La reforma de Soria cuadruplica el pago a las eléctricas por atención al cliente

Las empresas eléctricas están de enhorabuena. En el Ministerio de Industria hay gente receptiva a sus argumentos, se refieran estos a la vida últil de las centrales nucleares, a quién debe financiar el bono social o a  cuánto deben pagar los usuarios por la gestión del servicio que reciben. El último ejemplo se refiere a las cantidades que el supervisor reconoce a las grandes compañías distribuidoras (con más de 100.000 usuarios) por "gestión comercial". Con la reforma de Soria, los pagos por gestión comercial se cuadruplican. Pasan de 56,7 millones de euros a 272 millones, según la propuesta elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para 2015.

Los 56,7 millones destinados a compensar a las eléctricas por la gestión comercial del servicio que prestan están detallados en la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015. El reparto previsto es el que sigue: 24 millones para Endesa; 22 millones para Iberdrola; 7,6 millones para Gas Natural Fenosa; 1,4 millones para Hidrocantábrico y 1,2 millones para E.On Distribución.

Pero la reforma energética diseñada por el Gobierno, con los Reales decretos 1048/2013 y  9/2013, multiplica por cuatro esa cantidad. La propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia , pendiente de aprobación por el Gobierno, reconoce a las empresas distribuidoras, en aplicación estricta de la reforma, 95,5 millones por lectura de contadores, 101 millones por las labores de contratación y 20 millones más por la atención telefónica a los clienes. Total, 216 millones añadidos a los 56 ya aprobados.

El asunto es muy polémico. La organización Facua ha denunciado  que las compañías eléctricas facturarían “ilegalmente” unos 37,24 millones de euros anuales “de más” al aplicar una tarifa por el alquiler de los contadores digitales sin telegestión que la ley sólo permite si están integrados en un sistema de gestión telemática.

La asociación advirtió en un comunicado de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido a las eléctricas que bajen un 33% la tarifa de los contadores digitales sin telegestión.

En la actualidad, según las estimaciones del Ministerio de Industria, hay 9,5 millones de nuevos contadores instalados, el 35% del total, por lo que Facua estima que las eléctricas facturarían “ilegalmente” a los usuarios alrededor de 37,24 millones de euros anuales.

Frente a esa cantidad supuestamente malcobrada, la CNMC admite ahora que las empresas cobren hasta 95 millones por lectura de contadores. En opinión de Jorge Morales de Labra (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético), la propuesta es sólo una de las sorpresas que contiene el informe elaborado por la CNMC para el sector.

Otra sorpresa es el secretismo con el que la CNMC trata en qué medida las empresas se han beneficiado de la cesión de instalaciones eléctricas financiadas por terceros. Esas cesiones existieron. Partieron, fundamentalmente, de los promotores de instalaciones renovables, que las financiaron para conectarlas a la red y del boom de las segundas residencias, que llevó también  a los promotores inmobiliarios a financiar instalaciones de conexión que luego fueron cedidas a la red de las empresas distribuidoras.

Bruselas debe pronunciarse sobre la denuncia contra las eléctricas por los 3.400 millones cobrados de más

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La CNMC no da ningún detalle al respecto. Ni por empresa, ni en conjunto. Declara la información (página 12 del documento) como "Confidencial".

El viento a favor de las cuentas de las eléctricas viene de atrás. Partida a partida, millón a millón, las grandes empresas engordan la hucha. Sucedió también con el bono social. El Ministerio de Industria ha decidido no pleitear más en los tribunales contra Endesa, Iberdrola y Gas Natural e indemnizarles con los 275 millones de euros que en 2012 les cargó por la puesta en marcha del llamado bono social o tarifas para personas sin recursos.

La decisión la adoptó hace varios meses la Secretaría de Estado de Energía que dirige Alberto Nadal. El Gobierno ha ingresado los 245 millones más intereses en las cuentas de las principales comercializadoras de energía. Así consta en una documentación remitida por Iberdrola y por Endesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).