El derroche de fondos públicos

La autoridad fiscal garante de la austeridad dedica el 8,5% de sus recursos a reformar su sede

Rueda de prensa de presentación de las líneas de actuación de AIReF para 2014.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), creada en noviembre de 2013 para garantizar el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del Estado y de las Comunidades Autónomas, ha decidido reformar su sede de 1.275 metros cuadrados en la madrileña calle de José Abascal. La decisión del organismo encargado de velar por la austeridad ha desatado cierto revuelo en la Administración. No es para menos. En el mejor de los casos, la reforma se llevará un 8,5% de los 4,484 millones que maneja el organismo como presupuesto para 2015.

La reforma aún no tiene un contrato cerrado. La realizará la empresa pública Tragsa, según confirman fuentes de Airef. Es la misma empresa que está remozando la sede del Ministerio de Economía en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Las estimaciones del organismo que preside José Luis Escrivá, que cuenta con un mandato de seis años, admiten que remodelar la planta, eliminando la distribución actual, con grandes despachos y separación de mamparas, tendrá un coste mínimo de 300 euros el metro cuadrado. Multiplicados por la superficie de la planta -mobiliario y decoración aparte- quiere decir que Airef se gastará en la obra al menos 382.500 euros. Esa cantidad es un 8,5% del presupuesto de AIReF en 2015, que asciende a 4,84 millones de euros.

Fuentes de ingresos

La principal fuente de ingresos de la Autoridad Fiscal es la "tasa de supervisión" que pagan las distintas Administraciones públicas españolas, destinatarias de sus informes y opiniones. AIReF puede también cobrar los estudios que hace por encargo.

El plan de remodelación de las instalaciones ha sentado muy mal en algunas áreas de la Administración. Aunque aprobado en 2013, AIReFes un organismo autónomo hijo de la reforma constitucional y del artículo 135 que dio prioridad al pago de la deuda pública sobre el resto de obligaciones del Estado en 2011. Pero "a efectos puramente organizativos y presupuestarios", está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de su titular.

El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro conoce los planes del presidente de AIReF José Luis Escrivá (economista, exdirector del servicio de estudios del BBVA). El Ministerio no hace oficialmente comentarios sobre ellos. Pero otras fuentes de la Administración aseguran que la gestión y los gastos de Escrivá tienen ya una lupa dedicada. Viajes, compras de mobiliario y decoración están bajo esa lupa.

Sin excesos

"No hay ningún exceso" explican en AIReF. "Trabajamos 35 personas y 10 empleados externos en la sede de José Abascal, una planta que se eligió en lugar de los edificios en las calles de Claudio Coello y Calle Bailén que nos ofreció Segipsa (empresa pública que administra el patrimonio del Estado). Según los baremos que aplica la Administración, nos corresponderían otros 500 metros cuadrados, por los que tendríamos que pagar en alquiler unos 300.000 euros al año. En cinco años, supondría un gasto de 1,5 millones euros. En lugar de ello, se ha optado por remodelar la planta que ocupamos, hacerla diáfana y habilitar espacio para más personal".

La explicación de AIReF da la vuelta a los recelos. Allí donde una parte de la Administración ve mano ancha, el organismo independiente vende un ahorro para el contribuyente. "Alquilar los 500 metros cuadrados adicionales que nos corresponden según los baremos para que trabajen 50 o 60 personas como está previsto saldría más caro al contribuyente".

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AIReF resta trascendencia a la polémica y niega cualquier exceso o extravagancia en los planes de remodelación de la sede. Nada que ver, apuntan, con las controversias que han afectado a otras sedes de organismos oficiales como la CNMV o la antigua CNE.

La compra de la CNMV

La compra del edificio de la Comisión de Valores aún colea. El Tribunal de Cuentas ha cuestionado la compra de la sede de la calle Edison de Madrid, que costó 70 millones de euros a las arcas públicas. El tribunal señala que hubo que pagar 2,6 millones de indemnizaciones por dejar las otras sedes. Y apunta que el cambio de ubicación se justificó por un aumento de personal de la CNMV que nunca se produjo. Como en el caso de AIReF, la CNMV ha justificado la compra por el ahorro que supone dejar de pagar alquileres.El argumento del ahorro es el que ha utilizado también el Ministerio de Economía y Competitividad para justificar las obras de reforma de la sede de la Castellana, en las que se invertirán 25 millones de euros.25 millones de euros.

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