La Audiencia Nacional ordena a Coca-Cola readmitir a los trabajadores despedidos por el ERE

La Audiencia Nacional ordena a Coca-Cola a ejecutar la sentencia de ese mismo tribunal que anuló los 821 despidos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supuso el cierre de las plantas de Fuenlabrada (Madrid), Asturias, Alicante y Palma de Mallorca. La multinacional deberá, por tanto, readmitir a los trabajadores; es decir, darles de alta en la Seguridad Social y pagarles sus salarios desde que se anuló el ERE, el pasado junio, hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme, lo que puede demorarse más de un año.

En los próximos cinco días Coca-Cola debe comunicar si va a exigir a los readmitidos que vuelvan a sus puestos de trabajo o no, según consta en el auto que ha hecho público el tribunal. Si no lo hace, ya que las fábricas están cerradas, tendrá igualmente que seguir pagando los salarios hasta que el Supremo resuelva.

CCOO, UGT y CSI-F reclamaron ante la Audiencia Nacional la ejecución provisional de la sentencia de junio, que Coca-Cola soslayó al presentar recurso de casación. Confiaba en negociar con los trabajadores un acuerdo antes de que resolviera el Tribunal Supremo. Ahora la Audiencia Nacional da la razón a los sindicatos y concede a la multinacional el plazo de un mes para cuantificar los salarios de cada trabajador, así como los intereses y la forma de pago.

También exige a Coca-Cola que permita el trabajo sindical de los miembros del comité de empresa de las fábricas de Fuenlabrada y Alicante que fueron despedidos. Incluso le advierte de posibles sanciones si no cumple el mandato.

El auto concede la ejecución de la sentencia mientras se tramita el recurso ante el TS con el argumento de que la ley equipara en este apartado el despido colectivo al individual. “Escaparía a toda lógica hermenéutica que se tutelara el despido individual con el mecanismo de la ejecución provisional y así no se hiciera con los despidos colectivos, de mayor relevancia social por razón de su plural afectación”, explica el tribunal.

Desmontaje clandestino de Fuenlabrada

El pasado octubre CCOO denunció ante la Inspección de Trabajo que Coca-Cola estaba desmontando “de forma clandestina” la fábrica de Fuenlabrada para alegar “que no está operativa” si la Audiencia decretaba la ejecución provisional de la sentencia.

Según el sindicato, la multinacional estaba introduciendo trabajadores externos “de forma clandestina, en vehículos con los cristales tintados”, para desmontar partes vitales de la fábrica.

En el momento de conocer la noticia estaban en el campamento de trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada unas 60 personas. El campamento, que se empezó a montar el pasado mes de enero, se ha convertido en una fiesta, informa Europa Press. “Saldremos del paro y volveremos a ser trabajadores”, celebraba uno de los despedidos.

CCOO ha exigido en un comunicado la apertura de una mesa de negociación. Su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz, insta al embotellador único de Coca-Cola a “normalizar la actividad laboral”. CSI-F saluda el auto como “un triunfo de los trabajadores”.

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Coca-Cola, por su parte, precisa que el auto afecta “exclusivamente” a los trabajadores que solicitaron la ejecución provisional de la sentencia presentada el pasado mes de junio, más de 300 trabajadores, y que “no obliga a la reincorporación efectiva de los trabajadores, que depende exclusivamente de la voluntad de la empresa, ni a la reapertura de ningún centro de trabajo”.

El negociador de Coca-Cola, Manuel Pimentel, que ha mantenido reuniones con los sindicatos desde el pasado mes de junio, ha recalcado que el auto no obliga a reabrir la planta de Fuenlabrada, informa Europa Press. “El hecho de que la Audiencia Nacional no obligue a reabrir Fuenlabrada permite ofrecer un puesto de trabajo a todos los que lo deseen en otras plantas de la compañía”, ha señalado.

Así, las reincorporaciones “en todo caso se llevarían a cabo en los centros que están abiertos y en los puestos ahora existentes”.