ABUSOS LABORALES
El Gobierno pagará a funcionarios las vacaciones no disfrutadas para evitar una sanción de Bruselas
La Administración pública tendrá que pagar a los funcionarios y al personal laboral las vacaciones que no hayan disfrutado si se les ha reconocido una incapacidad laboral permanente –los primeros– o han sido despedidos –los segundos–. Hasta ahora no lo hacía, pese a que una directiva comunitaria de 2003 y una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE la obligaban a ello: a permitir aplazar el disfrute de las vacaciones en un plazo de 15 meses o, si han sido despedidos o han perdido su condición de funcionarios, a compensarles económicamente por haber carecido de ellas. Doce años después, y previa denuncia en Bruselas del sindicato CGT, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha accedido a aplicar la directiva: la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción que puede llevar al Gobierno español hasta el Tribunal de Justicia de la UE.
Un portavoz de Administraciones Públicas asegura que la adaptación de la directiva se incluirá en la agenda de negociación de la Mesa General de la Función Pública, donde se sientan UGT, CCOO y CSI-F, pero no CGT, el sindicato denunciante. La Mesa lleva seis meses sin reunirse y desde que el PP llegó al Gobierno, se quejan los sindicatos, sólo se convoca una vez al año para informar sobre los Presupuestos del Estado. Este miércoles, no obstante, está prevista una reunión técnica que “quizá” suponga una próxima convocatoria de la Mesa, indican fuentes de CCOO.
El pasado mes de octubre “se habló sobre el pago de las vacaciones no disfrutadas” en ese foro, pero el paso de la entonces directora general de la Función Pública, Carmen Sánchez Cortés, al Ministerio de Justicia tras la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, paralizó la aplicación de la medida. “Con la nueva responsable, Elena Collado, no se ha movido nada”, añaden. “Nos hemos hartado de mandar cartas al Gobierno para que reúna la Mesa de la Función Pública, publique la oferta de empleo público y acabe con los cinco años de congelación salarial, pero sin ningún resultado”, lamenta por su parte Carlos Javier Álvarez Andújar, responsable de la Administración General del Estado de FSP-UGT.
Un lento proceso lleno de incumplimientos
En 2009 el Tribunal Supremo hizo suya la doctrina emanada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y reconoció el derecho a la compensación económica por las vacaciones no disfrutadas de los funcionarios. Sin embargo, el Gobierno siguió sin recoger en la normativa nacional la directiva comunitaria. Así, se sucedieron resoluciones de la Seguridad Social que denegaban el pago, también sentencias judiciales que rechazaban ese derecho a los funcionarios que lo reclamaban, según explicaba CGT en su queja a Bruselas.
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En 2012 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó una resolución sobre jornadas y horarios en la que se ampliaba a 18 meses el periodo en el que los trabajadores públicos pueden aplazar el disfrute de las vacaciones sin las que se quedaron por culpa de una enfermedad. Pero nada decía sobre la compensación económica que la directiva comunitaria establece en caso de que no haya posibilidad alguna de disfrutar de las cuatro semanas de vacaciones legales.
En junio de 2013 CGT presentó su denuncia ante Bruselas, que se convirtió en una primera carta de emplazamiento de la Comisión Europea al Gobierno español en julio de 2014. Es el primer paso del procedimiento de infracción comunitario. El Ejecutivo debería haber contestado en un plazo de dos meses. Como no lo hizo, la Comisión Europea acaba de enviarle un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción, que debe cumplir en otro plazo de dos meses. Si no contesta, la Comisión remitirá el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.
Los funcionarios y el personal laboral a los que se ha escatimado el pago de sus vacaciones no disfrutadas todos estos años tienen derecho a exigirlo con carácter retroactivo, según explica el ministerio. CGT añade que incluso tienen derecho a cobrar los herederos de los empleados públicos que hayan fallecido sin llegar a percibir esa compensación. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, han sido despedidos unos 300.000 empleados públicos,han sido despedidos según la Encuesta de la Población Activa (EPA).
