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LOS AGUJEROS DE LA RECAUDACIÓN

Los técnicos de Hacienda denuncian que la deuda fiscal pendiente de cobro se dispara un 88% desde 2007

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A Hacienda se le multiplican los morosos. No consigue cobrar un total de 50.000 millones de euros, según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), lo que significa que la deuda pendiente se le ha disparado un 88% desde 2007. De esa cantidad, 11.000 millones corresponden a deuda litigiosa; es decir, a las reclamaciones interpuestas por los contribuyentes, que también han escalado un 42,5% desde 2000 debido a la crisis y a la “voracidad tributaria”. El resultado ha sido el atasco de los tribunales económico-administrativos (TEA). Aunque también hay otra causa, subraya Gestha, que explica el hundimiento de la deuda recaudada: el fisco pierde en los tribunales la mitad de las reclamaciones de los contribuyentes debido a la “mala calidad de las actuaciones tributarias”.

En 2012, último año del que se disponen datos, los ciudadanos presentaron 223.417 reclamaciones. El bloqueo de los TEA (que dependen del departamento de Cristóbal Montoro) es de tales proporciones que el número de asuntos pendientes es incluso superior al de los entrantes: 250.619. Mientras, el número de ponentes, los técnicos e inspectores que resuelven estos asuntos en esos tribunales, permanece inmóvil desde 2000: son 243 profesionales, denuncia Gestha.

Los técnicos de Hacienda culpan a los responsables de la Agencia Tributaria de “primar la cantidad sobre la calidad” de las inspecciones. De ahí que no sólo aumenten las reclamaciones, sino que, además, el Estado pierda en el 44,36% de las ocasiones en los TEA, y en el 39,52% una vez que los litigios llegan a los tribunales de justicia. Según las cifras de Gestha, esos casos perdidos se traducen en un agujero de recaudación en la lucha contra el fraude fiscal de 1.038 millones de eurosla lucha contra el fraude fiscal. En 2013 ingresó en concepto de deuda litigiosa sólo 463 millones de euros, la tercera parte de los 1.412 millones cobrados en 2012. Pero esa cifra fue anormalmente abultada, el resultado de cobrar unos 1.000 millones a multinacionales que habían perdido sus demandas ante los jueces.

En el caso de impuestos que recaudan las comunidades autónomas, como los de transmisiones patrimoniales y sucesiones, el número de litigios perdidos se eleva hasta el 66%.

En cualquier caso, Hacienda tiene suerte: sólo el 17,3% de los contribuyentes acude a la vía judicial. Únicamente en caso de grandes deudas compensa el coste de un litigio.

De los 50.000 millones antes citados, la mayor parte de la deuda corresponde a empresas en concurso y a particulares insolventes, cuyo número ha crecido durante la crisis. La cifra, dice Gestha, es casi un arcano que Hacienda no hace público. “La gestión de cobros siempre ha sido muy opaca”, destaca el presidente de Gestha, José María Mollinedo. Los técnicos la han calculado a partir de las respuestas que el Gobierno ha ido dando a preguntas de los grupos parlamentarios y, finalmente, restando lo cobrado de lo liquidado. Independientemente del volumen de esa deuda, hay una constante, y es su dificultad de cobro: apenas el 30% llega a las arcas públicas.Hacienda lo niega, el Tribunal de Cuentas confirma

El ministerio de Montoro, por su parte, eleva al 70% los recursos planteados ante los TEA que fueron resueltos a favor de Hacienda en 2013, informa Europa Press. También asegura que la conflictividad relativa, que mide el número de litigios con relación al número total de actos tributarios es del 1,7%, frente a un 2,7% de 2006.

Para sus cálculos, Gestha repite los datos del último informe de fiscalización de la Agencia Tributaria realizado por el Tribunal de Cuentas, muy crítico con este departamento. “Las memorias de los tribunales económico-administrativos ponen de manifiesto que los fallos en primera instancia dieron la razón a los contribuyentes en casi un 40% de las reclamaciones, a lo que habría que sumar los fallos en una fase procesal posterior, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, también favorables a los contribuyentes. Esto da lugar, por lo tanto, a un porcentaje muy importante de deuda litigiosa que acaba siendo anulada como consecuencia de las resoluciones de los litigios”, concluye el informe.

Según Hacienda, no toda la deuda pendiente es deuda exigible, ya que también hay deuda en fase de aplazamiento, en suspensión por recursos o en el marco de procesos concursales, que no gestiona la Agencia Tributaria. Gestha matiza que, aunque gestionada por los jueces de lo Mercantil, su cobro sigue compitiendo al fisco.

El ministerio sólo revela el importe de la deuda pendiente, en fase de embargo, a 18.295 millones de euros a finales de 2013. Es decir, la deuda pendiente en la última fase del procedimiento. Una cifra a la que suma las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas tributarias, por importe de 7.800 millones de euros en 2013. A estas cifras, insiste Gestha, deben añadirse la deuda litigiosa, que Hacienda omite, y la concursal antes mencionada. 

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Informe del Tribunal de Cuentas sobre la Agencia Tributaria (PDF)

Cesión temporal de técnicos

Para desbloquear los TEA, el Ministerio de Hacienda acaba de presentar un plan para aumentar un 28,8% el número de ponentes. Así, la Agencia Tributaria cederá a estos tribunales durante un año a 70 de sus técnicos. Una medida que Gestha considera insuficiente y cuestionable. A su juicio, para eliminar el bloqueo de reclamaciones sería necesario que la cesión de técnicos se prolongase hasta 2018: harían falta dos años para que el número de litigios pendientes descendiese a la cifra de 2008, unos 100.000 menos, y otros dos años más para acabar con el resto de las reclamaciones atascadas.

Además, denuncian, la cesión de técnicos de Hacienda a los tribunales supone una pérdida de independencia de éstos y, por tanto, de garantías para los contribuyentes. “No se respetará la debida separación entre instrucción, liquidación y revisión de las actuaciones tributarias”, explican. Gestha también critica que Hacienda haya centrado todos sus esfuerzos en la lucha contra el fraude, aprobando una Oferta de Empleo Público para incorporar 490 nuevos técnicos a esta labor. Pero ninguno a los tribunales atascados.

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