El cuestionario envenenado de Cospedal a los parados de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha empezó este verano a cribar sus listas de parados mediante una encuesta, telefónica o por internet, que está llevando a cabo una empresa privada. Casi un millón de euros paga el Ejecutivo de Dolores de Cospedal a Innovación y Desarrollo Local SL para que averigüe si los parados que se registran en las oficinas de empleo realmente intentan encontrar un trabajo o sólo buscan “obtener beneficios sociales”. El Gobierno autonómico lo denomina “evaluación de la empleabilidad”; CCOO asegura que sólo es un truco para maquillar las cifras del paro. Y ahorrar en subsidiosY ahorrar en subsidios.

El sindicato ha puesto el grito en el cielo porque la Consejería de Empleo ha cedido las bases de datos de los desempleados a una empresa privada. Ya ha informado a la Agencia de Protección de Datos. Los “evaluadores”, en realidad operadores telefónicos con un cursillo de 25 horas en orientación laboral, llaman al parado o bien le remiten un correo electrónico con un enlace a un cuestionario de internet. Sólo en un 20% de los casos la entrevista es presencial. En ningún  momento se identifican como personal de Innovación y Desarrollo Local, según ha comprobado infoLibre con algunos de los encuestados. “En un primer momento se presentaban como de la oficina de empleo y, ahora, dicen llamar de la Consejería de Empleo”, explica Lola Santillana, secretaria regional de Empleo de CCOO en Castilla-La Mancha.

En el caso de la encuesta online, una página de la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo invita al desempleado a “contestar con sinceridad” un total de 28 preguntas para “ayudarle a mejorar sus posibilidades de acceso al empleo”. Al acabar, Empleo agradece la colaboración del encuestado y le anuncia que le propondrá “actuaciones” para “mejorar sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo”.

Sin embargo, las preguntas han despertado las sospechas de los propios interpelados y del sindicato. No sólo porque se le pregunte si el parado vive solo, o con su pareja, con personas a su cargo u otros adultos no dependientes. Sino también porque debe responder si paga una hipoteca o un alquiler, “otros préstamos o deudas” o sus gastos fijos mensuales se destinan exclusivamente a la “manutención de la familia”. Después, se pasa a cifras muy precisas: “¿Cuánto dinero necesita al mes para cubrir esos gastos que nos ha indicado?: menos de 500 euros, entre 500 y 649 euros, entre 650 y 999 euros, entre 1.000 y 1.799 euros o más de 1.800 euros”. Pero la curiosidad del Gobierno de Cospedal no acaba ahí. También quiere saber si el pago de dichos gastos “recae” sobre el parado o “recibe alguna ayuda” o incluso “una ayuda importante”. Cuestiones que tienen poco o nada que ver con la capacidad del parado para volver al mercado de trabajo y sus necesidades de formación.

Naturalmente también se pide a los encuestados información sobre su experiencia laboral o el tipo de trabajo que quieren desempeñar. La cuarta pregunta, no obstante, inquiere por los “motivos” para inscribirse en la oficina de empleo. Las respuestas ofrecidas son las siguientes: “Para participar en programas de formación y empleo y/o recibir orientación”. “Para obtener otros servicios externos (descuentos, preferencia en algunos servicios públicos)”. “Porque es un requisito para percibir la prestación por desempleo”. “Para encontrar un trabajo”.

Instrucción

La pregunta les resulta familiar a los funcionarios de las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha. En marzo de 2013 recibieron una instrucción de la Consejería de Empleo cuyo objetivo era “catalogar la disposición para el empleo” de los parados. A los funcionarios encargados de las “entrevistas ocupacionales” se les pedía que pusieran “especial cuidado en la detección” de desempleados “inscritos simplemente para obtener beneficios sociales (bonos de piscina, descuentos en alimentos, expedición de certificados para ayudas sociales…) pero que no buscan empleo”, así como de aquéllos que se inscriben “tan sólo para beneficiarse de los servicios de formación y orientación [de la Consejería], pero en ningún caso están solicitando un empleo”.

