LUCHA CONTRA EL FRAUDE

La reforma de la Inspección de Trabajo solivianta a inspectores, subinspectores y comunidades autónomas

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Una de las 200 medidas previstas en el informe CORA, de reforma de las administraciones públicas, es reorganizar la Inspección de Trabajo. Para ello el Gobierno se comprometió a redactar una Ley Ordenadora de la Inspección cuyo anteproyecto tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros el 13 de julio. De momento existe un borrador que ya ha suscitado el rechazo de todas las partes interesadas: tanto de los inspectores y subinspectores como de los gobiernos de Cataluña y el País Vasco, las dos únicas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en la materia.

“Es un atentado grave contra la Inspección”, un texto con “aberraciones jurídicas”, “un nuevo paso en la recentralización y la reforma constitucional encubierta del PP”, denuncian unos y otros.

El anteproyecto prevé la creación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo, que será autónomo e integrará al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que desaparece, y a la futura Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude. El Gobierno lo presenta como el garante de la unidad de mercado y de la actividad inspectora, tras el traspaso en 2010 y 2011 de las competencias a Cataluña y el País Vasco. Anticipa que no sólo permitirá el “fortalecimiento institucional de la Inspección”, sino que también eliminará las “ineficiencias y duplicidades” que sufre el modelo actual a juicio del Ejecutivo.

A falta del estatuto que regule su funcionamiento, el Organismo Estatal contará con un consejo rector, que presidirá la ministra de Empleo, y un director. En ese consejo estarán representados los sindicatos, las organizaciones empresariales y las comunidades autónomas, Además, a través de la Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo, que será nombrada por cada gobierno regional. El Organismo Estatal garantizará una “concepción única e integral del sistema” y deberá mantener la “unidad de función y de actuación inspectora”.

Catalanes y vascos, sin embargo, ven el nuevo modelo como un ataque directo a sus competencias. “Uno de los muchos intentos de recentralización del Gobierno, especialmente en materia laboral, donde es particularmente celoso”, asegura el diputado del PNV Emilio Olabarria. Carles Campuzano, de CiU, adelanta que, si se consagra ese diseño, que considera “claramente contrario al Estatuto de Cataluña”, su grupo acudirá al Tribunal Constitucional.

Doble inspección en Cataluña y País Vasco

Cuando ambas comunidades autónomas recibieron las competencias, crearon sus respectivos órganos de inspección, el Consorcio Inspección de Trabajo de Cataluña y el Consejo Vasco de Inspección de Trabajo. Al tiempo, el Estado conservó sus propios órganos inspectores en los dos territorios. Los inspectores vascos y catalanes mantienen una doble dependencia, orgánica del Ministerio de Empleo, y funcional de su Gobierno autonómico. Existen mecanismos de coordinación y cooperación entre ambos cuerpos, pero Olabarria no duda en calificar de “extraña y extravagante” la solución adoptada tras las transferencias. En el informe CORA, el Gobierno critica que el traspaso de competencias se hizo “sin el previo diseño de un modelo global”. “La misma función pública con idéntico contenido se ejerce por órganos diferentes, estatales y autonómicos”, destaca. Los inspectores, añade, actúan “de manera preferente, si no única, en las materias de la competencia de la Administración a la que pertenece órganicamente”. El informe también lamenta la “disparidad en las cargas de trabajo y retributivas” existente entre los funcionarios e incluso alerta ante el “riesgo de ruptura funcional, no sólo orgánica, del sistema”.

Para Campuzano, en cambio, esa búsqueda de la “homogeneidad” como sinónimo de “progreso” responde más a “un modelo de la España predemocrática”. “La experiencia histórica”, explica, “demuestra que es más eficaz acercar el poder a los ciudadanos”. Tanto el diputado de CiU como el del PNV rechazan que la dirección de las políticas de la Inspección pase a depender del nuevo órgano estatal. Y que se imponga a los inspectores catalanes y vascos el sistema retributivo por objetivos con que se paga a los del resto del país. “No han sido demasiado útiles en la lucha contra la economía sumergida, por ejemplo”, reprocha Carles Campuzano, quien considera esos incentivos un sistema “más propio del siglo XIX que del XXI”. “En Cataluña preferimos trabajar con los empresarios para que subsanen sus incumplimientos antes que multarlos”, presume.

No está de acuerdo el Sindicato de Inspectores de Trabajo, de tendencia conservadora. Isabel San José, su presidenta, apoya la creación del nuevo Organismo Estatal: “Es la mejor forma de articular la autonomía y especificidad de la Inspección de Trabajo con las transferencias a las comunidades autónomas”. También defiende, al contrario que los políticos nacionalistas, la equiparación de las condiciones salariales de los inspectores de todo el país, así como de las de ingreso y movilidad entre administraciones.

