EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO

El grupo público Tragsa busca 46 veterinarios temporales en Asturias y Extremadura tras haber despedido a 53 fijos

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Al mismo tiempo que Tragsa anunciaba la paralización del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), una vez despedidos 555 trabajadores, la empresa pública ha colgado en la web Infojobs tres anuncios para contratar personal. Busca 46 veterinarios para las delegaciones de su filial, Tragsatec, en Asturias y Extremadura. Veinticinco para el Principado y 21 para la comunidad extremeña. Ofrece contratos temporales para cinco y siete meses. Con sueldos de 23.500 a 25.500 euros anuales brutos dependiendo de la experiencia del candidato. En el ERE Tragsatec despidió a 18 veterinarios en Asturias y 35 más en Extremadura.

Cuando la dirección del grupo público comunicó a los sindicatos que, tras la sentencia del Tribunal Supremo que avala la legalidad del ERE, iba a acometer los despidos, también les dio a conocer el contenido de un informe elaborado por la Abogacía del Estado. El documento les autoriza a contratar trabajadores temporales mientras despide, e incluso a recontratar como eventuales a quienes haya despedido. Lo primero ya lo ha hecho durante los dos años en que el ERE ha permanecido en litigio en los tribunales, tras ser impugnado por los sindicatos y anulado después por la Audiencia Nacional. La empresa ha descartado la segunda posibilidad, a fin de evitar demandas individuales de los trabajadores, explican fuentes sindicales.

Según ha podido saber infoLibre, sin embargo, a algunos de los despedidos sus antiguos superiores les han comunicado ya que su puesto de trabajo “se va a publicar en Infojobs” y que, si quieren ser contratados, deben “colgar el currículo” en esa web para optar al empleo que ocupaban hace sólo un par de semanas y que venían desempeñando desde hace 20 años.

El responsable de CSI-F en Tragsa, Rafael Fernández, asegura que el despido colectivo no responde a problemas de producción del grupo público –“la gran mentira”, lo denomina–, sino a una estrategia empresarial que busca abaratar la plantilla sustituyendo a trabajadores fijos con antigüedad por otros temporales con sueldos más bajos. De hecho, los sindicatos destacan el hecho de que buena parte de los 555 despedidos desde Nochevieja rondan los 50 años de edad y alcanzan los 20 años de antigüedad.

Según las cifras de la propia empresa, Tragsa aumentó en 2015 el número de sus trabajadores temporales en 1.155 personas, lo que se tradujo en un alza del 42,2% en ese capítulo del gasto de personal. Antes de los despidos, el grupo contaba con un total de 11.497 trabajadores, de los cuales 4.330 eran temporales.

Antes debe dar publicidad a las vacantes entre la plantilla

En septiembre de 2014 la Inspección de Trabajo impuso una doble sanción a Tragsatec por una infracción grave: contrató a 190 personas sin publicar las vacantes ni hacer pruebas de selección, incumpliendo así el convenio colectivo. La multa fue el resultado de tres denuncias de CCOO en Galicia.

El convenio del sector de ingenierías, que es el aplicable a la filial de Tragsa, obliga a las empresas a ofrecer las plazas vacantes, en primer lugar, a los trabajadores de la propia Tragsatec, por lo que debe darles publicidad entre la plantilla. Para cubrirlas, podrá efectuar “las pruebas pertinentes” a fin de comprobar que los candidatos reúnen los requisitos, pruebas que deberá calificar un tribunal, indica el convenio.

Tragsatec contestó a la Inspección que no tiene por qué publicar las vacantes si se trata de puestos de trabajo temporales. El inspector, en cambio, conminó entonces a la empresa a hacer públicos “todos los nuevos puestos de trabajo o plazas ya existentes en la empresa que hayan quedado libres”, tal y como establece el convenio colectivo. Ese anuncio debería ser dirigido a la plantilla de la empresa antes de hacer la “oferta externa”, dice el acta. Y, si realiza pruebas para seleccionar a los más adecuados, debe constituir un tribunal y evaluar los méritos con arreglo al convenio.

En el caso de las recientes ofertas a veterinarios, Tragsa las ha publicado directamente en el portal Infojobs. Su trabajo será el diagnóstico de tuberculosis en el ganado. Deberán superar unas pruebas de selección genéricas que consistirán en la comprobación de sus conocimientos, una exposición curricular, pruebas psicotécnicas “o la realización de entrevistas” y un reconocimiento médico.

Empleo temporal y en fraude de ley

Esos 190 contratos fueron firmados sólo en la filial entre octubre de 2013 –cuando empezó a negociar el ERE con los sindicatos– y septiembre de 2014. Para todo el grupo, la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el despido colectivo cifraba en 451 personas el número de contratos temporales suscritos por todo el grupo Tragsa desde octubre de 2013 hasta abril de 2014. Entre ellos, antiguos cargos políticos y personas vinculadas con el PP. El tribunal estableció entonces que estas contrataciones no implicaban la nulidad del ERE, pero sí su carácter ilícito, siempre que no estuvieran justificadas.

La misma sentencia basaba uno de sus motivos para anular el ERE en “los principios de igualdad, mérito y capacidad” que legalmente deben regir la contratación de los empleados públicos, y que no habían sido respetados al seleccionar a los despedidos. Según advierte la responsable de CCOO en Tragsatec, Carmen Torrente, esos tres principios no se garantizan utilizando a Infojobs como portal de empleo.

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Tampoco ha respetado la ley la empresa pública en el caso del centenar de trabajadores a los que se niega a convertir en indefinidos pese a haber superado los cuatro años que el Estatuto de los Trabajadores y su convenio colectivo fijan como plazo máximo de duración para los contratos de obra y servicio. La Inspección de Trabajo también sancionó a Tragsa, en junio del año pasado, por mantener a estos trabajadores en fraude de ley; en concreto a 24 de ellos contratados desde 2010 y 2011.

“Empezamos una nueva etapa”

El presidente de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, anunció este jueves en una carta publicada en la intranet que no iba a despedir a más trabajadores, una vez ejecutado el 41,5% del ERE,inicialmente previsto para 1.336 personas. Giménez de Córdoba dice que el despido colectivo ha sido “la decisión más difícil y dura” que ha tomado la empresa “a lo largo de su historia”, y agradece a la plantilla su “esfuerzo y compromiso” en estos dos últimos años. “Empezamos una nueva etapa”, asegura, “con un mensaje inequívoco de esperanza” que permita “un grupo de empresas públicas sostenibles y eficientes”.

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