Los abusos de la banca

Montoro favorece a la banca frente a las comunidades al aprobar un impuesto mínimo sobre depósitos

Cristóbal Montoro, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Santiago Carcar / Irene Casado

La banca temía que los afanes recaudatorios de las Comunidades Autónomas le costaran miles de millones de euros, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha encargado de despejar sus temores. El Gobierno ha aprobado un impuesto estatal del 0,03% sobre los depósitos bancarios (a repartir entre las comunidades), para cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional.

El Alto Tribunal respaldó a las autonomías que habían aprobado impuestos a la banca. En noviembre de 2012 y mayo de 2013, el Constitucional avaló los gravámenes a los depósitos aprobados por Extremadura, Andalucía, Canarias, Asturias, Cataluña y Valencia. Los impuestos autonómicos oscilaban entre un mínimo del 0,3% y el máximo del 0,6%.  El impuesto recién aprobado tiene "efectos desde el 1 de enero de 2014", según la referencia del Consejo de Ministros.

En el peor de los casos, el impuesto aprobado por el Gobierno apenas representará unos cientos de millones. El 0,03% sobre los 1,156 billones de depósitos de clientes que contabiliza el Banco de España en sus estadísticas son 346 millones. Con ese pequeño impuesto, el Gobierno consigue dos cosas: evitar la fragmentación del mercado único bancario, con impuestos distintos según comunidad autónoma y disipar los temores del poderoso sector financiero.

Cifras pequeñas

"Son cifras (las del impuesto) muy pequeñas" explica el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. "Por supuesto, no van dañar ni la tesorería, ni la cuenta de resultados ni el pasivo de las entidades" concluye el técnico. Otra cuestión añadida es quién pagará finalmente esa cantidad ya que las entidades pueden aumentar sin problemas las comisione so pagar menos por los depósitos.

El economista y ex presidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, considera que la decisión "no es mala, puesto que salvaguarda el mercado único bancario". Pero introduce un matiz: "se quitan un problema, pero con poca cosa. Podrían haber hecho algo más y aprovechar para combatir el déficit". Desde ese punto de vista, mantiene Rodríguez, la banca ha resultado beneficiada una vez más.

La pugna entre las comunidades autónomas y la Administración central a cuenta de los impuestos a la banca viene de lejos. El primer impuesto lo aprobó en 2001 Extremadura, entonces presidida por el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El Gobierno, dirigido por José María Aznar, recurrió la decisión al Constitucional, que en 2012 dió la razón al Ejecutivo extremeño.

Impuesto del 0%

Con Asturias, Cataluña y Valencia siguiendo los pasos de Extremadura, el Gobierno del PP decidió en diciembre de 2012 cauterizar el problema. Aprobó un impuesto del 0% en todo el Estado para cerrar la polémica y se comprometió a compensar a las comunidades afectadas por la primera sentencia del Constitucional. Para las que trataron de adelantarse al Ejecutivo, como Cataluña y Canarias, este volvió a recurrir a los tribunales. En 2013, el Gobierno sufrió un nuevo revolcón y el Constitucional levantó la suspensión de aplicar el gravamen a los depósitos después de 2012.

La decisión del Gobierno de aprobar un impuesto mínimo a los depósitos en todo el Estado se ajusta como un guante a las peticiones que realizar en su momento tanto la patronal bancaria, AEB, como la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA). Tras la primera sentencia favorable del Constitucional a los impuestos autonómicos, la patronal bancaria explicó que la imposición autonómica a la banca "fragmenta la unidad del mercado financiero español" y perjudica el "buen funcionamiento del mercado financiero en todo el territorio nacional".

