GOBIERNO EN FUNCIONES

Presupuestos prorrogados: ni inversiones, ni subvenciones pero más riesgo para el objetivo de déficit

El Congreso aprueba definitivamente los Presupuestos de 2016 ante las críticas de la oposición

Los Presupuestos Generales del Estado serán prorrogados automáticamente este sábado, tal y como establece la Constitución para cuando el Gobierno no puede enviar al Parlamento el proyecto de las cuentas del año. El Ejecutivo sigue en funciones, así que no puede presentar proyectos de ley. Este último viernes de septiembre, en lugar de aprobar el proyecto de ley de Presupuestos como venía siendo habitual todos los años, el Consejo de Ministros firmará un decreto-ley que pretende paliar en parte la ausencia de cuentas. Incluirá el aumento del pago adelantado del impuesto de sociedades a las empresas que facturan más de 10 millones de euros y será enviado a Bruselas antes del 15 de octubre una vez convalidado en el Congreso.

Por eso el Gobierno lleva tiempo negociando con los grupos parlamentarios no sólo los cambios en el impuesto de sociedades sino también otras medidas económicas que considera urgentes, apremiado por la falta de Presupuestos y las exigencias de Bruselas: la previsión de ingresos que corresponderán a las comunidades autónomas e incluso la revalorización de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios.

Y es que la prórroga de los Presupuestos obliga al Gobierno a funcionar con el traje del año anterior, que de hecho se convertirá en un corsé. “La congelación presupuestaria se traduce en incapacidad para realizar acciones necesarias”, explica Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, “si [el Ejecutivo] quiere poner en marcha una política diferente de la del ejercicio anterior, no puede; tampoco puede modificar la estructura del gasto y tendrá dificultades para cambiar los ingresos”.

En efecto, con las cuentas estiradas un año más, quedan congeladas las inversiones y las subvenciones, el gasto en dependencia o en prestaciones de desempleo se mantendrá en los niveles del ejercicio actual independientemente de que las necesidades puedan ser mayores el próximo, las comunidades autónomas tendrán más problemas para elaborar sus propios presupuestos…

El adelanto del impuesto de sociedades, insuficiente

Pero sobre todo, resalta Ignacio Zubiri, la mayor dificultad vendrá del lado de los ingresos. “El Gobierno peca de ingenuidad si piensa que sólo con aumentar el adelanto del impuesto de sociedades va a cumplir el objetivo de déficit”, advierte. Este mismo jueves el Banco de España hizo públicas sus previsiones de déficit: un 4,9% este año, tres décimas por encima del fijado; un 3,6% en 2017 –cinco décimas más–, y el 3,1% en 2018 –nueve décimas más–.

Consciente de la parquedad de la medida, el Ejecutivo ha ampliado el alcance de la reforma que se aprobará este viernes. Así, el aumento del pago adelantado se aplicará a las empresas que facturan más de 10 millones de euros, pese a que en un primer momento el Gobierno anunció que se limitaría a las que superaran los 20 millones. Además, el adelanto será del 25% del resultado contable para los bancos y compañías petrolíferas, y del 23% para el resto. La reforma fiscal había rebajado esa cifra al 12%.

Finalmente, la medida tendrá carácter permanentecarácter permanente, no se limitará a este ejercicio, con lo cual lo que en principio se limitaba a un adelanto cuya diferencia con la declaración final del impuesto se podía compensar en la liquidación del siguiente ejercicio, se convierte en una subida de impuestos real. En total, se verán afectadas 9.000 empresas, más del doble de las inicialmente previstas. El objetivo de recaudación también ha engordado de los 6.000 millones de euros originales a 8.000 millones.

Hay que recordar que la recaudación del impuesto de sociedades se ha hundido este año. La Agencia Tributaria ha ingresado hasta julio siete veces menos que en 2015 por culpa de la reforma fiscal, pese a que las ganancias empresariales repuntan y empiezan a coquetear con las cifras precrisis.

