El empleo de un ex alto cargo de Industria en el Real Madrid encona la polémica sobre la concesión de Castor

El almacén de gas Castor construido por ACS y paralizado por el Gobierno va a costar a los usuarios de gas 1.400 millones de euros porque la concesión otorgada en mayo de 2008 ha regresado al Estado y el decreto que dio luz verde al proyecto así lo estipulaba. La compensación a la empresa que preside Florentino Pérez (y a sus socios canadienses agrupados en Escal-UGS)  ha levantado una gran polémica. Las críticas pueden arreciar porque, una vez más, las puertas giratorias entre la Administración y la empresa privada llaman la atención. Carlos Ocaña, el jefe de gabinete que nombró en mayo de 2008 el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, trabaja desde julio de 2012 en el Real Madrid, el club que preside Florentino Pérez, precisamente el presidente de ACS.

Ocaña ha explicado a infoLibre que no tuvo nada que ver con la concesión del proyecto Castor a la empresa del que hoy es su jefe en el Real Madrid, Florentino Pérez. "El proyecto", asegura, "era responsabilidad de la secretaría de Estado de Energía [la dirigió Ignasi Nieto entre 2006 y 2008], yo no me ocupé del asunto. Mi labor era coordinar los asuntos del ministro [Miguel Sebastián], sus discursos etcétera".

Ocaña se incorporó al Real Madrid como Project ManagerProject Manager en julio de 2012 —los relevos en el ministerio tuvieron lugar en diciembre de 2011— "tras haber realizado un máster en el Instituto de Empresa". Las quinielas sobre sus destino acertaron a medias porque en marzo de 2012 ya se especuló con un posible empleo de Ocaña en ACS o en Endesa.   

Decreto de concesión

Como Ocaña, fuentes próximas al exministro Miguel Sebastián niegan que el proyecto Castor sea de su responsabilidad. Sostienen que el almacén venía cocinado por el equipo del ministro anterior, Joan Clos. Sebastián tomó posesión del cargo de ministro de Industria el 14 abril de 2008 y firmó el decreto de concesión de Castor un mes después, el 16 de mayo de 2008.

Las mismas fuentes consideran injusto apuntar conexiones entre Ocaña y Florentino Pérez cuando la mayor parte de los que formaron parte del equipo que rodeó a Sebastián trabajan fueran de España.

Pero la forma en que se ha paralizado Castor tras los centenares de microtemblores registrados el pasado año, ha provocado muchas críticas. Fuentes financieras conocedoras del proyecto subrayan que el contrato admitido por Industria no era muy habitual por lo que consideran adecuado analizar todas las responsabilidades y conexiones entre los que participaron en la operación. 

El decreto de Castor, en una cláusula poco usual, según admiten fuentes de la antigua Administración socialista, reconocía el derecho de la empresa a ser indemnizada con el valor residual del proyecto en caso de paralización. Incluso aunque hubiera habido negligencia o dolo de por medio. En ninguna otra concesión de almacén de gas (Yela, Gaviota, Serrablo...) hay cláusulas semejantes.

Industria intentó eliminar la cláusula compensatoria, pero el Supremo rechazó la petición del ministerio en octubre de 2013. ACS y Dundee Energy renunciaron a la concesión en junio pasado. Ahora, sólo queda pagar.

Duras críticas

Las críticas son continuas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que serán "realmente" los consumidores los que acaben pagando en su factura durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual, lo que elevará el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones.

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Facua, por su parte, ha puesto el foco en la responsabilidad del anterior Gobierno socialista. "Partimos" aseguró su portavoz Rubén Sánchez, " de que se produjo una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno anterior", ya que el contrato de Castor "acaba trasladando el riesgo a los ciudadanos", que asumen "una deuda ilegítima", afirmó.

"A partir de esa irresponsabilidad del Gobierno socialista en el modelo de contrato, con elevados riesgos para el ciudadano, la empresa estaba muy tranquila ante un negocio garantizado", aseguró Sánchez.

Castor, ahora paralizado, tenía dos funciones principales: asegurar el suministro en caso de escasez y permitir al Gobierno actuar sobre los precios en caso de necesidad. El almacén trataba también de acercar capacidad de almacenamiento al peso de España (2%) en el mercado de energía de la UE. Su paralización, terremotos al margen, aleja la posibilidad de modular precios del gas en caso necesario. Lo que sin duda, aliviará a las compañías que manejan el negocio.