Las comunidades autónomas opinan

"Estamos acostumbrados a las sorpresas", aseguran a infoLibre desde el Gobierno andaluz. Andalucía es una de las tres comunidades autónomas que estableció el impuesto sobre los depósitos bancarios antes del 1 de diciembre de 2012 y, por lo tanto, disfruta de las medidas compensatorias a cargo del Gobierno central. La Ley de Financiación Autonómica establece que el Ejecutivo debe resarcir a las comunidades cuando apruebe medidas que supongan una pérdida de recursos para las autonomías. El impuesto estatal sobre los depósitos bancarios que entró en vigor en enero de 2013 es un ejemplo de manual. Este gravamen, hasta ahora de un 0%, supuso una pérdida de unos 120 millones de euros anuales de recaudación para Andalucía, explican desde el departamento autonómico de Economía y Hacienda. "El bloqueo a determinadas comunidades, como Cataluña o Madrid, supone un menoscabo en la recaudación y frena el derecho a legislar sobre nuestra capacidad tributaria", recalcan. 

Desde el Ejecutivo andaluz consideran que el anuncio del Gobierno central es "un gesto de cara a la galería, con más carga política que económica" puesto que un 0,03% "no representa apenas nada". El nuevo porcentaje "tiene un valor más testimonial que real" en un contexto marcado por "el aluvión de críticas que está recibiendo el Gobierno tras los resultados de las elecciones europeas", apuntan. En este sentido, el Ejecutivo trata de lanzar la "imagen de que está liberándose del yugo de la banca, pero tiene muy poca repercusión legal". La administración andaluza recuerda que recibe la compensación establecida por la modificación del tributo sobre los depósitos bancarios, mientras otras comunidades no lo hacen tras "el bloqueo de la normativa por el Ejecutivo".

Canarias, otra de las comunidades que se beneficia de la compensación, confía en que la medida promovida por el Ministerio de Hacienda "respete las estimaciones de recaudación de la comunidad y no afecte a las compensaciones". A pesar de que aún se desconoce la letra pequeña del tributo, desde el Gobierno canario recuerdan que "la Ley de Financiación Autonómica obliga al Ejecutivo a mantener estas compensaciones". Además, la administración del archipiélago califica el anuncio como una medida de carácter "recentralizador". La tercera administración compensada por parte del Gobierno, Extremadura, asegura no tener una posición definida ante el repentino anuncio de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. 

Recaudación para cumplir el objetivo de déficit

Con el impuesto sobre los depósitos bancarios, la Comunitat Valenciana estimaba recaudar 230 millones de euros con los que hacer frente al déficit y cumplir con el objetivo marcado por el Gobierno central, explican desde la comunidad autónoma. La Generalitat reclama una compensación como la de Extremadura, Andalucía y Canarias "para cumplir el objetivo de déficit" ya que el problema de financiación de la comunidad "viene por la vía de los ingresos y no de los gastos".

En este sentido, desde la administración valenciana evitan considerar si el gravamen anunciado por Sáenz de Santamaría favorece al sistema financiero: "no nos posicionamos a favor o en contra de los bancos, sino que apostamos por la recaudación". Sin embargo, denuncian que limitar el impuesto sobre los depósitos bancarios "es poner una barrera para encontrar vías de financiación" que permitan "cumplir los objetivos" del Ejecutivo. 

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Desde Asturias reciben el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno con "sorpresa y tremenda indignación" ya que durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 26 de junio, la portavoz del Ejecutivo asturiano preguntó por el gravamen sobre los depósitos bancarios y "no se anunció nada".

Para la administración asturiana la medida supone "una intromisión en la capacidad normativa y en la propia comunidad" por parte del Gobierno central. Además, recalcan que el 0,03% es una cifra "residual" y su repercusión es "meramente testimonial". En este sentido, el Gobierno autonómico recuerda que "existe un impuesto en vigor que se está gestionando y que debe continuar". 

Cataluña, otra de las comunidades que implantó el tributo sobre los depósitos bancarios, asegura a infoLibre estar analizando el anuncio de Sáenz de Santamaría y su repercusión a nivel económico y político.

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