La Hacienda valenciana despide a 37 inspectores interinos mientras le prescriben el 13% de los expedientes por falta de personal

Recién comenzada la campaña de la renta, la Generalitat valenciana ha despedido a 37 inspectores, todos ellos interinos que en algunos casos llevaban hasta 18 años trabajando en la Dirección General de Tributos. Ésta se encarga de recaudar los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre el juego, todos ellos cedidos por el Estado. En 2015 el Gobierno del PP creó el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), al que el actual Ejecutivo del PSOE y Compromís ha dado continuidad. También en lo que respecta a estos inspectores interinos. Tras dos años pendientes de su despido, incluida una breve moratoria decidida en la Conselleria de Justicia y Administración Pública, el pasado 16 de mayo perdieron sus empleos estos inspectores, que anuncian una dura batalla: han presentado recursos contencioso-administrativos contra la amortización de sus planes, pero también acudirán a la vía penal contra el director y subdirector general de Tributos por acoso laboral.

Para gestionar los tributos cedidos quedan ahora sólo 22 inspectores funcionarios y unos 200 auxiliares, lamentan los interinos despedidos. Estos auxiliares llevan tiempo “no sólo resolviendo consultas telefónicas de los contribuyentes, sino también dictando resoluciones y cerrando expedientes a toda prisa, presionados por los jefes para que no prescriban”, pese a que esos cometidos no entran en sus atribuciones.

Y es que si hay algo que le falta al IVAT es personal. El último informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda (2015) sobre la gestión tributaria realizada por la Generalitat valenciana destaca la escasez de plantilla del departamento, recortada en un 2,3% en 2014 respecto al año anterior. También llama la atención sobre el “significativo número de plazas vacantes” en las direcciones territoriales de Alicante y Castellón, incluidas las jefaturas del Servicio de Gestión Tributaria, y las jefaturas de las secciones de Sucesiones y de Juego, “entre otras”. “Esta tendencia decreciente del personal en dichas direcciones territoriales debe ser objeto de consideración y adopción de medidas oportunas”, concluye el informe. Según los despedidos, el trabajo de esos jefes lo han llevado a cabo estos últimos años los inspectores interinos, todos ellos del grupo A1, el más alto de la Administración.

También resalta el documento de Hacienda el alto porcentaje –43,7%– de personal interino en Tributos y recomienda al Gobierno autonómico que defina “cuerpos propios” mediante “procesos selectivos adecuados”, dada la “especificidad de las funciones tributarias y recaudatorias” que acometen estos inspectores.

La consecuencia de esta falta de personal es el índice de demora que soporta la gestión de expedientes tributarios en la Comunidad Valenciana. Según el citado informe, supera los 23 meses, casi dos años, en el caso de los relativos al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pero en Alicante alcanzaba los 76,5 meses, más de seis años. Y estos retrasos terminan en algunos casos en prescripciones. En 2013, los últimos datos que proporciona el informe de Hacienda, los expedientes que prescribieron ascienden a 7.926, un 13,3%. La cifra supone un aumento del 13,5% respecto a los expedientes prescritos en 2012.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cifró el pasado jueves en 322 millones de euros el importe de las liquidaciones que Administración valenciana dejó prescribir entre 2012 y 2014, tanto en el impuesto de sucesiones como en el transmisiones patrimoniales. Según un informe de la Intervención, 51 millones corresponden a anulaciones por prescripción y el resto, a prescripciones por sentencias que anulaban el sistema de liquidación utilizado. Como no se hacía una nueva liquidación antes de seis meses, la anterior caducaba.

Según explican los inspectores despedidos, cada uno de ellos liquida un millón de euros de media al año, por lo que su ausencia se traducirá automáticamente en una caída de la recaudación.

