Tragsa paga a sus brigadistas tres euros diarios de plus de riesgo por extinguir incendios forestales

El exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete alabó en un acto de febrero de 2013 el “esfuerzo impagable” que hacen los miembros de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), “a veces a riesgo de su propia vida”. A los brigadistas no les paga el ministerio, sino la empresa pública Tragsa, a la que Agricultura ha encomendado el servicio. Pero con un baremo que dista mucho de las magnitudes de Arias Cañete. Por apagar un incendio cobran un plus diario de sólo tres euros que incluye tres conceptos: peligrosidad, toxicidad y disponibilidad. Por coger una motosierra, siete euros.

Tragsa es la misma empresa pública que paga a sus directivos un complemento de responsabilidad que puede alcanzar hasta los 50.000 euros anuales. Sólo uno de los títulos que componen ese plus asciende a 360 euros. Con esa cantidad se premia la dedicación, plena, el puesto de organigrama y la responsabilidad. Este año, además, acaba de repartir entre su personal de mando un total de cuatro millones de euros en bonus, correspondientes al ejercicio de 2013, que cerró con 18 millones de pérdidas.

Un brigadista cobra al mes poco más de 800 euros. Pese a extinguir incendios, no tienen categoría de bomberos forestales, sino de peones. Son fijos discontinuos, por lo que trabajan nueve meses y medio al año; el resto pasan a la cola del paro. Conseguir la categoría de bombero forestal supondría para ellos más que una subida de sueldo, el acceso a los beneficios de cara a la jubilación que tienen estos profesionales: acceso a una segunda actividad cuando llegan a una cierta edad y no pasan los exámenes médicos anuales, o bien un adelanto en la edad de retiro por el desgaste físico que padecen.

Hasta ahora, cuando suspenden durante dos años los exámenes físicos, por edad o enfermedad, se quedan sin trabajo. Aunque el convenio estipula que la empresa debe proporcionarles un puesto adecuado, con menor carga física, no hay vacantes para ellos en una empresa como Tragsa, que trabaja según obra o encomienda de las administraciones públicas.

“Queremos dejar de ser trabajadores de segunda en Tragsa”, explica Jorge Santiago Nieto, presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF (ATBRIF), que representa al 80% de esta plantilla. Sus condiciones de trabajo están reguladas en un anexo del convenio colectivo de la empresa pública. Y ese documento les excluye de un total de 40 artículos del convenio. No cobran ni las dietas ni los pluses ni disfrutan de las vacaciones u otro tipo de mejoras que sí tienen el resto de sus compañeros. “Si un peón de Tragsa sube a más de 1.500 metros de altura para arreglar una fuente, por ejemplo, percibe un plus de riesgo del 25% de una hora normal de trabajo; si un brigadista sube a esa altitud para apagar un incendio, cobra tres euros diarios”, compara.

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El Ministerio de Agricultura paga a Tragsa 27 millones de euros al año para que las BRIF apoyen a las comunidades autónomas en la extinción de incendios forestales. La encomienda es por tres años, hasta 2015. También realizan trabajos de prevención –desbroce, quema controlada de matorrales, mejora de pastizales– y de concienciación de ganaderos durante el invierno. Durante la firma de un protocolo con la asociación, en febrero de 2013, fue cuando Arias Cañete se deshizo en elogios de los brigadistas. En las negociaciones de ese protocolo no quiso participar Tragsa, lamenta Jorge Santiago Nieto, pese a ser el empleador de estos trabajadores. Gracias al acuerdo firmado entonces, los brigadistas fueron reconocidos como fijos discontinuos y se les garantizó la ampliación de su actividad anual a lo largo de cuatro años, de nueve meses y medio a 11 meses.

De hecho, la primera reunión oficial que va a mantener la empresa pública con la ATBRIF, creada en 2005, se celebrará el próximo día 16, después del encierro de agosto. Tragsa no ha contestado al requerimiento de infoLibre para explicar su postura. Además, los brigadistas quieren aprovechar las negociaciones que dos días después arrancarán para renovar el convenio colectivo de la empresa a fin de conseguir mejoras. Pretenden, explica Jorge Santiago Niego, modificar el anexo o negociar un convenio propio para las BRIF.

No va a ser sencillo: los sindicatos sostienen que el convenio sigue vigente, explica Moisés Fernández, secretario general de CCOO en Tragsa, y temen que la empresa intente en uno nuevo rebajar sus condiciones de trabajo y sueldo como fórmula para mejorar sus malos resultados económicos. Este año prevé perder 40 millones de euros mientras tiene en suspenso un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 1.336 trabajadores que fue anulado por la Audiencia Nacional y ha recurrido ante el Tribunal Supremo.