Más subinspectores para sustituir a los inspectores

Pero eso no quiere decir que San José apruebe el anteproyecto en su conjunto. Los inspectores de Trabajo pusieron el grito en el cielo cuando hace un año leyeron en el informe CORA que el Gobierno pretendía crear una nueva escala de subinspectores, especializados en Seguridad y Salud Laboral, que sustituirán “progresivamente a los inspectores que vayan abandonando el servicio activo por jubilación u otras circunstancias”. El objetivo de la medida no es otro que ahorrar un total de 2,8 millones de euros, “atribuyendo las funciones desempeñadas por los inspectores de Trabajo, funcionarios del grupo A1, a los subinspectores, del grupo A2, con un menor coste en términos del Capítulo 1 del Presupuesto [gastos de personal]”.

El anteproyecto confirma ahora sus temores. “Es el principio del fin del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo”, sentencia Julián Lobete, presidente de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). Como San José, teme que el abaratamiento de la Inspección signifique también una pérdida de la calidad del servicio. “No nos oponemos frontalmente a la creación de nuevas escalas, pero siempre que tengan un perfil más técnico y más pegado a la prevención de riesgos en los centros de trabajo, y siempre que se salvaguarde que el inspector es la cúspide y el elemento vertebrador del sistema”, precisa la presidenta del sindicato conservador.

Tampoco ven con buenos ojos el abaratamiento de la Inspección los propios subinspectores. El presidente de su Federación Estatal (FESESS), Rafael Aniorte, rechaza tanto la creación del nuevo Organismo Estatal como la de nuevos cuerpos inferiores para abaratar el servicio. “Van a desmantelar la Inspección”, protesta. Aunque no es la única pega que le encuentra al anteproyecto del Gobierno. El borrador otorga “presunción de certeza” a los informes de policías y guardias civiles –“funcionarios públicos que tengan la condición de agentes de la autoridad”– sobre trabajo no declarado y empleo irregular que sean trasladados a la Inspección. A juicio de Aniorte, se trata de una “aberración jurídica”.

“En lugar de planificar campañas eficaces contra la defraudación, se crea un Estado policial contra el fraude dotando a la Guardia Civil y a todas las policías de un instrumento técnico-jurídico que jamás podría ponerse en sus manos”, se queja. El presidente de FESESS no entiende cómo hasta 1991 no se les concedió a los subinspectores esa misma presunción de certeza que ahora se reconoce en materia laboral a funcionarios ajenos a la Inspección.

Recelos ante la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude

De ahí que también la integración de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en el nuevo Organismo Estatal despierte las suspicacias de los inspectores. “Si permite a la Inspección de Trabajo liderar la lucha contra el fraude, nos parece bien, pero si la Oficina permite derivar la función inspectora a otros funcionarios que no pertenezcan a los cuerpos de inspectores, nos parece muy negativo y estaremos atentos”, advierte Isabel San José.

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Julián Lobete apunta que la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude debería ser más “un órgano de estudio que de actuación”. Según el anteproyecto, la Oficina Nacional “formulará estrategias generales” para luchar contra el fraude, y elaborará los planes de la Inspección para combatirlo. Pero también “tramitará y resolverá procedimiento sancionadores y expedientes liquidatorios por cuotas de la Seguridad Social iniciados por la Inspección”. Es decir, resalta el presidente de UPIT, tareas que pueden entrar en colisión con los inspectores.

El detalle de cómo funcionará y se organizará la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude no se sabrá hasta que se elabore el correspondiente reglamento. El borrador del anteproyecto sólo precisa que contará con un comité de asesoramiento y apoyo. Hace sólo un mes, Empleo adjudicó a la consultora Accenture el Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social. Pagará 1,36 millones de euros a ocho consultores de la firma privada para que le digan cómo combatir el trabajo en negro.

Además, el anteproyecto de ley crea una Unidad de Alta Inspección, que se encargará de vigilar a las empresas de ámbito superior al autonómico. Y concreta otros aspectos de la actividad de los inspectores y subinspectores. Por ejemplo, estos funcionarios podrán entrar “libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo”. Pero si se trata del domicilio de una persona física –para comprobar las condiciones laborales de una empleada doméstica–, sólo podrán acceder con el “expreso consentimiento” del propietario o con una autorización judicial. Finalmente, las investigaciones no podrán prolongarse durante más de nueve meses, excepto si su “especial dificultad y complejidad” exige ampliarlas otros nueve meses más como máximo.

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