Madrid incumple una sentencia del Supremo y se niega a readmitir a la plantilla de la Agencia de Protección de Datos

El Gobierno de Madrid y el PP se han manifestado públicamente en contra de la supresión del Consejo Consultivo autonómico, que cuesta 4,4 millones de euros al año. “Es más necesario que nunca, es un verdadero lujo para los madrileños”, proclamó el diputado popular Bartolomé González en la Asamblea de Madrid cuando se supo que Alberto Ruiz-Gallardón iba a sentarse en ese órgano. Por el contrario, el Ejecutivo que preside Ignacio González no dudó en eliminar la Agencia de Protección de Datos madrileña y despedir a toda su plantilla para “ahorrar”. Su presupuesto es la mitad que el del Consejo Consultivo, 2,2 millones de euros.

El Tribunal Supremo anuló el pasado mes de junio el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que la Comunidad de Madrid se deshizo de los 16 trabajadores de la Agencia de Protección de Datos autonómica. Por tanto, la obligaba a readmitirlos, aun cuando el organismo haya dejado de existir. Fue extinguido el 1 de enero de 2013. Sin embargo, el Gobierno madrileño se niega a reintegrarlos en la plantilla autonómica. Pese a que el Supremo condenó a la Comunidad de Madrid por fraude de ley, que cometió precisamente para evitar tener que hacerse cargo de estos trabajadores.

El fallo recrimina a los responsables del Gobierno madrileño que despidieran a los 16 empleados antes incluso de que por ley se extinguiera la agencia. También que lo hiciera “con un mero proyecto de ley” que, además, establecía la “incorporación de todos los bienes patrimoniales y derechos de la agencia a la Comunidad de Madrid”.

Pues bien, el Ejecutivo de Ignacio González acaba de presentar un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde esgrime que la incorporación de estos trabajadores es “inviable”. Argumenta que no hay “sucesión de empresa” entre la Agencia de Protección de Datos y la Comunidad de Madrid, sino que es la Agencia Española de Protección de Datos, dependiente del Ministerio de Justicia, la que ha asumido las competencias de su hermana autonómica.

Además, alega que integrarlos en la plantilla de la Comunidad de Madrid significaría cambiarles de empleador, de convenio colectivo, de centro de trabajo, e incluso de categoría profesional y de sistema retributivo. Los trabajadores despedidos lo niegan. El convenio colectivo con que contaban en la agencia está redactado basándose en el del personal laboral de la Comunidad de Madrid: comparten las mismas cuatro categorías profesionales, por ejemplo. Además, la disposición adicional cuarta de la Ley de Presupuestos de la Comunidad regula expresamente cómo debe integrarse el personal laboral en la plantilla autonómica, entre otros supuestos, cuando medie una resolución judicial.

Ése es el caso de los trabajadores de la Agencia de Protección de Datos. “Si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del convenio colectivo para la categoría y nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible, reducible y compensable”.

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Sueldos por casi dos años sin trabajar

Por el contrario, la Comunidad de Madrid prefiere, y así lo pide en su escrito al tribunal, convertir los despidos nulos en improcedentes y pagar las correspondientes indemnizaciones: 33 días por año trabajado. En cualquier de los dos casos, Ignacio González también tiene que pagar los salarios de tramitación, los que la plantilla dejó de percibir desde sus despidos hasta que el Supremo los declaró nulos. Son casi dos años de sueldo. Así que el Gobierno autonómico pretende ahora rebajar esa considerable cantidad suprimiendo del salario dos complementos que cobraba la plantilla de la agencia: el complemento específico y el incentivo por cumplimiento de objetivos o ICOR.

Desde que la plantilla ganó el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sus abogados pidieron a los jueces la ejecución provisional de la sentencia y, por tanto, su regreso al trabajo. La Comunidad de Madrid se negó. Prefirió pagar a 16 trabajadores que no trabajaban. Ahora sólo tendría que readmitir a 10 de ellos, el resto ha llegado en estos dos años a la edad de jubilación. El Consejo Consultivo autonómico está integrado por nueve consejeros; según el diputado Bartolomé González, “personas de una capacidad y una solvencia probada en su carrera profesional”, que se reúnen una vez a la semana y cobran 8.500 euros brutos al mes.