65 nuevos técnicos con 4.000 euros menos de sueldo

La Consellería de Hacienda lo niega. Dice que este mismo mes tomarán posesión 12 nuevos funcionarios, procedentes de una oposición cuyo tribunal fue recusado y los exámenes impugnados por algunos de los candidatos. La convocatoria, además, está destinada a crear un nuevo cuerpo técnico de carácter tributario, con categoría inferior, A2, a la que tienen los interinos despedidos. Al final de año está previsto que se incorporen otros 12 técnicos tras la correspondiente oposición. En total, indica un portavoz de Hacienda, en los dos próximos años se habrán creado 65 plazas de técnicos tributarios.

Los interinos denuncian que la Generalitat pretende así sustituir a funcionarios A1, más caros, por otros con menores salarios que harán el mismo trabajo que ellos llevaban a cabo hasta ahora: unos 400 euros menos al mes. Es más, al tiempo que se han convocado las plazas para los A2, con una rebaja del nivel 24 –el que tenía n los interinos despedidos– al nivel 20, se ha subido el nivel del puesto –del 24 al 26– a los inspectores funcionarios del grupo A1. “Nos han reconocido que, con lo que se van a ahorrar en sueldos despidiéndonos y sustituyéndonos por funcionarios del grupo A2, van a aumentarles el complemento de destino a los 22 inspectores de carrera del grupo A1”, protesta Miriam Jiménez, una de las interinas despedidas.

Bolsa temporal de empleo sólo para los interinos

A ambas convocatorias la Conselleria de Hacienda ha “invitado” a presentarse a los interinos despedidos y, de hecho, la mayoría de ellos han hecho los exámenes. De esta manera, se les ha incluido en una bolsa de empleo del que se les seleccionará para cubrir, de forma temporal, las mismas plazas que acaban de abandonar y por casi 4.000 euros menos al año. Según dicen, para enseñar a los 12 nuevos técnicos tributarios su nuevo trabajo y luego volver a quedarse en la calle.

Para llevar a cabo esta sustitución, la Generalitat puso encima de la Mesa Sectorial de la Función Pública una propuesta que sólo firmó el sindicato UGT. El resto, CCOO, CSI-F e Intersindical Valenciana, lo ha rechazado, criticando la amortización de las plazas de los interinos y la bajada de sueldos de una categoría mientras se aumenta la de otra, así como las “amenazas y presiones” sufridas por los ahora despedidos durante los dos últimos años.

“Vamos a recurrir la bolsa que han creado exclusivamente para los interinos”, advierte Vicente Soler, responsable de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CCOO en la Comunidad Valenciana. Para entrar en esa bolsa temporal, uno de los requisitos es, precisamente, haber sido interino. La bolsa se cerrará cuando se cree otra, la correspondiente a la primera oposición para los técnicos del grupo A2 que empiezan a trabajar este mes. CCOO entiende que se trata de un proceso irregular y que la bolsa debería ser libre.

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Cuatro oposiciones, siete aprobados

Los despedidos recuerdan que entraron en la Administración como inspectores “de urgencia”, tras una oposición convocada en 1999 para cubrir la falta de personal en la Dirección General de Tributos. Hasta ese momento, su trabajo lo llevaba a cabo personal laboral contratado, una situación que la Inspección de Trabajo consideró entonces ilegal. La condición de urgencia se ha prolongado hasta hoy. En los últimos 14 años sólo se han convocado cuatro oposiciones, en las que únicamente aprobaron siete personas. “El nivel de exigencia era muy alto, desorbitado”, tercia Vicente Soler, quien cree que era intencionada la dificultad de la convocatoria. “Había mucho interés en que nadie aprobara: así se presiona mejor y más fácilmente a los interinos que no tienen nunca asegurado el puesto”, apunta.

“Buscan que se les funcionarialice, ser funcionarios de golpe, sin haber aprobado la oposición”, replica el portavoz de la Consellería de Hacienda, quien asegura que los interinos se negaron a inscribirse en la bolsa temporal. Ellos lo niegan. De hecho, en la lista de presentados, admitidos y excluidos publicada por la Generalitat figuran 28 de los 37 despedidos. Hacienda explica que el plan está “inspirado” en el modelo con que trabaja la Agencia Tributaria estatal, donde existen dos niveles: inspectores y técnicos. “Y donde no hay ni un solo interino”.