IRREGULARIDADES LABORALES

La filial del grupo público Tragsa contrató a 190 trabajadores en pleno ERE

El comité de Tragsa pide cero despidos y salidas voluntarias con 40 días de indemnización

Tragsatec, la filial de Tragsa, ha contratado a 190 personas desde octubre de 2013, cuando el grupo comenzó a negociar con los sindicatos el mayor despido colectivo de una empresa pública en España, 1.336 trabajadores. Además, los ha contratado sin realizar pruebas de selección ni publicar las vacantes, incumpliendo el convenio colectivo. La Inspección de Trabajo lo considera una infracción grave, por lo que ya ha impuesto dos sanciones a Tragsatec, después de que CCOO denunciase a la empresa en tres ocasiones en Galicia.

Desde febrero, el momento en que empezó a ejecutar los despidos, y abril, cuando la Audiencia Nacional los declaró nulos, el grupo echó a 300 de sus empleados, divididos a partes iguales entre matriz y filial. Pero ni el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ni los malos resultados económicos –este año prevé perder 40 millones de euros–han sido obstáculo para que la empresa siga contratando. Sólo en el centro de trabajo de A Coruña, entre mayo y el pasado agosto, Tragsatec ha firmado 12 nuevos contratos. Después de haber despedido a seis trabajadores de los 11 en principio calificados como excedentes. De esa media docena, dos eran técnicos de cálculo y uno, analista-programador. Entre los recién contratados, hay tres programadores y un técnico de cálculo.

Según CCOO, Tragsatec sigue la misma política de contratación en todas sus delegaciones. La filial de Tragsa no tiene convenio colectivo propio, sino que sus condiciones laborales se rigen por el convenio del sector de ingenierías. Y éste obliga a las empresas a ofrecer las plazas vacantes, en primer lugar, a los trabajadores de la propia Tragsatec, por lo que debe darles publicidad entre la plantilla. Para cubrirlas, podrá efectuar “las pruebas pertinentes” a fin de comprobar que los candidatos reúnen los requisitos, pruebas que deberá calificar un tribunal, indica el convenio. Es decir, el convenio no obliga a la empresa a hacer pruebas, pero sí sus propias normas internas para determinados puestos; en concreto, debe realizarlas para seleccionar programadores, técnicos de cálculo y ordenanzas. 

Una empresa pública debería seguir criterios más estrictos

Sin embargo, Tragsatec se niega a realizar esas pruebas, mientras que el sindicato considera que, tratándose de una empresa pública, debería ejercerse siquiera “un mínimo control” sobre los criterios de contratación.

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Es más, a favor de su reclamación CCOO esgrime la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el ERE del grupo porque la empresa no respetó los principios de “igualdad, mérito y capacidad”, que rigen la contratación de los empleados públicos, cuando seleccionó a los trabajadores que iba a despedir. El tribunal dictaminó que las empresas públicas están obligadas a respetar unos criterios de selección “concretos y específicos”, “más estrictos” que los exigibles a una empresa privada.

La sentencia también cifraba en 451 personas el número de contratos suscritos por todo el grupo Tragsa sólo hasta el mes de abril. Aunque no se trata sólo de trabajadores de plantilla, la cifra incluye igualmente a cargos políticos y personas vinculadas con el PP para puestos directivos. La Audiencia Nacional estableció que estas contrataciones no implicaban la nulidad del ERE, pero sí su carácter ilícito, siempre que no estuvieran justificadas.

CCOO ha pedido a Tragsatec que cree una comisión de contratación estatal para vigilar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el convenio colectivo, estudiar nuevas formas de contratación –teletrabajo, becarios, discapacitados– y controlar excedencias y traslados. La empresa también se ha negado.

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