Recortes presupuestarios

El Gobierno de González debe readmitir a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos

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El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que la Comunidad de Madrid despidió a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos autonómica antes de cerrarla para ahorrar, según alegó entonces, diciembre de 2012, unos 2,2 millones de euros. El alto tribunal condena solidariamente a la agencia y al Gobierno madrileño, por lo que deberá ser ésta la institución que se haga cargo de la readmisión de los 16 trabajadores despedidos. La Agencia de Protección de Datos de Madrid quedó extinguida el 1 de enero de 2013.

El TS confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que en marzo de 2013 ya declaró nulo el despido colectivo. El alto tribunal desestima ahora todos los argumentos presentados por la Comunidad de Madrid para recurrir la nulidad. Y mantiene, al igual que el tribunal autonómico, que el Ejecutivo madrileño cometió fraude de ley para evitar que el órgano administrativo que debía asumir las competencias y la actividad de la agencia –la Comunidad de Madrid– tuviera que hacerse cargo de su personal. El fallo recrimina a los responsables de la Comunidad que despidieran a los 16 trabajadores antes incluso de que por ley se extinguiera la agencia. También que lo hiciera “con un mero proyecto de ley” que precisamente establecía la “incorporación de todos los bienes patrimoniales y derechos de la agencia a la Comunidad de Madrid”.

Además, al despido le acompañó el “incumplimiento palmario”, destaca el Supremo, de los requisitos legales y procedimentales. De hecho advierte del “vacío documental contable” que presidió la negociación del ERE. La dirección de la agencia, explica, sólo aportó documentación “básica” y la memoria explicativa, pero “ningún documento de tipo contable que pudiera poner de manifiesto el concreto estado económico-financiero” de la agencia.

La dirección incumplió igualmente la reforma laboral al omitir la causa concreta del ERE. Según dictamina el Supremo, no basta con una “mera decisión administrativa” para justificar el despido de la plantilla. La agencia debió haber precisado la causa económica, técnica, organizativa o productiva que fuerza la medida, y que no puede ser sustituida”, dice el fallo, “por la mera invocación a la mala situación de la economía en general [como aducía la memoria explicativa del ERE], a la necesidad de reducir el gasto en el sector público y al ahorro que supone la extinción de la agencia”.

Para cumplir con los ajustes presupuestarios

En su discurso de investidura, el 25 de septiembre de 2012, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció la desaparición de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. La presentó como uno de los necesarios ajustes presupuestarios del sector público y aseguró que sus funciones las asumirían “otras entidades”. En concreto, la Agencia Española de Protección de Datos, que depende del Ministerio de Justicia.

El 28 de noviembre de ese año la agencia comunicó a los trabajadores la presentación del ERE: la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2013 ordenaba la supresión del organismo, creado en 1997 y cuyo último director fue Santiago Abascal Conde. Presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, abandonó el PP en 2013 y ahora es secretario general del partido de derecha radical Vox. Las negociaciones con los trabajadores concluyeron sin acuerdo. Fueron despedidos el 31 de diciembre con la indemnización mínima legal: 20 días por año trabajado y 12 mensualidades. Todos ellos eran contratados laborales.

Readmisión imposible, dice la Comunidad

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El portavoz de los trabajadores, José Ramón de Orza González, aseguró este martes a infoLibre que se encuentran a la espera de que la Comunidad de Madrid, como responsable solidaria, les comunique cuál va a ser el futuro. La ley establece que un despido nulo implica la readmisión inmediata del trabajador. El problema en este caso es que la agencia ya no existe. En ello se escuda la Consejería de Justicia madrileña para asegurar que “en la práctica, la readmisión es imposible”. Una portavoz del departamento indicó a este periódico que sus abogados están “estudiando el caso”. De Orza González anuncia que, si la Comunidad de Madrid no cumple la sentencia, instarán su ejecución. De los 16 despedidos, el Ejecutivo de González sólo tendrá que readmitir ahora a una decena; el resto ha llegado a la edad de jubilación en el año y ocho meses que se ha demorado la sentencia firme.

El representante de los trabajadores también pone en duda el ahorro aducido por la Comunidad de Madrid para cerrar la agencia. Ésta, explica, daba servicio de forma gratuita a 178 municipios madrileños que, desde entonces, “habrán tenido que pagar a consultoras y asesorías para suplir el trabajo de la agencia”. Además, de su actividad se ha encargado la Agencia Española de Protección de Datos. Y lo ha hecho “sin ninguna compensación, ni en recursos materiales ni personales”, según se quejó su director, José Luis Rodríguez Álvarez, en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo. Entonces aseguró que la carga de trabajo de sus funcionarios se había disparado en más de un 200%, e incluso hasta el 300% en algunas áreas.

“La capacidad de asumir más carga de trabajo mediante la optimización de recursos y la mayor dedicación de los trabajadores tiene un límite, y en el caso de la agencia se ha alcanzado ya, incluso se ha superado”, protestó Rodríguez Álvarez. Es decir, apunta De Orza González, el gasto autonómico se trasladó a las cuentas del Estado. Además de Madrid, el País Vasco y Cataluña cuentan con sus propias agencias de protección de datos. El pasado mes de febrero Andalucía aprobó crear la suya.

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