MERCADO LABORAL

Empleo pide a las agencias privadas que encuentren trabajo sólo al 7% de los parados del Plan Prepara

Una cola de parados en una oficina de empleo en la Comunidad de Madrid.

El Ministerio de Empleo ha vuelto a aprovechar el mes de agosto para sacar adelante su nuevo sistema de intermediación laboral: agencias privadas que colaboren y compitan con el antiguo Inem en la búsqueda de trabajo a los 5,62 millones de parados españoles. En agosto de 2013 aprobó el Consejo de Ministros el acuerdo marco que fija las condiciones generales en que estas agencias deberán prestar sus servicios. Un año más tarde, el modelo sigue sin ponerse en marcha, aunque ya queda menos. Hasta ayer no recibieron las agencias privadas la invitación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, para participar en el concurso cuya presentación de ofertas finaliza el 2 de septiembre, dentro de apenas 14 días.

Finalmente, serán 39 agencias privadas, de las 80 inicialmente preseleccionadas80 inicialmente preseleccionadas para el acuerdo marco de 2013, las que podrán optar a este contrato de servicios. El SEPE pondrá en sus manos la inserción laboral de los beneficiarios del Plan Prepara –parados de larga duración que hayan agotado las prestaciones, carezcan de ingresos y se sometan a programas de formación a cambio de una ayuda de 426 euros– y de los desempleados de Ceuta y Melilla. Los servicios de empleo de las comunidades autónomas deberán encargarse en sus respectivos territorios del resto de los parados, suscribiendo a su vez sus propios convenios con otras agencias privadas de colocación.

De las 39 agencias elegidas ahora –entre las que operan por internet o tienen presencia física en más de dos comunidades autónomas– serán sólo seis las que prestarán este servicio. En ese ámbito se encuentran multinacionales de los recursos humanos como Manpower, Adecco, Randstad, Eulen, CRIT o Grupo Norte, también la patronal CEOE o grandes empresas como Telefónica.

El contrato está dividido en seis lotes, según un criterio geográfico: Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco; Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Aragón y Cataluña; Madrid y Castilla-La Mancha; Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Canarias; y Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, el SEPE exige a estas seis agencias que “atiendan” a un mínimo de 10.927 desempleados, según consta en los pliegos con las condiciones del contrato. Es decir, a un escaso 7% de los aproximadamente 150.000 parados que se benefician cada seis meses del Plan Prepara. En Ceuta deberán asistir a un mínimo de 404 parados y otros tantos en Melilla, el 3% de sus demandantes de empleo.

También contratos de formación o prácticas

Se trata de parados de muy difícil colocación: llevan más de dos años sin trabajar y necesitan recualificación profesional. Las agencias privadas tendrán que ser muy eficientes para encontrarles un empleo. Sin embargo, las agencias más pequeñas, agrupadas en torno a ANAC, temen que la nueva rebaja de precios a que se les invita para hacerse con los contratos –el acuerdo marco ya permitía un recorte del 30%– les impida siquiera “cubrir los costes de los soportes técnicos necesarios” para insertar a estos desempleados, se lamenta su presidenta, Yojana Pavón. Porque las agencias cobrarán al SEPE por cada parado que coloquen durante, al menos, seis meses a tiempo completo. Según los precios máximos del acuerdo marco, entre 300 y 3.000 euros, dependiendo de la dificultad de inserción del trabajador. 

Por cada desempleado que el SEPE le remita para ser atendido, le encuentre o no un trabajo, la agencia percibirá una “cuantía de adscripción” del 15% del precio que oferte para hacerse con el contrato. También se le pagará una “cuantía por adscripción conseguida” del 85% de ese precio, a la que se añadirán 500 euros si el parado supera los 45 años y es beneficiario del Plan Prepara. Si el trabajador continúa en su empleo otros seis meses adicionales, la agencia cobrará un “incentivo de mantenimiento” del 50%. Y si la agencia descubre que el desempleado ha cometido alguna irregularidad que implique sanción o pérdida del derecho a la ayuda del Prepara, recibirá otro incentivo más, del 15%. Podrán ofrecer contratos indefinidos, en prácticas, y de formación y aprendizaje.

En total, el SEPE destinará a las agencias privadas para lo que queda de este año y el próximo 41,66 millones de euros. Si se prorroga, el valor estimado del contrato se eleva a 68,87 millones de euros.

Fuera del acuerdo marco han quedado tres comunidades autónomas, que van a implantar su propio modelo: País Vasco, Cataluña y Andalucía. La Generalitat ya ha publicado su propio convenio con las agencias privadas de su territorio y el País Vasco está a punto de hacerlo. De las demás, Aragón, Madrid y la Comunidad Valenciana son las que llevan el procedimiento más avanzado, asegura Yojana Pavón, quien confía en que para los meses de octubre y noviembre quede concluido. En resumen, las agencias privadas deberían comenzar a trabajar antes de que acabe el año. Terminaría así un proceso que se abrió en febrero de 2012, cuando la reforma laboral autorizó a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) a funcionar como agencias de colocación.

Sin dinero para el Inem

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Pese a la urgencia social –una tasa de paro que llegó al récord histórico del 27,6% en el primer trimestre de 2013–, al énfasis puesto por el Gobierno en la ineficacia de los Servicios Públicos de Empleo y el llamamiento reiterado de la UE y otros organismos internacionales a priorizar las políticas activas de empleo en la lucha contra el paro, el Gobierno ha tardado casi tres años en poner en marcha las agencias privadas de colocación.

Y eso que el argumento esgrimido del Ejecutivo para arrebatar al antiguo Inem el monopolio de la intermediación laboral es la falta de eficacia de los servicios públicos. Según recalca, éstos sólo colocan al 2% de quienes encuentran trabajo. CCOO y UGT, por el contrario, critican que el ministerio destine a empresas privadas con ánimo de lucro el dinero que debería utilizar para fortalecer unos Servicios Públicos de Empleo anémicos de personal y medios. En España, aseguran, hay un funcionario para atender a 200 parados, mientras que en el resto de Europa cada empleado público se ocupa de no más de 50. Este año la partida destinada a “modernizar” los servicios públicos de empleo se ha reducido a la mitad.

Además, desde 2012 el Ministerio de Empleo ha despedido a 1.500 orientadores y 1.500 promotores de empleo. Y el presupuesto dedicado a las políticas activas de empleo –formación– se recortó un 34,6% en 2013, tras sufrir otra rebaja del 21% en 2012.

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