El empleo precario amenaza los ingresos de la Seguridad Social

La Seguridad Social lleva en déficit desde 2011 y no recuperará los números negros hasta 2019, al menos según las previsiones del Gobierno. Hasta ahora, las medidas del Ejecutivo para recuperar la buena salud del sistema se han centrado en reducir sus gastos: la reforma de las pensiones introdujo dos factores que recortan la cuantía de las prestaciones y que el Gobierno presentó como la única forma de garantizar la sostenibilidad de una Seguridad Social en peligro por culpa de la evolución demográfica. Para recuperar los ingresos perdidos por la caída de la afiliación –y, por tanto, de las cotizaciones de trabajadores y empresas– durante la crisis, el Ejecutivo confiaba en que la reforma laboral acelerara la creación de empleo y devolviera el bueno tono a las cuentas de la Seguridad Social.

Así, el Gobierno ya ha pecado de optimista dos ejercicios consecutivos, fijando unas previsiones de ingresos que la oposición rechaza por “irreales”. También la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) concluye en su último informe que los presupuestos de la Seguridad Social para este año “no parecen realistas” y augura el “incumplimiento, con holgura”, del objetivo de déficit para este ejercicio, fijado en el 0,6% del PIB. Y es que el Ejecutivo previó un aumento de los ingresos por cotizaciones para 2015 del 6,8%, pero hasta la fecha éstas sólo han crecido un 0,77%. Para 2016 la previsión se repite: otro 6,7% de alza.

El diputado del PSOE Pedro Saura cifra en 25.000 millones de euros el desfase real de la Seguridad Social para el próximo año, 15.000 millones si se descuentan las aportaciones del Estado –para pagar los complementos a las pensiones mínimas, por ejemplo–. Por el contrario, los Presupuestos del Estado prevén un déficit del 0,3%, sólo 3.000 millones de euros, cinco veces menos que el dato del PSOE. La Airef habla de 13.000 millones, un 1,1% del PIB, para el ejercicio de 2014 y otro tanto para 2015. De hecho, hasta mayo de este año, la Autoridad Fiscal Independiente calcula una desviación acumulada superior a los 4.000 millones de euros, un 0,36%. Es decir, más de la mitad del objetivo de déficit previsto para todo el año.

A la hora de identificar las causas del debilitamiento de los ingresos las voces son unánimes. Desde la Airef hasta la oposición política pasando por los sindicatos. El empleo que se crea es precario –temporal, cada vez con más frecuencia a tiempo parcial y con salarios más bajos– por lo que se recauda menos con las cotizaciones. Aun habiendo aumentado las bases máximas de cotización y crecido la afiliación en 417.574 nuevos cotizantes, en 2014 la recaudación no llegó a los 1.000 millones de euros, sólo un 0,94% más que el año anterior. Según explica la Airef, el crecimiento del empleo y de los sueldos calculado para este ejercicio no justifica “ni un tercio” del aumento de los ingresos por cotizaciones previsto por el Gobierno.

Tampoco las nuevas medidas de gestión de las cotizaciones implantadas por el Ejecutivo –sistema CRETA– están teniendo, añade la Airef, “un efecto recaudatorio significativo”. Por el contrario, sí lo han tenido, y negativo, las tarifas planas de cotizaciones que el Ejecutivo ha recuperado en los dos últimos ejercicios, después de haberlas suprimido casi al completo nada más llegar al poder el PP. Las subvenciones –bonificaciones y reducciones de cuotas– a los contratos indefinidos suponen una merma de ingresos para el sistema que CCOO cifra en 1.200 millones de euros. Sindicatos y expertos siempre han criticado estos incentivos por ineficaces. La Airef, además, los censura por su impacto sobre la recaudación. Paradójicamente, los empleos más estables y que mayores ingresos por cuotas proporcionarían al sistema, los contratos indefinidos, salen gratis porque se les perdona la cotización.

Vaciando la 'hucha' 

Para cubrir esta anemia de los ingresos, el Gobierno no ha tenido más que remedio que acudir al Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones. Diseñado para hacer frente a problemas puntuales de tesorería del sistema, ha perdido casi el 40% de sus fondos desde 2011. “Se acabará en dos años”, predice Pedro Saura. CCOO le da más tiempo de vida “aunque no se tome ninguna medida”. Los presupuestos de 2016 prevén la retirada de 6.283 millones de euros de la hucha de las pensiones. En 2014 el Gobierno sacó 15.300 millones. Este año, para pagar las extras de las pensiones de julio, ya ha extraído 3.750 millones. Aún quedan en el Fondo de Reserva 39.520,46 millones de euros. Desde 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sacado 37.701 millones de euros, tras haber suprimido –y ampliado hasta 2016–la prohibición que le impedía retirar más del 3% cada año.

