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Justicia

El Tribunal de Cuentas critica ceses de directivos públicos con la máxima indemnización días antes de la reforma laboral

  • La institución resalta que de haberse producido los ceses días más tarde, el coste de las indemnizaciones habría sido muy inferior o no se habrían percibido
  • Los directivos cobraron 45 días de salario bruto anual fijo por año trabajado e indemnización de tres meses de salario bruto anual fijo por preaviso incumplido 192.617 euros en total

infoLibre Publicada 17/05/2016 a las 17:44 Actualizada 17/05/2016 a las 18:11    
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Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid.

E.P.
Cuatro directivos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y uno de la entidad RED.es cesaron de sus cargos días antes de la aprobación de la reforma laboral de 2012, lo que les permitió cobrar indemnizaciones "muy superiores" a las que les hubiera correspondido con la nueva normativa, según señaló el Tribunal de Cuentas en un informe que recoge Europa Press.

Según el Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal de los años 2012 a 2014, esta forma de actuar no supone "infracción de ninguna norma legal".

Sin embargo, el Tribunal sí resalta que de haberse producido los ceses días más tarde, el coste de las indemnizaciones habría sido muy inferior, ya que la reforma laboral del PP impide las indemnizaciones superiores a siete días por año de servicio con seis mensualidades máximas, elimina las indemnizaciones cuando el alto cargo sea empleado de una entidad pública con reserva de plaza y reduce a 15 días el plazo para comunicar el desestimiento.

Cinco ceses en un mes

Unas condiciones que no se aplicaron a cuatro directivos del ICO y uno de RED.es, que cesaron entre el 17 de enero y el 10 de febrero de 2012 --la reforma laboral fue aprobada el 11 de febrero--, y que percibieron las indemnizaciones máximas estipuladas en sus contratos.

A saber, 45 días de salario bruto anual fijo por año trabajado e indemnización de tres meses de salario bruto anual fijo por preaviso incumplido.

Esto supone que el director general adjunto a la Presidencia del ICO recibió 33.663 euros de indemnización, el director general de Negocios 62.967 euros, el director general comercial 49.207 euros y el director general de Riesgos y Control Financiero 46.780 euros. En total, 192.617 euros.

Según el Tribunal de Cuentas, si los ceses se hubieran producido unos días más tarde, los dos primeros cargos no habrían tenido derecho a indemnización alguna por reintegrarse en sus puestos de trabajo en el mismo ICO y los otros dos habrían cobrado una cuantía "muy inferior".

En el caso de RED.es, su director Económico-Financiero firmó la notificación y el finiquito el 10 de febrero de 2012, con una nota manuscrita señalando que le faltaba por percibir el importe de la retribución por objetivos de 2011, de 18.974 euros, que se liquidó en una nómina adicional en marzo. Además, cobró 102.412 euros por las indemnizaciones máximas por cese.

Ahorro general

En cualquier caso, el organismo fiscalizador constató que las reformas aplicadas por el Gobierno a partir de 2012 para controlar el régimen retributivo y el contenido de los contratos de alta dirección permitió "reducir sensiblemente" las indemnizaciones a los directivos, consiguiendo así un "ahorro efectivo" de fondos públicos.

Y es que, con carácter general, todas las entidades fiscalizadas adaptaron el número de directivos y su estructura retributiva, no superaros los límites salariales máximos, no provocaron incrementos retributivos por la adaptación de los contratos y redujeron las indemnizaciones por extinción de contratos.

Hubo, no obstante, algunas incidencias, como que ninguna de las entidades cumplió los plazos previstos o que sólo el Instituto Cervantes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el ICEX redujeron el número de directivos, mientras que la aplicación de los límites retributivos sólo se tradujo en una reducción en algunos organismos.

Por contra, se incrementó la retribución de algunos directivos del Cervantes, la CNMV, el ICEX y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que además al integrar a media docena de anteriores reguladores fue la única entidad en superar el número máximo de directivos permitido al finalizar 2014.

Además, hubo directivos en el Instituto Cervantes, el Museo Reina Sofía, el Museo del Prado, la UNED, la CNMV, RED.es, el Consorcio de Compensación de Seguros, el ICEX, la extinta Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y la CNMC que tuvieron retribuciones por antigüedad, y El Prado también pagó gratificaciones por servicios extraordinarios a altos directivos, pese a que dichos conceptos no están previstos en la normativa.

Menos prestaciones compensatorias

Por otra parte, el decreto ley de recortes aprobado en el verano de 2012 permitió que cuatro directivos de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), tres de la CMT y cuatro de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) dejaran de percibir prestaciones compensatorias al tener que elegir entre dicha cuantía y otra remuneración pública o privada.

Según se detalló en el documento del organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, entre 2012 y 2014 se produjeron 55 ceses en las entidades fiscalizadas con derecho a percibir prestaciones indemnizatorias o pensiones compensatorias, que finalmente cobraron únicamente 45 directivos, por un importe total de 4,43 millones de euros.

En cuanto a las retribuciones abonadas a los altos cargos en dicho periodo sumó casi 38 millones de euros, destacando los 17,18 millones destinados al Instituto Cervantes, los 3,92 millones de la CNMV, los 3,28 millones del ICEX y los 3,14 millones de la CNE. No obstante, en los tres años analizados el número total de directivos en los organismos pasó de 151 a 126.

Sin igualdad de género


En el informe, el Tribunal de Cuentas criticó también que no se haya alcanzado la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la composición de los consejos o máximos órganos colegiados, ni en los puestos de alta dirección, de ninguna de las entidades fiscalizadas.

De hecho, en siete de las doce que tienen más de 250 empleados ni siquiera se aprobaron planes de igualdad entre 2012 y 2014, a pesar de ser obligatorio por ley.


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