También se pedía a los funcionarios que consignaran la “disponibilidad horaria” del parado si quiere “conciliar la vida laboral y familiar” y no puede aceptar un trabajo a jornada completa. Igualmente se les debía preguntar si acceden a cambiar de residencia o a rebajar su salario y tipo de contrato. Las respuestas a estas cuestiones se resumen en una disponibilidad, alta, media o baja.

La encuesta telefónica u online pregunta igualmente si el parado está dispuesto a cambiar de residencia o a trabajar a más de 30 o 100 kilómetros de distancia, por ejemplo. O qué jornada de trabajo está dispuesto a aceptar.

Cambio en la tarjeta

El resultado del sondeo lo están comprobando ya algunos de los encuestados. La empresa es la encargada de elaborar un informe con su diagnóstico, con el que se clasifica a los parados en función de su “distancia al mercado”, según explican los pliegos del concurso que ganó Innovación y Desarrollo Local. Si la evaluación concluye que la disponibilidad del parado no es satisfactoria, se le cambia la tarjeta de demandante de empleo. Pasa de tener una “demanda con intermediación” a otra “sin intermediación”. Y pierde la antigüedad en el registro. Su fecha de inscripción pasa a ser la de la fecha de ese cambio, tras la encuesta.

Esa pérdida puede suponer, a su vez, la pérdida de requisitos para acceder a un subsidio como la Renta Activa de Inserción –426 euros–, para la que hace falta haber estado inscrito en las oficinas de empleo durante al menos 12 meses. Lola Santillana asegura que en el centro de la diana están los mayores de 55 años, personas con muy escasas posibilidades de encontrar un trabajo y muchos de ellos con convenios especiales con la Seguridad Social hasta la jubilación anticipada a los 61 años.

Estadística

Además, la reclasificación de los parados tiene sus efectos en la estadística. Quienes son etiquetados con una “disponibilidad baja”, salen de la lista de parados registrados y entran en las de Demandantes de Empleo No Ocupados (Denos) junto a quienes perciben el subsidio agrario, son estudiantes, demandan un puesto de trabajo por menos de tres meses o con una jornada de menos de 20 horas semanales. Todos ellos no se contabilizan como parados. Lo mismo ocurre con quienes asisten a cursos de formación profesional ocupacional o están sometidos a un ERE de suspensión de contrato o reducción de jornada. Finalmente, se registra bajo esta rúbrica a los parados que rechazan acciones de inserción laboral o que carecen de “disponibilidad inmediata para incorporarse a un puesto de trabajo”. CCOO que por ahí va a colar el Gobierno de Castilla-La Mancha a los parados que suspendan la encuesta.

Cuestionario a los parados de Castilla-La Mancha (PDF)

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En la comunidad manchega había en septiembre 224.993 parados registrados, y 8.742 de estos denos que no cuentan para la estadística oficial del desempleo, 339 más que en juniodenos. Aunque es imposible saber a cuántas personas se les ha modificado la tarjeta, y la clasificación, como resultado de la encuesta, lamenta Santillana.

A P. –prefiere no dar su nombre– la llamaron el pasado día 2. Lleva en el paro desde julio, cuando el Centro Ocupacional en el que trabaja como profesora de Educación Especial se quedó sin la subvención del Gobierno autonómico que había permitido contratarla. Tiene 50 años y está preparando unas oposiciones. Le hicieron muchas más preguntas que las que figuran en el cuestionario online. Incluso si estaría dispuesta a trabajar por un sueldo de 500 euros, cuando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es de 645 euros al mes.  “Muy cortante y muy rápida”, asegura que preguntaba la operadora telefónica, “para que no te diera tiempo a pensar”. P. dice que fue a sellar su tarjeta el día 15 y que no le han cambiado su clasificación. Respondió que estaba dispuesta a trasladarse hasta 30 kilómetros de su localidad para trabajar. 

Otros parados con los que ha hablado este periódico y que no quieren dar tampoco sus nombres, se negaron a contestar la encuesta por teléfono y pidieron una cita en su oficina de empleo, que aún no se les ha dado. Hasta tres veces llegaron a preguntar a uno de ellos si se negaba a responder. Y otras tantas tuvo que contestar el interpelado que no, que respondería a la encuesta en su oficina de empleo, para evitar un posible y peligroso suspenso.