Porque lo que sí crece, y a buen ritmo, es el número de pensionistas y el gasto en sus prestaciones: casi un 3% el próximo año, de acuerdo con los cálculos del Gobierno. Las pensiones son cada vez más altas, puesto que los trabajadores se jubilan con mejores carreras de cotización y tras cobrar sueldos más altos que los pensionistas que fallecen. Y el número de perceptores también aumenta por razones demográficas.

“Ahora toca trabajar en las pensiones privadas”

Este consumo acelerado de las reservas suscita igualmente las críticas de expertos y partidos políticos. Para CCOO, se trata de “un error estratégico”. “Es la excusa perfecta para establecer un sistema público con pensiones mínimas”, apunta Pedro Saura, “complementado con pensiones privadas para quien pueda pagárselas”. Ése ha sido el discurso del gobernador del Banco de España, Luis Linde, quien vaticinó en junio la “inexorable reducción” de las pensiones públicas en el largo plazo, salvo que se combinen con el ahorro privado”. También recomendó a los jóvenes que ahorren porque sus pensiones serán cada vez menores.

El propio presidente del Gobierno apoyó en el Congreso que los poderes públicos “estimulen el ahorro mediante sistemas de previsión social complementaria en la medida de lo posible”. “Ahora toca trabajar en un mayor desarrollo de esos instrumentos”, anunció Mariano Rajoy, no sin antes enumerar las medidas del Gobierno para “hacer más atractivas” las pensiones privadas: reducir un 30% la comisión máxima anual por gestión y depósito de los planes de pensiones, aumentar la información que recibe el ciudadano antes de contratar un plan individual o ampliar el derecho al rescate anticipado del plan.

“Los esfuerzos que algunos hacen de manera denodada para poner en cuestión la financiación, la suficiencia y la viabilidad futura del sistema de protección social tienen caldo de cultivo y producen ecos”, respondió el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, en la Comisión del Pacto de Toledo pocos días después de las declaraciones de Linde y Rajoy.

Pese a las cifras de la Airef y los “ecos” que difunden dudas sobre el futuro de la Seguridad Social, el Ministerio de Empleo hace gala de la “estabilidad” del sistema. También del aumento de los ingresos que producirá la aún más favorable evolución del empleo y de los salarios en 2016 que predice. “La clave de bóveda del sistema está hoy en el crecimiento de la afiliación”, resaltó el pasado miércoles en el Congreso el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Según dijo, el número de cotizantes aumenta 3,5 veces más que el de pensiones.

Pensiones de viudas y huérfanos

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Aun así, algo debe cuadrar mal en las cuentas cuando Tomás Burgos planteó a los partidos políticos en el mismo foro la primera medida del Gobierno dirigida a potenciar los ingresos del sistema: financiar las pensiones de viudedad y orfandad mediante impuestos, en lugar de con cotizaciones como hasta ahora. La Airef ya había propuesto en su informe cargar sobre los Presupuestos del Estado parte de la financiación del déficit de la Seguridad Social, sin más precisiones. La idea de sufragar las pensiones para viudas y huérfanos con impuestos ya la había sugerido en 2013 el sindicato CCOO. Pero cuenta con el rechazo del PSOE. “Es otra muestra más de la intención del Gobierno de privatizar el sistema”, protesta Pedro Saura. Si dejan de ser contributivas –su cuantía depende de las cotizaciones pagadas–, “dependerán del esfuerzo que quiera hacer el Gobierno de turno cada ejercicio, también de la coyuntura”, advierte el diputado socialista. Su compañera de grupo parlamentario, Isabel López i Chamosa, propone en cambio aumentar las transferencias de los Presupuestos del Estado a la Seguridad Social o bien crear una nueva cotización solidaria como en Francia. El responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, propone “algún impuesto específico” que sea “progresivo”. La Seguridad Social paga cada año unos 25.000 millones de euros en pensiones de viudedad y orfandad, el importe del desfase del sistema según los cálculos del PSOE.

Mientras los socialistas fían el aumento de los ingresos del sistema básicamente a la puesta en marcha de “otro modelo de crecimiento” económico y a una nueva reforma fiscal, CCOO sugiere otras medidas: desde aumentar los tipos de cotización hasta acercar a las bases de cotización del Régimen General las de los autónomos, que son un 42% inferiores a los de los trabajadores por cuenta ajena. También invitan a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o a financiar los gastos de administración de la Seguridad Social con cargo a los Presupuestos del Estado.

UGT, en cambio, prefiere un “plan integral” para aumentar los ingresos de la Seguridad Social antes que “medidas parciales” como pagar las pensiones de viudedad con impuestos. A su juicio, es necesario abrir “fuentes de financiación pública complementaria” del sistema, además de aplicar una gestión “transparente y responsable” del Fondo de Reserva. Y dejar de costear las políticas de empleo –las subvenciones a los contratos– con cargo a la Seguridad Social. Porque la alternativa es “una reducción de los sistemas de protección social que este país ni puede ni deber permitirse”, concluyó Carlos Bravo ante los diputados del Pacto de Toledo.