El Gobierno exigirá a Volkswagen mil euros del plan PIVE por cada coche trucado

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que el Gobierno reclamará a Volkswagen todas las ayudas recibidas dentro de los planes por eficiencia energética, el conocido como plan PIVE, en la compra de vehículos del grupo afectados por el caso fraudulento del software que alteraba los datos de emisiones contaminantes.

En declaraciones tras el acto del 50 aniversario de la refinería de La Rábida (Huelva) de Cepsa, Soria afirmó que estas ayudas del plan PIVE de 2.000 euros para la compra de un vehículo, de los cuales 1.000 euros venían directamente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no le serán reclamadas al consumidor, que "ha sido engañado en su buena fe habiendo comprado un vehículo que creía más eficiente".

"A la empresa no le ha parecido mal que se le reclame, ya que hay un reconocimiento explícito por su parte de que se ha procedido a instalar ese software que no medía correctamente las emisiones", dijo.

Soria subrayó que Industria estudia actualmente con la Abogacía del Estado "cuál debería ser el procedimiento jurídico" para reclamar a la empresas esas ayudas a la eficiencia que se han dado directamente al consumidor".

Asimismo, el titular de Industria señaló que el lunes se comunicó a Volkswagen que todos los vehículos que tengan incorporado un motor Euro5 diésel y que estén en el estocaje "no pueden ser vendidos en España".

"Esto quiere decir que la autorización que con carácter general se había hecho a todas las marcas para que esos vehículos con motores Euro5 pudieran ser vendidos entre el 31 de septiembre de este año y el 31 de agosto del año próximo queda en suspenso para el grupo Volkswagen a la luz del reconocimiento que por parte de ese grupo de que en ese tipo de motores ha habido un software para trucar las emisiones de los motores", añadió.

Soria afirmó que todavía se está a la espera de que el grupo automovilístico alemán "concrete" el número de vehículos que "han sido fabricados en España y cuántos han sido vendidos, fabricados o no fabricados en España".

De todas maneras, subrayó que confía en que Volkswagen comunique la cifra "exacta de vehículos que con ese tipo de motor se ha vendido en España antes del 7 de octubre, fecha dada por Alemania al grupo para dar a conocer la cifra en todo el mundo.

UGT denuncia "falta de responsabilidad"

La Federación Estatal MCA-UGT ha acusado de "falta de responsabilidad" al Gobierno español por anunciar reclamaciones de las ayudas concedidas a las plantas españolas de Volkswagen "sin haber realizado un análisis en profundidad".

La organización sindical explicó que este anuncio de reclamaciones se ha realizado sin valorar exhaustivamente el destino de las ayudas concedidas y, especialmente, cuando los planes PIVE y PIMA Aire están dirigidos a la compra de coches y no a las plantas.

En este sentido, afirmó que las autoridades tienen la obligación de asegurar el futuro del empleo en España, por lo que abogó por defender la ausencia de responsabilidad de las factorías españolas "frente a posibles tentaciones de repartir, entre todos, las consecuencias de este fraude".

El sindicato indicó que los trabajadores de las plantas de Volkswagen en Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra) "son víctimas del fraude" que haya podido cometer el consorcio automovilístico Volkswagen.

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"No existe ninguna responsabilidad por parte de las plantas del grupo Volkswagen implantadas en España, en relación con la producción de los motores y el software incorporados en los vehículos fabricados en Seat y Volkswagen Navarra", añadió.

Por ello, reclamaron que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para aclarar lo ocurrido, al tiempo que abogó por que se exijan todas las responsabilidades a los estamentos del grupo implicados en el caso.

"Tales responsabilidades han de buscarse en la cabecera del grupo y no en las plantas de producción y, menos aún, permitir que los trabajadores de las mismas puedan pagar las consecuencias", añadió el sindicato. UGT recordó que 120.000 trabajadores pueden verse afectados por las decisiones que pueda tomar el Gobierno.