Reino Unido aprueba la auditoría del sector energético que el Gobierno rechaza en España

Las autoridades de Competencia van a investigar a las grandes compañías eléctricas para comprobar si ganan más de lo debido a costa del consumidor. Es una buena noticia... para el consumidor británico. Reino Unido ha decidido realizar una auditoría de su sector energético porque, como sucede en España, los consumidores recelan de sus suministradores energéticos. Pero lo que es posible en Reino Unido, no lo es en España. La mayoría del PP en el Congreso, con la abstención de PSOE y PNV rechazó el pasado año una iniciativa de Izquierda Plural para auditar los costes reales de las eléctricas. Pese al rechazo, la reclamación para investigar al sector energético se mantiene por parte de diferentes asociaciones.

La investigación abierta en Reino Unido por la Oficina de Gas, Electricidad y Mercados (Ofgem), el equivalente británico de la CNMC de España, afecta a todas las grandes compañías: Centrica, SSE, RWE, E.ON, Scottish Power (controlada por la española Iberdrola) y EDF Energy. Esas compañías controlan, como sucede en España, la práctica totalidad de la generación y del suministro a los usuarios. La única diferencia es que frente a la media docena de compañías de Reino Unido, en España son cinco (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP) las que controlan tres cuartas partes de la generación y el 90% del suministro.

La investigación puede llevar hasta dos años y tratará de determinar si los incrementos de los precios de la electricidad, en paralelo a los incrementos de beneficios de las empresas, se debe a un mal funcionamiento del mercado. Entre 2008 y 2013, la inflación acumulada en el Reino Unido fue del 20%, según el Instituto de Estudios Fiscales, si bien el precio de la energía subió un 60% y el de los alimentos aumentó un 30% durante ese periodo, según el Índice de Precios de Consumo (IPC) británico. El presidente de OFGEM, David Gray, ha destacado que el 43% de los usuarios británicos no confían en la claridad y honestidad de las empresas a la hora de facturar sus servicios.

Flema británica

Las empresas afectadas por la investigación recibieron el anuncio con flema y se ajustaron al manual del buen relaciones públicas: bienvenida a la auditoría que contribuirá, aseguran, a despejar todas las dudas. Vincent de Rivaz (EDF Energy), Sam Laidlaw (Centrica, propietaria de British Gas) o Alistair Phillips-Davis (SSE) se mostraron seguros de que la investigación disipará la atmósfera irrespirable en torno a las compañías del sector.

Como sucede en España, en Reino Unido está en cuestión el hecho de que las grandes compañías controlen al tiempo la generación de energía y su comercialización. Pero en España no ha prosperado, al menos de momento, la idea de una revisión en profundidad del funcionamiento del mercado mayorista de electricidad (pool), donde se fijan los precios que acabarán pagando tanto los clientes del mercado libre (10 millones) como los acogidos aún a la antigua Tarifa de Último Recurso (16 milones).

El mal funcionamiento del mercado en España ha obligado a modificar el sistema de fijación de precios para la tarifa regulada, con la desaparición de la subastas trimestrales (CESUR), ha forzado cambios en la facturación, y ha obligado también a examinar la actividad de determinadas compañías en el mercado mayorista.

Investigación en España

Hasta la fecha, el resultado de las "investigaciones" encargadas a la Comisión Nacional de la Competencia, no ha dado resultados concretos. Todo se queda en anuncios. Es el caso de la investigación abierta contra Iberdrola por la sospecha de manipulación fraudulenta para alterar los precios en el mercado mayorista de la electricidad.

La investigación se centra en varias instalaciones de las cuencas de los ríos Duero, Tajo y Sil, donde la entidad podría haber retenido el agua. Según el organismo regulador, la compañía eléctrica pudo haber infringido el artículo 60 de la antigua ley eléctrica, lo que supondría una sanción grave de hasta 30 millones de euros si se demuestra que las acusaciones responden a la verdad.

Como en el Reino Unido, los consumidores desconfían de las compañías. "Lo que más sabe la gente sobre su recibo es, precisamente, que no sabe nada de él. La falta de transparencia es una de las principales lacras del sistema eléctrico español" asegura Jorge Morales de Labra (director general GeoAtlanter).

Los privilegios de las empresas energéticas cuestan desde 2007 9.100 millones a los usuarios

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Petición de investigación

La crítica está abonada por los datos que manejan las organizaciones que más empujan para que se investigue al sector eléctrico: Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece) ,la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME), la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE) y Greenpeace.

Todas comparten una preocupación: en menos de una década, hemos pasado de pagar ocho céntimos de euro por kilovatio hora antes de impuestos, a 27, y de un 16% a un 21% de IVA, además de un encarecimiento importante sobre el término fijo de potencia. Así, un hogar medio, ha pasado a pagar de 38 euros cada dos meses, a 125 en los meses de verano, y de 80 euros cada dos meses a 270 euros, durante el invierno, sostienen estas organizaciones.