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EJECUTIVO EN FUNCIONES

El Gobierno envía a Bruselas un Presupuesto con una previsión de ingresos “muy prudente y conservadora”

  • El recorte de 5.000 millones de euros que exige la UE es una medida que deberá tomar el nuevo Ejecutivo, anuncia la vicepresidenta
  • El Gobierno prevé aprobar en noviembre un decreto ley con el alza de las pensiones y los salarios públicos, y el nuevo techo de gasto
  • Estudia si vetará la proposición de ley apoyada por toda la oposición menos Ciudadanos para subir las pensiones un 1,2%

infoLibre Publicada 14/10/2016 a las 14:03 Actualizada 14/10/2016 a las 15:09    
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La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

J. LIZÓN
El Gobierno tiene previsto aprobar en noviembre un decreto ley, con medidas de naturaleza presupuestaria, como la actualización de las pensiones y los salarios públicos, si Mariano Rajoy resulta investido como presidente en el mes de octubre. También incluirá el techo de agosto. Mientras, ha enviado a Bruselas los Presupuestos prorrogados de 2016 para el próximo ejercicio. Los 5.000 millones de recortes que exige la UE será tarea del nuevo Gobierno, ha anunciado la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al informe sobre el Plan Presupuestario y de Acción Efectiva, que supone la prórroga de los Presupuestos de 2016 y recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del déficit este año y en 2017.

Sáenz de Santamaría ha explicado los pasos que seguirá el Gobierno en los dos posibles escenarios que se plantean ahora mismo en función de si Mariano Rajoy resulta investido como presidente antes de que acabe el mes de octubre o no, informa Europa Press.

En caso de que no se produzca la investidura, Sáenz de Santamaría ha recordado que ya se está tramitando el proyecto de ley para cambiar de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, que podría estar aprobado en torno al próximo 25 o 26 de octubre, dependiendo de si los grupos parlamentarios presentan enmiendas en el Senado y de que cuente con mayoría absoluta en el Congreso.

Así, en el supuesto de que Rajoy no consiga los apoyos necesarios para volver a ser el presidente del Gobierno, el Ejecutivo en funciones aprobaría el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones territoriales, eso sí, sin techo de gasto del Estado al no contar con capacidad presupuestaria para ello.

Posteriormente se prorrogarían para 2017 las cuentas de 2016 y el Gobierno en funciones tendría que estudiar las alternativas legales posibles para adoptar determinadas medidas de carácter presupuestario, como las referidas a la revalorización de las pensiones y los salarios de los empleados públicos.

En el otro caso, si finalmente Rajoy resultase investido presidente a finales de este mes, el Gobierno podría aprobar "probablemente en noviembre" los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y los límites de gasto de todas las administraciones y de gasto financiero del Estado –el llamado techo de gasto–, como paso previo a la elaboración de los Presupuestos de 2017.

Para ello, los objetivos tendrían que pasar primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y a continuación por el Consejo de Ministros.

De producirse esta situación, ha indicado Sáenz de Santamaría, el Gobierno contaría con "mucha capacidad" para dar luz verde a un decreto ley con medidas de naturaleza presupuestaria, dependiente de los "pactos pendientes", con lo que podría proceder a la actualización de las pensiones y los salarios públicos.

'Informe de acción efectiva' a Bruselas

El informe de acción efectiva, aprobado este viernes y que recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del déficit este año y el siguiente, será remitido a Bruselas este sábado, cuando concluye el plazo para enviarlo a la Comisión Europea.

Ese informe resume las medidas aprobadas para reducir el déficit, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016 y el aumento del Impuesto de Sociedades para recaudar 8.300 millones de euros más.

La vicepresidenta confía en que el decreto ley de reforma del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor el pasado 30 de septiembre, pueda ser convalidado en el Congreso el próximo 20 de octubre, según ha acordado la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Junto con el informe de acción efectiva, el Gobierno también remitirá a Bruselas el plan presupuestario de 2017, que supone básicamente la prórroga de los Presupuestos de 2016, pero con previsiones de ingresos "muy prudentes y conservadoras" para el próximo año.

La vicepresidenta apuntó que posteriormente debe ser el nuevo Gobierno quien adopte las medidas que considere oportunas para cuadrar el déficit público de 2017, ya que un Ejecutivo en plenitud de funciones podrá aprobar después unos nuevos Presupuestos para el próximo año.

De momento, el texto que se enviará a Bruselas establece un déficit público del 3,6%, medio punto por encima del objetivo comprometido con Bruselas, ya que el Gobierno no puede elaborar un plan presupuestario con cambios de política fiscal o económica, y se mantiene en el 2,3% el crecimiento previsto para el próximo año. Será el nuevo Gobierno quien tendrá que adoptar medidas adicionales por importe de unos 5.000 millones de euros (medio punto del PIB) para dejar el déficit de 2017 en el 3,1% acordado con la Comisión.

Pacto de Toledo para un asunto de Estado: las pensiones

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado este viernes a la oposición que no se haya esperado a la convocatoria de la Comisión del Pacto de Toledo y haya registrado en el Congreso una proposición de ley, apoyada por todos los grupos menos por Ciudadanos, para revalorizar las pensiones de 2017 por encima de la inflación.

"Lo oportuno hubiera sido esperar a la convocatoria del Pacto de Toledo y abordar en él cuantas medidas los Grupos quieran plantear porque [las pensiones y su sostenibilidad] es uno de los grandes asuntos de Estado y debe analizarse desde un punto de vista más amplio", ha dicho la vicepresidenta en funciones.

En esta proposición de ley, registrada el pasado jueves en el Congreso, se establece un aumento de las pensiones para 2017 del 1,2%, coincidente con la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) prevista por el Gobierno.

En caso de producirse una tasa media de inflación superior a lo largo del año, se aboga por que las pensiones también suban de acuerdo con esa subida. En el texto se señala que la medida será financiada con cargo directo a los Presupuestos Generales del Estado y que la ley que los fije debe incluir la previsión de gasto.

Además, la proposición también prevé la convocatoria inmediata de la Comisión del Pacto de Toledo tras su aprobación, a fin de explorar una fórmula que garantice el equilibrio entre ingresos y gastos en la Seguridad Social, mejore los ingresos por cotizaciones e incluya fuentes de financiación adicionales para el sistema.

La proposición suma a priori mayoría absoluta –178 votos–, pero su tramitación depende de que el Gobierno acepte que sea debatida, ya que tiene derecho de veto para aquellas iniciativas legislativas que considera que suponen merma de ingresos o aumento de gasto presupuestario.

En este sentido, la vicepresidenta en funciones ha indicado que los departamentos afectados por esta iniciativa legislativa la analizarán y realizarán los informes pertinentes para determinar si corresponde vetarla o no.




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