Florentino Pérez mantiene el enredo contable en Castor ante la pasividad de la CNMV

La constructora ACS posee un 66,67% de la sociedad Escal UGS, encargada de construir y gestionar el polémico almacén de gas natural Castor (Vinarós Castellón), paralizado tras los terremotos registrados a finales del pasado año. Con ese porcentaje mayoritario del capital, parecería claro que la compañía que preside Florentino Pérez, controla el proyecto y manda en el mismo. Pero la contablidad está llena de sorprendentes senderos.  ACS sostiene que en Castor, como en otras empresas del grupo (Clece, el Hospital de Majadahonda, Autovía de los Pinares o la Concesionaria de la Ruta del Canal) no tiene el control y depende de otros socios a la hora de aplicar las políticas financieras y de operación en el proyecto. 

La afirmación no es baladí porque tiene efectos sobre el balance. ACS no asume en las cuentas como grupo todas las cargas derivadas del proyecto gasista Castor (integración global), sino sólo una parte (método de participación). Para ello esgrime las normas internacionales de contabilidad (NIC 27). En Castor hay comprometida una inversión de 1.702 millones. En el pasivo de Escal constan 1.600 millones y ACS sólo recoge una participación en el apartado "activos no corrientes mantenidos para la venta"  de 228,4 millones.La contabilidad está avalada por la auditora Deloitte, pero lleva al menos cinco meses bajo la lupa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En enero, el supervisor hizo un requerimiento a la constructora para que detallara su posición en Castor. Han pasado cinco mesesy la CNMV no ha tomado decisión alguna. "La CNMV no da información sobre asuntos en trámite" aseguró un portavoz. Tampoco la consultora Deloitte o ACS respondieron a las preguntas de infoLibre sobre los criterios contables aplicados en el proyecto Castor, sorprendentes, según admiten fuentes empresariales relacionadas con el proyecto.

Normas internacionales

El armazón argumental de ACS para sostener que no tiene el control del proyecto, tal y como lo definen las normas internacionales de contabilidad ("poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad") descansa en el acuerdo que firmó en 2007 con el operador del sistema gasista, Enagás. Según ese acuerdo, señala ACS en sus cuentas, "ACS se compromete a vender a Enagás y Enagás se compromete a comprar el 50% de la participación de ACS una vez cumplida la condición de la inclusión de las instalaciones en el sistema gasista".

Ese compromiso, que está suspendido hasta qué se aclare quién carga con el fracaso del proyecto, concretaría, además, "los parámetros y funciones de control de Enagás durante la fase de explotación" de Castor. Suficiente en opinión de ACS (y de sus auditores) para alegar falta de control sobre el proyecto.

Enagás declinó hacer comentarios sobre la polémica y se remitió al hecho relevante que envió a la CNMV en enero de este año para salir al paso de las tesis de ACS. En el hecho relevante, Enagás explica que no ostenta "participación alguna, directa o indirecta, en el capital social de Escal UgsS.L.

sociedad encargada de del Proyecto de Almacenamiento Subterráneo de

gas natural Castor".  "Enagás" añade "no participa bajo forma alguna en la

administración, gestión u operación de Escal Ugs S.L.. ni tiene facultad de decisión o ejerce influencia alguna sobre la misma.

Tampoco ha participado ni participa en la construcción y operación de los activos de dicha sociedad".

Medio millar de terremotos

El proyecto se paralizó el 26 de septiembre tras registrarse en la zona más de 500 movimientos sísmicos de pequeña y mediana intensidad (hasta 4,6 grados en la escala Richter) que los especialistas atribuyen a las inyecciones de gas natural en la cavidad subterránea.

ACS renuncia al almacén de gas Castor

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Industria busca responsables y ha encargado una auditoría técnica y económica del proyecto, así como informes a expertos geólogos sobre los terremotos registrados. "No hay plazo para la finalización de las auditorías" señaló la portavoz de Industria. La misma fuente recalcó que el ministro José Manuel Soria ya explicó públicamente que la tramitación del proyecto, vía real decreto, había sido correcta.

El penúltimo capítulo del polémico almacén es un fallo del Tribunal Supremo (Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo) contra la pretensión del Ministerio de Industria de anular parte del real decreto (855/2008, artículo 14) de concesión del proyecto. Industria recurrió al Supremo en mayo de 2012, cuatro años después de su aprobación.

El decreto, en una cláusula poco usual, según admiten fuentes de la antigua Administración socialista, reconocía el derecho de la empresa a ser indemnizada con el valor residual del proyecto en caso de paralización. Incluso aunque hubiera habido negligencia o dolo de por medio. En ninguna otra concesión de almacén de gas (Yela, Gaviota, Serrablo...) hay cláusulas semejantes.