Banco de España, Economía y Hacienda ahorran la exposición pública a los defraudadores

El Gobierno tendrá que cambiar la ley para publicar, como ha prometido, los nombres de los defraudadores al fisco y de los morosos. Y le está costando. La declaración de intenciones del ministro Cristóbal Montoro, tantas veces publicitada en los dos últimos años, es por el momento un anteproyecto de ley y el destape resultará más bien tímido: los ciudadanos sólo conocerán quién debe más de un millón de euros y quién ha sido condenado en sentencia firme por delito contra la Hacienda pública. Además, a los primeros se les avisará antes de publicar su nombre para que salden su deuda. Y, si lo hacen, no aparecerán en la lista.

Hasta ahora, unos y otros estaban amparados por la Ley General Tributaria y la de Protección de Datos. En lo que se refiere a sanciones por comportamientos irregulares de bancos, empresas y directivos prima la confidencialidad y el derecho a la intimidad sobre la transparencia y el derecho a la información de los ciudadanos. Pero, con los múltiples casos de corrupción y abusos destapados en los peores años de la crisis, también ha empezado a esgrimirse el valor ejemplarizante de la exhibición pública del infractor. La revelación de los nombres de las empresas –y sus directivos– que infringen la ley no sólo pone en entredicho su responsabilidad social corporativa, sino que también afecta, y mucho, a su reputación. Un poderoso instrumento para evitar estos comportamientos.

Aun así, a la transparencia en este ámbito le queda mucho recorrido, El reglamento interno del Banco de España establece el “carácter reservado” de todos sus datos y actuaciones. El supervisor bancario debe enviar cada año a las Cortes la memoria de los expedientes y sanciones, tanto a entidades financieras como a sus administradores que hayan cometido infracciones muy graves. Esa memoria, a la que se puede acceder en su página web, incluye un mero recuento estadístico del número de actuaciones pero no desvela qué bancos y qué gestores han incurrido en esas prácticas sancionables.

Otro tanto ocurre con las multas de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, que depende del Ministerio de Economía. En 2013 impuso ocho sanciones administrativas por importe de 5,25 millones de euros a entidades financieras cuyos nombres se desconocen. Sólo se hacen públicas las multas por infracciones muy graves que deben ser aprobadas por el Consejo de Ministros y aparecen en el Boletín Oficial del Estado. O las que forman parte de una condena judicial. De ese tipo se sumaron sanciones por valor de 655,87 millones de euros en 2013.

Irregularidades en la cuarta parte de las subvenciones

Tampoco son públicos los nombres de las empresas y particulares a los que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministro de Hacienda, ha reclamado la devolución de subvenciones, tanto nacionales como procedentes de la Unión Europea. Una vez más, su memoria de actividades se limita a facilitar información estadística sobre los expedientes, pero no identifica a los infractores. De los 122 controles realizados en 2013, en el 56% de ellos el IGAE exigió el reintegro de la subvención. El importe de las ayudas públicas reclamadas equivale a una cuarta parte de las cantidades concedidas. La propia memoria califica de “elevado” ese porcentaje y lo atribuye al “importante grado de incumplimiento” en investigación y desarrollo –57,5% del reintegro–, cultura –32,6%–, cooperación al desarrollo –29,2%– y cooperación económica local –19,5%–.

Además, la Intervención detectó 797 irregularidades en sus controles sobre fondos comunitarios –estructurales, de cohesión, de solidaridad–, que comunicó a la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de la Comisión Europea. Pero no se sabe quién engaña a Bruselas. Excepto si alguna de esas irregularidades llega a los tribunales. Como ocurrió en el caso de los 10,12 millones de euros que la OLAF reclama a la Diputación de Ourense por las subvenciones concedidas para instalar 104 depuradoras en pueblos de esa provincia. La denuncia la presentó un particular ante el juez en 2002 y la cantidad aún no ha sido devuelta. La UE considera probado que la Diputación pretendía beneficiar a una empresa y acusa a su entonces presidente, José Luis Baltar, de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

Sólo para suscriptores

También el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) proporciona información estadística –en 2013 sólo en inglés– sobre sus actuaciones. Pero para saber a quién sanciona y por qué motivo hay que acudir a su boletín trimestral, previa suscripción. Un año de acceso cuesta 48,08 euros. Si además el interesado quiere recibir el anuario del ICAC, el precio son 60,10 euros. En él sólo aparecen las sanciones firmes en vía administrativa. Un portavoz del Ministerio de Economía, del que depende el ICAC, asegura que es un boletín pensado “para el sector”.

Una vez más, si el expediente abierto a una empresa auditora o a un auditor forma parte de una causa judicial, sus nombres terminan siendo públicos. Tal ha sido el caso de los auditores de Bankia –Deloitte– o de Pescanova –BDO–. En el último boletín publicado, el número 100, correspondiente al último trimestre de 2014, se incluyen las sanciones a un total de 15 firmas auditoras o auditores.

En el terreno de las aseguradoras, la intención del Gobierno sí era, en principio, ampliar el ámbito de la amonestación pública para los infractores. Al menos así quedó esbozado en el anteproyecto de la Ley de Supervisión de Seguros Privados de 2012 que aún no ha llegado a ver la luz. Ese texto imponía por primera vez la amonestación pública a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) a los administradores de aseguradoras que cometieran infracciones graves –de 30.000 a 150.000 euros– y muy graves, cuyas sanciones también se aumentaban de 90.000 a 150.000 euros.

De momento, no obstante, sigue vigente la ley de 2004, por lo que sólo reciben amonestación pública a través del BOE las empresas aseguradoras con sanciones graves y muy graves, no sus gestores.

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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social sólo hace públicos los nombres de las empresas que incurren en infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. Pero tiene que incluirlo el inspector en el acta de infracción correspondiente. El infractor aparecerá en el BOE o en los boletines autonómicos. Además, si la sanción supera los 819.780 euros, la impone el Consejo de Ministros, y por tanto, es pública. En materia de empleo y Seguridad Social, el Consejo de Ministros se ocupa de las multas a partir de 125.000 euros. Y si se trata de operaciones policiales contra tramas organizadas para defraudar a la Seguridad Social, que por tanto llegan a los tribunales, también se desvelan los nombres de las empresas implicadas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dispone en su página web de un registro de sanciones graves y muy graves. En lo que va de año, figuran en él cinco sanciones. Dos de ellas a otros tantos inversores que hundieron la cotización de Bankia hasta casi un 50% con sus ventas en corto al descubierto de acciones de la entidad nacionalizada. Esa operación causó grandes pérdidas para los titulares de preferentes. Pero las más cuantiosas son para Dracon Partners, una firma de asesoramiento financiero que operaba pese a no cumplir los requisitos legales y que ha sido multada, junto con su administradora, con un total de 1,84 millones de euros. Además, la CNMV sanciona a la empresa de juego Codere con un total de 140.000 euros por remitirle las cuentas de 2012 con datos “inexactos o no veraces”.

Finalmente, también mantiene un registro en su página web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con los expedientes que abre y con los resueltos. Como el que concluyó con una multa de 88,2 millones de euros a nueve empresas lácteas y dos asociaciones por pactar precios durante una década.