Libertad de información
El Parlamento Europeo aprueba la directiva que blinda los ‘secretos’ de las empresas
El pleno del Parlamento Europeo dio luz verde este jueves, tal y como estaba previsto, a la directiva para la Protección de Secretos Comerciales, un texto que busca, según sus impulsores, proteger a las empresas frente a prácticas anticompetitivas. Así, con 503 votos a favor –PPE, socialdemócratas y liberales– y 131 en contra –Los Verdes y GUE-NGL–, la Eurocámara sacó adelante un texto no exento de polémica y cuya votación estuvo en el aire hasta el último minuto debido a discrepancias dentro de las filas socialdemócratas. Según informó el diario Público, la delegación del PSOE y otros partidos del grupo S&D plantearon el miércoles dentro del grupo pedir un aplazamiento.
El objetivo era asegurar en la directiva la protección de los alertadores. Algo que, según la propia Comisión Europea, se encuentra recogido en la normativa: "La CE ha propuesto un conjunto de normas claras para que, en caso de abuso, pueda haber un proceso uniforme y que garantice de forma clara las actividades de quien da la alerta", afirmó el pasado miércoles el portavoz comunitario Christian Wigand. A pesar de las discrepancias dentro del grupo socialdemócrata, la votación fue finalmente celebrada este jueves.
El texto aprobado
La nueva directiva europea, que previsiblemente recibirá luz verde en el hemiciclo, trata de superar las diferencias existentes entre los Estados miembro en esta materia y crear un texto común en el que se establezca que los Veintiocho garantizarán que “los poseedores de secretos comerciales tengan derecho a solicitar la aplicación de medidas, procedimientos y recursos” con el objetivo de “impedir la obtención, utilización o divulgación ilícitas de su secreto comercial o con el fin de obtener resarcimiento por ello”.
La normativa establece que no se podrán divulgar aquellos que se hayan obtenido de forma ilícita, violen acuerdos de confidencialidad u obligaciones contractuales. Además, se incluye como ilegal cualquier difusión de estos secretos comerciales a sabiendas de que han sido conseguidos y difundidos “directa o indirectamente” de manera ilegal. “Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar la disponibilidad de vías de acción civil”, completa el texto en relación con el papel de los Veintiocho en esta materia.
Sin embargo, se reserva un artículo en el que establece los casos en los que esta obtención, utilización o divulgación no serán consideradas ilícitas. Así, se guarda un espacio para el ejercicio del “derecho a la libertad de expresión e información” o cuando esta revelación busque dar a conocer una “falta” de una empresa, siempre que se actúe “en defensa del interés general”. Un punto que la Comisión Europea se encargó de remarcar el miércoles: "Mientras actúe por el interés público y los secretos se divulguen porque ha habido un abuso, está protegida contra los recursos previstos por la directiva", aseguró Wigand.
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Una definición "desproporcionada"
“En principio debería ser una legislación que estuviera enfocada a proteger que los secretos comerciales de otras empresas no sean robados por otros competidores para usarlos con fines económicos anticompetitivos”, señaló el pasado lunes a infoLibre Alfonso Sánchez, miembro del grupo activista Xnet, que lleva trabajando desde el año 2008 en diferentes campos relacionados con la democracia en la red. Sin embargo, consideró que la directiva contiene una definición “desproporcionada” de “secreto comercial”: “Toda información de la empresa queda definida así por defecto”, apuntó.
Por ello, la reacción de Xnet al resultado de la votación no se hizo esperar. "Las instituciones dirán que se ha protegido la innovación respetando el interés general y los derechos fundamentales. Esto es lamentablemente falso", señaló la red de activistas en un comunicado, en el que añaden que esta aprobación "supone un duro golpe a la lucha contra la corrupción, los abusos corporativos y la libertad de información". Finalmente, cargan contra la actitud "hipócrita" del PSOE y su grupo "votando a favor de la directiva y negándose al aplazamiento del voto": "Mientras, por otro lado, condenan el caso de los papeles de Panamá y descargan responsabilidad solicitando a la Comisión Europea medidas de protección para los whistleblowers –alertadores–".
