La Inspección de Trabajo 'sacrifica' la prevención de riesgos laborales para vigilar el fraude

La Inspección de Trabajo sacrificó el año pasado la prevención de riesgos laborales en favor de la persecución del fraude laboral, que el Ministerio de Empleo ha convertido en uno de sus principales caballos de batalla. Según los datos de actividad de la Inspección que publica en su web el departamento de Fátima Báñez, el número de órdenes de servicio sobre prevención de riesgos laborales cayó un 11% en 2013. En casi el mismo porcentaje –10,35%– se redujo la cifra total de sus actuaciones –que incluyen infracciones y requerimientos– en esta materia.

Empleo no oculta que esa caída se debe a la “especial dedicación” de la Inspección de Trabajo a la lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social. Al menos así lo reconoce en el informe sobre la actividad de la Inspección correspondiente a 2013. También atribuye el descenso a la desaparición de empresas y la bajada en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social producto de la crisis económica.

Además, el desplome del sector de la construcción está detrás de la caída, en casi un 30%, de las paralizaciones de obras ordenadas por inspectores el año pasado. El frenazo del ladrillo, con la reducción de hasta un 45% en el número de empresas del sector, se ha traducido también en un descenso similar, del 43%, en el número de denuncias por incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Según las fuentes consultadas, en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, sólo en Madrid eran una veintena los inspectores dedicados a vigilar a las empresas constructoras, y era frecuente que incluso necesitaran el refuerzo de otros funcionarios. Hoy, en cambio, no llegan a seis los inspectores dedicados al sector en la comunidad madrileña.

Por el contrario, las órdenes de servicio sobre prestaciones de la Seguridad Social cobradas indebidamente se multiplicaron más que por cuatro en 2013. Pasaron de 4.323 en 2012 a 18.369 el año pasado. Gracias a esa vigilancia, en 2011 los inspectores descubrieron a 7.942 trabajadores que percibían prestaciones sin tener a derecho a ello. En 2012, fueron 12.938, un 38,6% más. Empleo no facilita el dato de 2013.

Para fortalecer la lucha contra el fraude laboral se crearon en 2012 los Grupos de Economía Irregular (GEI), integrados por inspectores que se dedican a vigilar sectores más proclives, como la hostelería, o a desarrollar campañas de control los fines de semana y los festivos o en horario nocturno.

Así, en los dos últimos años la labor de la Inspección ha aflorado 161.381 empleos irregulares, desmantelado 2.078 empresas ficticias –730 en 2012 y 1.348 en 2013– y descubierto un total de 78.056 contratos fraudulentos, firmados para cobrar indebidamente prestaciones de la Seguridad Social u obtener permisos de trabajo.

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Informes sobre despidos y suspensiones de contrato

Otro campo donde ha aumentado la actividad de la Inspección de Trabajo es la redacción de informes en despidos colectivos, suspensión de contratos de trabajo o reducción de jornada. La reforma laboral eliminó la autorización administrativa que las empresas necesitaban para ejecutar este tipo de medidas. A cambio, la Ley 3/2012 convierte en obligatorio el informe de la Inspección tras el periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En 2012 –Empleo aún no facilita datos sobre este apartado relativos a 2013–, la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo elaboró un total de 515 informes sobre despidos colectivos y suspensiones de contrato, un 137% más que en 2011. Como la plantilla de inspectores no aumentó en 2012, explica la memoria de ese año, se generó una “sobrecarga de trabajo” que a su vez redujo “la actividad inspectora en otras áreas de actuación”. “La emisión de informes de esta naturaleza implica un coste muy elevado en tiempo de trabajo inspector”, reconoce la memoria.

En total, la Inspección de Trabajo redujo el año pasado un 5,5% el número de las visitas –344.046– que sus funcionarios hicieron a empresas. También un 6,6% la cifra de requerimientos –137.025–y otros 6,7% sus propuestas de recargo –2.686–. Por el contrario, ha recaudado un 7,2% –321,76 millones de euros– más que en 2012.