GESTIÓN PÚBLICA

El Tribunal de Cuentas pagará dos años un alquiler millonario al mudarse a un edificio de Villar Mir

El Tribunal de Cuentas pagará durante dos años un alquiler millonario al mudarse a un edificio de Villar Mir

El Tribunal de Cuentas se muda. Abandona durante dos años su sede histórica, un palacio en la calle de Fuencarral de Madrid, para trasladarse a un moderno y caro edificio de oficinas situado en el número 100 de la calle Ortega y Gasset, en pleno barrio de Salamanca. Su propietario es Inmobiliaria Colonial, cuyo principal accionista es el Grupo Villar Mir. El motivo del traslado, que comenzará el próximo enero y afectará a unos 500 de sus 700 funcionarios, son las obras de rehabilitación a que se va a someter el palacio, construido entre 1860 y 1863.

La Junta de Personal del Tribunal de Cuentas lleva años denunciando el “pésimo estado” de las instalaciones, tanto eléctricas como antincendios, del palacio. Una inspección de la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid detectó el pasado mes de abril hasta 160 defectos graves en el edificio, según denuncia el sindicato CCOO.

De hecho, la Inspección de Trabajo emitió un requerimiento en julio para que el tribunal subsanara las deficiencias en un plazo de tres meses que acabó el pasado 20 de octubre. Entonces la Junta de Personal, en la que están representados UGT, CCOO, CSI-F, ACLA y la Asociación de Funcionarios al Servicio del Tribunal de Cuentas, exigió a los responsables del Tribunal de Cuentas la paralización de la actividad y el abandono del edificio. Un mes antes, el 17 de septiembre, el órgano fiscalizador había aprobado ya el traslado del personal al inmueble de Colonial.

Mudanza y muebles, sí; obras, aún no

En marzo de 2014 el Ministerio de Hacienda –el edificio depende de la Dirección General de Patrimonio– adjudicó un proyecto de acondicionamiento del palacio al despacho valenciano Santatecla Arquitectos, por 220.648 euros. Según el pliego de prescripciones técnicas, se trata de una “compleja actuación arquitectónica” que sustituirá instalaciones eléctricas y especiales. Las obras también afectarán a la fontanería y el saneamiento, la climatización y la ventilación. Además, se tomarán medidas de ahorro energético. Según ha explicado a infoLibre un portavoz del Ministerio de Hacienda, las obras de acondicionamiento no se han licitado aún a día de hoy.

Sí ha salido a concurso, en cambio, el servicio de mudanza de Fuencarral a Ortega y Gasset, por un importe de 121.000 euros, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado martes. También el suministro del mobiliario que necesitarán los funcionarios del tribunal en el nuevo edificio, por importe de otros 242.000 euros.

El palacio de la calle Fuencarral es obra del arquitecto Francisco Jareño y Alarcón, consta de cinco plantas y forma parte del conjunto histórico de la Villa de Madrid, por lo que goza de protección singular. De hecho, para emprender las obras de rehabilitación, el Tribunal de Cuentas debió solicitar un Plan Especial, que fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Madrid en septiembre de 2013 con los votos a favor del PP y la abstención de PSOE, IU y UPyD.

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El edificio de la calle Ortega y Gasset, de 7.792 metros cuadrados repartidos en siete plantas, más dos de aparcamiento, fue el inmueble elegido por Ana Botella para albergar la Concejalía de Asuntos Sociales cuando se hizo de cargo de ella en 2004. Allí permaneció ese departamento del Ayuntamiento de Madrid hasta hace sólo unos meses, cuando se mudó a un edificio de propiedad municipal en el Paseo de la Chopera, en el distrito de Arganzuela. El Ayuntamiento pagaba al año a Colonial un alquiler de 3,3 millones de euros por las oficinas de Ortega y Gasset, una de las calles más caras de España e incluso de Europa, según el ránking de la inmobiliaria Engel & Völkers. Un portavoz del Tribunal de Cuentas ha declinado informar sobre el alquiler que el órgano fiscalizador pagará a Colonial los próximos años y remite a Patrimonio del Estado en lo que a las obras de acondicionamiento se refiere.

En su día, el traslado de Servicios Sociales al edificio de la calle Ortega y Gasset suscitó críticas por el elevado importe del alquiler –un total de 37,6 millones de euros–, al que se sumaban los 3,12 millones que costaron las obras ordenadas por Ana Botella para acondicionarlo.

Doce años después, el Ayuntamiento de Manuel Carmena ha tenido que acometer obras por valor de 340.000 euros para devolver el edificio a la inmobiliaria de Villar Mir tal y como se lo cedió en 2004, según publicó economiadigital el pasado julio.

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