La oposición exige al Gobierno la entrada en vigor de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras ambicioso

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros para la UE (Ecofin) se reunirá el próximo martes 9 de diciembre para decidir el diseño del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).  Durante las últimas semanas grupos políticos como PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Podemos han coincidido en pedir al Gobierno español que defienda la implementación de un ITF de base amplia, que incluya todos los productos financieros, y cuya recaudación se destine a luchar contra la pobreza y el cambio climático fuera y dentro de España.

Este mismo miércoles, y con motivo de esa cercana reuinón, el PSOE emplazó al Gobierno a exigir en el próximo Ecofin la entrada en vigor del impuesto sobre las transacciones financieras "en su versión más ambiciosa". El secretario de Economía de la formación, Manuel de la Rocha Vázquez, pidió al Ejecutivo de Rajoy que defienda la entrada en vigor inmediata “de un impuesto sobre las transacciones financieras de base amplia”. Según el PSOE, este nuevo impuesto debería "gravar un amplio paquete de productos financieros incluyendo todos los productos derivados".

De la Rocha indicó que “se trata de la "última oportunidad" que hay antes de que se termine el año para que se alcance un acuerdo” sobre este impuesto y alertó de que “"todo podría perderse si no hay mayor voluntad y valentía política"”.

La formación explicaba que, según lo acordado por 11 países de la UE, incluido España, en el Ecofin del pasado mes de mayo, “antes de que termine 2014 se debe alcanzar un acuerdo sobre el ITF que incluya acciones y algunos productos derivados”. Sin embargo, apuntó el socialista, las negociaciones se encuentran bloqueadas y España, junto con Francia e Italia, "se ha puesto al lado de los bancos en las negociaciones y están dispuestos a dejar de ingresar 30.000 millones de euros anuales”.

Para el responsable de Economía del PSOE, el Gobierno español “está faltando al compromiso alcanzado en mayo, y en lugar de un impuesto de base amplia sólo quiere gravar las acciones. Con esta posición, el Gobierno español se mantiene del lado de los bancos", alertó Rocha Vázquez, y señaló que esto refleja que España "no quiere cumplir con el acuerdo alcanzado de incluir en una primera fase tanto acciones como productos derivados, lo que permitiría que el ITF fuera una herramienta real de regularización del sector financiero".

Un impuesto que sirva como "mecanismo de justicia fiscal"

Izquierda Plural, por su parte, presentó el pasado 6 de noviembre una Proposición No de Ley en el Congreso en la que se insta al Gobierno a que "adopte las medidas necesarias para que, junto con el resto de países de la Unión Europea con los que está negociando, se alcance un acuerdo ambicioso sobre el ITF para que este impuesto se convierta en realidad y sirva como mecanismo de justicia fiscal y solidaridad nacional e internacional."

Igualmente, la formación también denunció que las negociaciones sobre este impuesto se encuentran "bloqueadas" y que España "se ha puesto al lado de los bancos en las negociaciones y están intentando limitar los productos financieros a ser gravados por este impuesto" y, con ello, "dejar de ingresar cerca de 30.000 millones anuales entre los 11 países de la UE que están en negociación, fondos que podrían ser invertidos en políticas sociales, luchar contra la pobreza y en bienes públicos globales".

"Al ponerse del lado de los bancos –apuntan–, un sector altamente especulativo, desregulado, que apenas contribuye al erario público y que está expoliando enormes cantidades de recursos públicos, el Gobierno epañol está dispuesto a dejar de ingresar unos 4.000 millones de euros al año cuando las necesidades presupuestarias son enormes y no dejan de hacer recortes", critican en la Proposición No de LEy

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Los eurodiputados de Podemos pidieron este martes a los ministros Cristóbal Montoro y Luis de Guindos que presionen en Bruselas para lograr la aprobación del ITF el próximo 9 de diciembre. En realdidad, el ITF es una versión de la tasa Tobin que planean implantar los 11 países de la Unión que se reunieron en el Ecofin de mayo. Esta tasa también es conocida como la tasa Robin Hood, ya que lo que pretende es establecer una cierta justicia fiscal al controlar la especulación.

La formación defiende que el impuesto debe ser capaz de desincentivar los movimientos especulativos, aplicándose al mayor número de productos financieros posible, y aseguran que en actual contexto de "desigualdad creciente", "ni España ni ningún país europeo pueden permitirse el dejar de ingresar más de 30.000 millones de euros y perder la oportunidad de regular el sector financiero". 

La formación que lidera Pablo Iglesias también ha denunciado la "falta de voluntad política" que mantiene congeladas las negociaciones. "Millones de ciudadanos europeos y más de mil organizaciones de la sociedad civil quieren que la totalidad de la recaudación de este impuesto se dedique íntegramente a atender necesidades sociales en Europa y España y a combatir la pobreza y el cambio climático en todo el mundo", apunta la eurodiputada Lola Sánchez en un comunicado.