Dos consultoras 'hinchan' su red de oficinas para ganar el concurso de agencias de colocación

Nuevo tropiezo para la puesta en marcha de las agencias privadas de colocación. El pasado día 2 se abrieron los sobres con las ofertas que han presentado las 39 agencias privadas preseleccionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, para participar en el concurso convocado al efecto. De ellas deberán salir las seis agencias, una por lote –definido por criterios geográficos: norte-noroeste, levante, sur, etcétera–, que intentarán encontrar trabajo a los parados del Plan Prepara, por un lado, y a los de Ceuta y Melilla –ambos territorios bajo competencia del SEPE–, por otro. La sorpresa fue mayúscula. Aplicando los baremos establecidos en los pliegos del concurso, una misma empresa obtenía la máxima puntuación en cuatro de los seis lotes. Y no se trataba de una firma del sector de la intermediación laboral, sino de un recién llegado, la consultora de formación Femxa. En el segundo lugar aparecía otra firma de formación, Consultoría San Román. Las otras cuatro mejor situadas son uniones temporales de empresas (UTE) constituidas expresamente para el concurso.

La primera, Femxa, dice contar con una extensa red de 1.200 oficinas; la segunda, otro millar, según las fuentes consultadas por infoLibre. Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procede del número de oficinas que aporten las candidatas, ambas se colocaron a la cabeza. En cambio, y ésa fue la tercera sorpresa, ninguna de las grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT) entraba en la liza. Por establecer una comparación, ninguna de éstas –Adecco, Manpower, Flexiplan…– cuenta siquiera con un centenar de oficinas en toda España.

Así que la magnífica red de que presumen las dos empresas de formación despertó las suspicacias, no sólo de sus competidoras, sino también del propio SEPE. Por tanto, éste va a reclamar a las candidatas que justifiquen documentalmente las cifras aportadas en sus declaraciones responsables.

Tanto Femxa como Consultoría San Román han declinado dar su versión sobre este asunto a infoLibre.

Basta con una declaración responsable

Las fuentes conocedores del concurso explican que, precisamente, el hecho de que el SEPE se haya conformado con una declaración responsable de las empresas, y no haya exigido la documentación que justifique el contenido de lo que se declara, ha permitido a estas empresas hinchar “fraudulentamente” el número de oficinas, el criterio fundamental para conseguir la adjudicación. Ahora la Mesa de Contratación, que se reúne esta misma semana, deberá reclamar a las candidatas documentos tales como la licencia de apertura y de actividad de cada una de esas oficinas o incluso el contrato de alquiler si no son de su propiedad, para comprobar que realmente existen.

El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, el decreto ómnibus, sustituyó la autorización administrativa previa que se exigía a las agencias de colocación para funcionar por una mera declaración responsable. Pero también advertía de que “la inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiera acompañado o incorporado a la declaración responsable” supondrá la prohibición de “continuar con la actividad como agencia de colocación, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar”.

Sin embargo, a la espera de que el SEPE reclame las justificaciones pertinentes –y obre de acuerdo con lo que descubra entonces–, el resto de las agencias candidatas no presentará recurso administrativo, según apuntan las fuentes consultadas.

Proceso de verificación

Un portavoz del Ministerio de Empleo asegura a este periódico que ahora el SEPE iniciará un “proceso de verificación” y pedirá la documentación necesaria. “Todas las ofertas se revisan”, explica. También precisa que “aún no ha concluido la fase de evaluación ni se ha concedido nada”.

Todas las fuentes coinciden en que el SEPE tendrá que rehacer los listados o incluso eliminar del concurso a algunas de las empresas candidatas. Lo que implicará un nuevo retraso en la puesta en marcha de las agencias privadas de colocación, aunque quizá no muy importante siempre que no haya recursos de por medio, precisan las fuentes. En cualquier caso, el Gobierno lleva ya casi tres años intentando arrancar con un modelo de colaboración público-privada que vende como la fórmula más eficaz para reducir el paro. Ya hubo que interrumpir el procedimiento en octubre de 2013 tras presentar un recurso un grupo de pequeñas agencias que habían sido excluidas del concurso.

Las fuentes conocedoras del procedimiento no dudan en achacar este último problema a la mala redacción de los pliegos. Además de otorgar el 70% de la puntuación al número de oficinas, sólo se concedía un 15% de la nota a la capacidad de inserción de las candidatas –medida según el número de personas que las empresas consiguieron colocar en 2012 y 2013–. “Y una de las dos que más puntos han obtenido sólo declara haber concluido dos inserciones en esos dos años”, protestan las fuentes. También este apartado se ha solventado con una mera declaración responsable que ahora deberán justificar documentalmente las candidatas. El otro 15% de la nota final corresponde al precio por inserción laboral que cada empresa ofrece al SEPE.

Las grandes ETT, “preocupadas”

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Fuentes de las grandes ETT han mostrado a este periódico su “preocupación” por el resultado del concurso. A su juicio, debería premiarse a aquellas empresas “que más capacidad de intermediación laboral tengan”. Y creen que no será así tal y como ha quedado, en principio, el concurso. Manpower, por ejemplo, ha quedado quinta en un lote, pero Adecco no ha superado el puesto número 16 en otro, de acuerdo con las fuentes consultadas al respecto.

Las mayores ETT no quedaron muy contentas tampoco cuando el SEPE amplió a 80 el número de empresas preseleccionadas según el Acuerdo de Marco que rige todo el procedimiento. En ese primer listado entraron el pasado mes de junio desde la filial de formación de Telefónica y el instituto de formación de la CEOE, hasta una veintena de fundaciones, un ayuntamiento valenciano del PP, dos órdenes religiosas, organizaciones empresariales, la patronal de los autónomos ATA, o cuatro cámaras de comercio. Demasiada holgura, en opinión de las grandes ETT, que se consideran las más aptas para hacer este trabajo.

Según las fuentes, las empresas que encabezan el listado provisional del concurso han contactado con otras ajenas a la intermediación laboral –academias, centros de negocio, viveros de empresas–, incluso a través de operadores telefónicos, para ofrecerles la posibilidad de actuar como agencias de colocación una vez obtenida la adjudicación. El SEPE sólo habla de “disponibilidad” de oficinas.