tragsa presenta a las administraciones se compone de esos costes directos –mano de obra, materiales y maquinaria–, los costes indirectos y los de estructura empresarial, a los que se añaden un 1% de control de calidad y el 18% de IVA.

Así, por ejemplo, una hora de trabajo de un auxiliar administrativo cuesta 14,36 euros. La de un titulado superior, dependiendo de su experiencia y especialización, entre 21,45 y 45,96 euros. Por un trabajo de evaluación ambiental, dependiendo del tipo, Tragsa cobra entre 255,75 y 328,86 euros por unidad de ejecución. A esas cifras hay que añadir, según especifica el cuadro de tarifas, el precio de los trabajos especiales –topografía, sondeos…– y de las dietas o gastos de alojamiento y transporte. Las unidades de ejecución de los informes de evaluación ambiental de Tragsa incluyen entre dos y cuatro trabajadores.

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El Ministerio de Agricultura tiene las funciones de tutela del grupo, que nació en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). Su principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura, con un 38%, y el Ministerio de Hacienda.

Tragsa se encuentra inmersa en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) desde noviembre de 2013, el mayor que ha afectado a una empresa pública y que ha declarado nulo la Audiencia Nacional. El argumento de sus responsables para despedir a 1. 366 trabajadores es la reducción en el número de encargos que le hacen las administraciones debido a los recortes presupuestarios.

En pleno ERE se hizo público que 200 directivos del grupo perciben salarios superiores al del presidente del Gobierno. Y que, mientras se negociaban los despidos, el Ejecutivo había colocado en Tragsa a tres enchufados de Arias Cañete, al exalcalde del PP en El Escorial (Madrid) y a un cargo del partido en Canarias.