Agricultura dice que usó la tarifa de Tragsa en el cálculo del coste del contrato que la Intervención vio inflado

El Ministerio de Agricultura asegura que utilizó las tarifas de Tragsa a fin de calcular el presupuesto de los contratos para elaborar informes de evaluación ambiental que había encargado a su filial, Tragsatec, y que la Intervención consideró “ampliamente sobredimensionados”. Además, pone en entredicho el perfil profesional del asesor de la Intervención General del Estado que revisó el expediente, “de alto valor científico, pero ajeno al trabajo de carácter administrativo de los órganos encargados de la evaluación ambiental”.

La Intervención Delegada en el Ministerio de Agricultura puso reparos a dos contratos que el departamento que dirigió Miguel Arias Cañete hasta el pasado 28 de abril había firmado con la empresa pública Tragsatec. En el primero, como adelantó infoLibre el jueves, detectó que su coste está “ampliamente sobredimensionado”. Por lo que en el segundo, continuación del anterior, pidió a los responsables del ministerio que le justificaran que no se repite el sobrecoste.

Se trata de una encomienda de gestión concedida a Tragsatec, filial del grupo Tragsa, para elaborar “informes sobre evaluación ambiental de planes, programas y proyectos” en 2011 y 2012. La interventora delegada en Agricultura, María Luisa Mur, señaló el 16 de enero pasado a los responsables del departamento que, “teniendo en cuenta una estimación de la carga de trabajo necesaria” para llevar a cabo el servicio, su coste está “ampliamente sobredimensionado”.

Dos meses y medio después, el 31 de marzo, la interventora pidió a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Guillermina Yanguas Montero, que le justificara, “dados los antecedentes”, que no está igualmente sobredimensionado el coste de un segundo encargo a Tragsatec, la continuación hasta 2016 del mismo servicio para elaborar informes de evaluación ambiental. Su coste es de 3,82 millones de euros.

El subdirector general de Evaluación Ambiental, Francisco Muñoz García, respondió a la Intervención el 14 de abril explicando que para calcular el presupuesto había usado las tarifas del grupo Tragsa, aprobadas en 2011 y congeladas este año. Con el fin de medir el número de horas de dedicación necesarias para elaborar un informe-tipo recurrió a “la experiencia en la ejecución de anteriores encomiendas”.

“Gran complejidad técnica”

El ministerio justifica el elevado presupuesto del encargo en el hecho de que los proyectos que se someten a evaluación ambiental tienen una “gran complejidad técnica”, pues se trata de infraestructuras de transportes, puertos o plantas de generación de energía eléctrica. También implican “una participación pública muy intensa” y generan “miles de alegaciones que deben analizar los técnicos”. De ahí, explica, que exijan “una gran dedicación y especialización”.

No obstante, Agricultura critica la falta de “idoneidad” del asesor que examinó la encomienda de gestión a Tragsatec, porque, según dice en su escrito a la Intervención, no supo “enjuiciar” adecuadamente “el trabajo y los condicionantes que intervienen en las evaluaciones ambientales”.

El ministerio asegura que la Intervención se dio por satisfecha con las explicaciones del departamento y dio vía libre a los pagos concertados con la empresa pública para la encomienda de 2013-2016 el pasado 23 de abril.

Cada vez más utilizadas y problemáticas

Las encomiendas de gestión son una modalidad que las administraciones públicas cada vez utilizan más para contratar servicios. Así lo reconoce el informe CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), que ha elaborado el Gobierno. El ministerio que más recurre a ellas es el de Agricultura, asegura el citado documento. También resultan ser una figura jurídica problemática. De hecho, el Tribunal de Cuentas halló “irregularidades relevantes” en la fijación de las tarifas que cobran empresas públicas como Tragsa –también Red.es o Isdefe–, según consta en su informe de noviembre de 2013. 

En concreto, el órgano fiscalizador denuncia la inexistencia de disposiciones legales “de aplicación general” que regulen los criterios para calcular esas tarifas. La Ley de Contratos del Sector Público establece únicamente que éstas deben fijarse “de manera que representen los costes reales de realización” del trabajo. Sin embargo, el órgano fiscalizador critica que, además de los costes directos e indirectos, las tarifas incluyan “márgenes razonables”, así como “márgenes de rentabilidad” que el acuerdo de Consejo de Ministros de 2008 que los autorizó ni siquiera define.

Un estudio de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), de julio de 2013, cifraba entre un 2% y un 8% el “margen razonable” que estas empresas están cobrando a las administraciones en las encomiendas.

Además, recalca el informe del Tribunal de Cuentas, esos márgenes de rentabilidad “no entran en la lógica y la coherencia jurídico-económica de la encomienda de gestión”, puesto que las administraciones se financian con fondos públicos. De ahí que el tribunal no sólo pida su eliminación, sino también que los costes reales sean iguales o inferiores a los precios de mercado. Por dos motivos. “Ese exceso de financiación sobre los costes reales”, apunta, “puede ser considerado como ayuda pública” y, contravenir, en consecuencia, las normas sobre competencia. Además, supone un “encarecimiento injustificado” del servicio que se presta a la administración.

La CNC corrobora este extremo y advierte de los “problemas de sobrecompensación a la manera de ayudas públicas” que pueden suscitar las encomiendas. Y que se producen si su coste es superior al precio de referencia en el mercado. Hay que recordar que los encargos de este tipo no se hacen mediante concurso, sino que se adjudican directamente, en este caso a Tragsa. No hay, por tanto, rebaja del precio de adjudicación sobre el de licitación como ocurre en las convocatorias públicas. En el Ministerio de Agricultura, señala el informe de la CNC, la reducción media cuando hay concurrencia alcanza el 23% del precio.

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El informe, que excluye de fiscalización al Ministerio de Agricultura pese a ser el departamento que mayor número de encomiendas firma, sí critica a Tragsa por haberse convertido en un medio “para todo”: se le encargan una gama cada vez más extensa de obras y servicios, incluso algunos para los que carece de medios. De ahí que en el 25% de las encargos fiscalizados la empresa superara con creces el límite del 50% de subcontratación que le impone la ley. 

En esa crítica coincide de nuevo la Comisión Nacional de la Competencia. Denuncia un recurso “innecesario”, “desproporcionado” y “sistemático” a las encomiendas por parte de las administraciones, que limita el acceso de otras empresas, privadas, a esos mercados, perjudicando la competencia.

La CNC cree, además, que la “cercanía” entre la administración y el medio que recibe la encomienda “reduce el nivel de exigencia” a la hora de fijar las tarifas, porque no existen “presiones competitivas”. Así, destaca el informe, ocho de los 14 miembros del Consejo de Administración de Tragsa son altos cargos del Ministerio de Agricultura, el departamento que ejerce la tutela sobre esta empresa pública y es propietario del 38% de su capital.