“Desastre económico”

El catedrático vasco asegura que la prórroga del Presupuesto se puede convertirse en un “desastre económico desde el punto de vista presupuestario”, sobre todo si se tarda mucho en formar un nuevo Ejecutivo. De tal forma que corre peligro el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Si no aumenta los ingresos, la única manera de contener el déficit que le queda al Gobierno es recortar aún más el gasto, apunta Ignacio Zubiri. “Y el gasto ya se ha recortado bastante”, indica, “España es el país número 21 de Europa por el porcentaje de gasto público respecto de su PIB, estamos más de cinco puntos por debajo de la media de la UE, que es del 49%”.

Tampoco puede el Ejecutivo cambiar la “estructura” de ese gasto. Si le sobra de un capítulo no puede dedicar el sobrante a otro. La congelación impide la mínima flexibilidad.

Así que Zubiri apunta como única solución la subida de impuestos, una decisión que deberá tomar el nuevo Gobierno. Y coincide con él Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universitat de Barcelona. “Si no, no saldrán las cuentas, no se puede ajustar todo por el lado del gasto, tiene un límite”, resume.

Ignacio Zubiri cree que, en épocas de estabilidad, prorrogar los Presupuestos no supone mayor problema, pero en años de crisis, con el paro en cifras de récord, el déficit fuera de límites y las comunidades polemizando por la financiación, congelar las cuentas resulta “especialmente perjudicial para la economía”. Los Presupuestos del Estado fueron prorrogados en 1982, 1989, 1995 y 2012. También comunidades autónomas como Asturias llegaron a prolongar sus cuentas hasta en cinco ejercicios. Cataluña lleva seis años consecutivos haciéndolo.

Seis meses perdidos

La prórroga, como la establece la Constitución, es indefinida, hasta que se apruebe el proyecto de ley de los nuevos Presupuestos. En el caso de 2012, no hubo nuevas cuentas hasta el último día de junio de ese año. “Es decir, para cuando se apruebe, el Gobierno habrá perdido seis meses de ingresos”, alerta Ignacio Zubiri, “y para recuperarlos tendrá que hacer virguerías”.

“Medidas serias” reclama por tanto el catedrático vasco, que difícilmente podrán tomarse recurriendo a decretos-ley. Un Gobierno en funciones sólo puede despachar asuntos “ordinarios”, a no ser que se trate de casos “urgentes” o de “interés general”. Esos decretos-ley, además, deben ser luego convalidados por el Parlamento y, si el PP en el Gobierno carece de mayoría absoluta, tiene que recabar el apoyo del resto de los grupos. De ahí las negociaciones que está manteniendo estos días para asegurarse la aprobación de la reforma del impuesto de sociedades. Otro tanto tendrá que hacer con las pensiones y el sueldo de los funcionarios.

La ley establece un alza del 0,25% de las pensiones mientras las cuentas de la Seguridad Social incurran en déficit –lo que lleva ocurriendo desde 2012–, pero CCOO y UGT reclaman que se aumenten por encima del IPC –que este mes ha alcanzado el 0,3%–. También piden al Gobierno que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una decisión que se incluye en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio y que este año, por tanto, queda en el aire.

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Efectos a largo plazo

Al nuevo Ejecutivo se traslada no sólo la hipotética subida de impuestos que le reclaman Zubiri y Bosch, sino también los 5.000 millones de euros que Bruselas exige recortar a España para cumplir el objetivo de déficit y evitar posibles multas. La prórroga de los Presupuestos librará al Gobierno de aplicar la tijera en los primeros seis meses de 2017, pero no impedirá que deba hacerlo inmediatamente después.

Si el Ejecutivo se aviene a revalorizar las pensiones y subir el sueldo a los funcionarios –el pasado martes el PP fue el único partido que votó en contra de una proposición no de ley que instaba al Gobierno a hacerlo–, los ciudadanos no notarán en principio la ausencia de Presupuesto. Pero a largo plazo sí tendrá consecuencias la congelación de las inversiones, por ejemplo, en infraestructuras o en investigación y desarrollo. Ignacio Zubiri cree que la prórroga de las cuentas del Estado tendrá un “efecto piramidal”, la parálisis se irá extendiendo al resto de las administraciones. Si las comunidades autónomas no saben cuánto dinero les va a corresponder de los anticipos del IRPF y el IVA que reciben, no podrán elaborar sus propios presupuestos, explica Núria Bosch, y de ellas depende la mayor parte del gasto en sanidad y educación.

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