LOS ABUSOS DE LAS EMPRESAS

La Audiencia Nacional ordena a Tragsa convertir en indefinidos no fijos a 155 trabajadores temporales

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La Audiencia Nacional ha ordenado a la empresa pública Tragsa que convierta en indefinidos no fijos a 155 trabajadores con contratos temporales de obra y servicio que mantiene en fraude de ley desde 2010. CCOO y CGT presentaron una demanda de conflicto colectivo contra Tragsatec, la filial del grupo estatal, a la que exigían la conversión de estos contratos en puestos indefinidos: el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo del sector prohíben que los de obra y servicio superen los cuatro años de duración. La empresa se negaba acogiéndose a los Presupuestos Generales del Estado, que en 2015 y 2016 impedían a las empresas públicas hacer nuevas contrataciones.

El pasado mes de mayo, la Inspección de Trabajo multó a Tragsa por tres infracciones graves y le exigió que convirtiera a 24 de estos trabajadores en indefinidos antes del 7 de julio. No lo hizo y los sindicatos acudieron a la Audiencia Nacional, que acaba de darles la razón parcialmente. En el juicio, tanto la empresa como los dos sindicatos demandantes accedieron a transformar estos contratos no en indefinidos sino en “indefinidos no fijos”, que es la figura prevista para las administraciones públicas. Es decir, seguirán en sus puestos de forma indefinida mientras no salgan a concurso.

La sentencia contradice el argumento de Tragsa para mantener a estos trabajadores como temporales, y asegura que su conversión en indefinidos no es, en ningún caso, una contratación nueva. También recuerda que ya existe jurisprudencia, con abundantes sentencias del Tribunal Supremo, que avalan esa tesis.

Los sindicatos se encuentran a la espera de que la empresa cumpla la sentencia, toda vez que aceptó ante el tribunal la transformación en indefinidos fijos de los temporales. Pero temen que considere la sentencia como meramente “declarativa” y obligue, por tanto, a los trabajadores a presentar demandas individuales para que Tragasatec la cumpla. “Si lo hacen, ganarán el juicio, porque ya es “cosa juzgada” y la sentencia será favorable de forma automática”, explican. Al menos una docena de los afectados tiene ya interpuestas demandas en los juzgados de lo Social.

CCOO y CGT también reclamaban a la empresa pública que reconociera el derecho de estos 155 trabajadores a beneficiarse tanto del Fondo de Ayuda Social (FAS) como del Fondo de Ayuda a la Vivienda (FAV). La Audiencia Nacionaladnute sólo el derecho al segundo. Según explica la sentencia, para recibir el FAS el trabajador debe ser “fijo de plantilla”. Para acceder al FAV, basta con ser “indefinido”, ateniéndose a la letra del reglamento que regula ambos fondos.

Basándose en esa distinción, la Audiencia Nacional sólo reconoce el derecho de los nuevos “indefinidos de plantilla” al Fondo de Ayuda a Vivienda –créditos a interés cero–, pero no al Fondo de Ayuda Social  –ayudas para gastos sanitarios, libros, por nacimiento, guardería, dependencia y minusvalía–. El tribunal elude pronunciarse sobre si tal distinción es “discriminatoria”. Es lo que cree CCOO, que dice que seguirá “peleando” por el reconocimiento de ese derecho.

Casi dos años

El Estatuto de los Trabajadores establece que los contratos por obra y servicio no pueden tener una duración superior a tres años, “ampliable hasta 12 meses más por convenio colectivo”. Es lo que hace el convenio de ingenierías, el aplicable a Tragsatec. Transcurrido ese plazo, añade la ley, “los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa”.

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La reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero limitó esos tres o cuatro años a los contratos por obra firmados a partir del 18 de junio de 2010. El 18 de junio de 2014, por tanto, Tragsatec debería haber convertido en indefinidos a los trabajadores con ese tipo de contratos que hubieran alcanzado los cuatro años de antigüedad. Casi dos años después, multada por la Inspección de Trabajo y condenada por la Audiencia Nacional, aún está pendiente de hacerlo.

Tragsa acaba de culminar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha supuesto el despido de 555 trabajadores. Lo presentó a finales de 2013 y estaba previsto para 1.336 empleados. Desde entonces, el grupo público ha contratado a 1.155 temporales. Nada más terminar los despidos del ERE, comenzó a ofertar esos mismos puestos en el portal Infojobs, pero con contratos eventuales, según denuncian los sindicatos.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Tragsa tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio  –del Ministerio de Hacienda–, con un 9,9%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro.

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