Defensa no recurrirá la sentencia que le condena a indemnizar a una secretaria interina

El Ministerio de Defensa no va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le condena a pagar una indemnización de 20 días por año trabajado a una secretaria interina a la que despidió. “Acatamos la sentencia”, han indicado fuentes del departamento que dirige Pedro Morenés, la primera que reconoce a los interinos el derecho a ser compensados en la misma cuantía que un trabajador indefinido con un puesto equivalente.

Defensa deberá ahora abonar a su exempleada un total de 6.142 euros por haber trabajado durante siete años y dos meses sustituyendo a una liberada sindical.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya se mostró partidaria la víspera de que se publicara el fallo del TSJM de indemnizar a los interinos de las administraciones públicas. Y se remitió al pacto de investidura firmado por PP y Ciudadanos que propone una indemnización creciente –de 12 a 20 días según la antigüedad– para los trabajadores temporales. También defendió que se mejore el empleo en la sanidad y educación públicas porque “no hay ninguna razón para que estos sectores no tengan más estabilidad”. Pero recalcó que su campo de actuación es, de momento, limitado, al encontrarse el Gobierno en funciones.

En principio, la discrepancia política en torno al fallo es mínima. La Comisión de Empleo aprobó este miércoles por unanimidad crear “de forma inmediata” una mesa de diálogo para adaptar las leyes laborales españolas al reciente dictamen del Tribunal General de la UE cuyos criterios ha asumido el TSJM en su sentencia sobre la interina de Defensa.

A raíz de ese fallo, los sindicatos se han apresurado a ofrecer a los interinos sus asesorías jurídicas si quieren reclamar en los tribunales las indemnizaciones que les corresponden. Prevén centenares de demandas. Según CSI-F, la interinidad en las administraciones públicas alcanza una media del 11%, pero llega hasta el 20% en la educación, la sanidad o la justicia. La Encuesta de Población Activa (EPA) cifra en 276.800 el número de personas que ocupan un puesto temporal en las administraciones públicas para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador.

Por su parte, UGT calcula que son 170.000 los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, un 35% de la plantilla, que se encuentran en “situación de precariedad” y uno de cada cuatro los de la enseñanza no universitaria.

El sindicato CSI-F denuncia, además, que la contratación de interinos se ha disparado en los últimos tres años: ahora hay 81.400 personas más respecto al segundo trimestre de 2013, a razón de 74 nuevos interinos cada día.

Los interinos no son indemnizados

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el pasado septiembre que no existe razón objetiva para discriminar a los interinos de los indefinidos no fijos de las administraciones públicas en lo que a la indemnización se refiere. Cuando son despedidos, por tanto, deben cobrar la misma compensación: 20 días si es por causas objetivas –económicas, organizativas o de producción–y 33 días si el juez lo considera improcedente. Hasta ahora, los interinos no percibían indemnización alguna, a diferencia de los contratados temporales, que son compensados con 12 días por año trabajado.

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Ésa es el criterio que ha asumido ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la UE sobre el despido de la secretaria interina de Defensa.

El caso es que la argumentación que hace el Tribunal europeo en su sentencia permite extender la equiparación de indemnizaciones al resto de los trabajadores con contrato temporal. Aunque ese salto no lo dan por hecho ni Empleo ni el PP ni la CEOE, sí lo han dado ya los sindicatos y muchos expertos laborales. Tanto los empresarios como UGT y CCOO piden al Gobierno que tome cartas en el asunto, pero por motivos distintos.

Los primeros, para no dejar en manos de los jueces lo que puede terminar siendo un aumento generalizado de las indemnizaciones de despido y, en cualquier caso, acotar su cuantía. Los segundos, que reclaman un decreto-ley urgente, para consagrar el derecho que el Tribunal de la UE acaba de conceder a los 2,9 millones de empleados temporales que hay en España.