Las malas noticias que esconden algunos índices económicos para pensionistas y perceptores de ayudas públicas

El Índice de Precios al Consumo (IPC) cierra 2016 en el 1,5% –un incremento de ocho décimas respecto al registrado en el mes de noviembre–, según el dato avanzado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque todavía es un cálculo preliminar –el definitivo se dará a conocer en enero–, de confirmarse, la tasa interanual del indicador económico encadenaría cuatro meses consecutivos en positivo, volviéndose a situar en los niveles de agosto de 2013.

El IPC comenzó 2016 desplomándose –en enero se situaba en el -0,3% y en febrero y marzo en el -0,8%–, alcanzando su mínimo anual en abril (-1,1%). Los precios daban un respiro y la cesta de la compra salía más barata. Sin embargo, a partir de marzo comenzaron a repuntar poco a poco y el indicador fue aumentando hasta alcanzar valores positivos en septiembre (0,2%), octubre (0,7%) y noviembre (0,7%). A pesar del aumento, el IPC lleva casi cuatro años sin situarse por encima del 2%.

El aumento del precio de los carburantes

"Este incremento se explica, principalmente, por la subida de los precios de los carburantes frente a la bajada que experimentaron el año pasado", señala el INE. El precio del barril de brent cerró 2015 costando 20 dólares menos que al comienzo de año –pasó de los 56 dólares en enero a los 37 a cierre de diciembre–. Un terreno que se ha ido recuperando a lo largo de este año –termina 2016 en torno a los 57 dólares– al ritmo de los recortes de producción de la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP).

Habrá que esperar hasta el mes de enero para conocer el desglose del indicador. Sin embargo, para Javier Santacruz, economista e investigador en la Universidad de Essex, además de los carburantes han podido tener una influencia importante en el IPC otros dos factores. En primer lugar, señala, las materias primas, "que están empezando a subir de precio". Pero, por otro lado, añade que también han podido influir "los procesos monetarios". "Cada vez va entrando más dinero en circulación, por ejemplo en forma de créditos bancarios, y eso lleva aparejada una subida de precios".

Pérdida de poder adquisitivo

Los pensionistas son los principales afectados por este incremento. Con una subida del IPC del 1,5% y una revalorización de las pensiones de sólo el 0,25% a comienzos de año, han perdido, según denunció este viernes CCOO, 1,25 puntos de poder adquisitivo en 2016. Habría que retrotraerse a 2011 y 2012 para observar recortes de mayor envergadura. En el primer caso, las pensiones estaban congeladas y la inflación cerró en el 2,4%. En el segundo, subieron un 1% y la inflación se situó en el 2,9% –una pérdida de poder adquisitivo de casi dos puntos–.

"Este año, nuestros mayores han sufrido un recorte del 1,25% de las pensiones", coincide en quejarse María del Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la UGT. En conversación con infoLibre, la dirigente sindical sostiene que es "intolerable" que el crecimiento económico que está experimentando la economía española "no esté repercutiendo en los salarios y las pensiones" de los españoles.

En este sentido, critica que el Gobierno no "mueve ficha", algo que constata, añade, "el malísimo inicio del diálogo social". Sin embargo, desde el Ejecutivo niegan una pérdida de poder adquisitivo: "La inflación media de 2016 se ha situado en el -0,2% y, por tanto, este año no se ha producido pérdida de poder adquisitivo de las rentas en general y de los pensionistas y funcionarios en particular", indicaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Economía.

"Si son pensionistas, sobre todo de renta baja, y están cerca de la pensión mínima y la mayor parte de su cesta de la compra es de alimentos, están bastante fastidiados", sostiene, por su parte, el economista José Carlos Díez. "Lo que hasta ahora había podido suponer un cierto mantenimiento del poder adquisitivo para los pensionistas, porque las pensiones aumentaban y los precios caían, ahora va a empezar a corregirse", apostilla Ignacio Pérez Infante, miembro de Economistas Frente a la Crisis, que añade que ya se había advertido que esto "iba a suceder".

Sin embargo, el dato del IPC también golpea las carteras de funcionarios y trabajadores. En el caso de los empleados públicos, aunque la subida del sueldo –un 1% en 2016 y se calcula un aumento similar en 2017–, fue más importante que la de las pensiones, este colectivo ha visto reducido su poder adquisitivo en medio punto. Algo más que los trabajadores por cuenta ajena. Si bien el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva establecía una subida salarial del 1,5%, lo cierto es que hasta noviembre el incremento salarial medio pactado por convenio hasta noviembre fue del 1,08% –una pérdida de poder adquisitivo de poco más de cuatro décimas–.

Lo que está por venir

Los economistas consultados por este diario, además, ponen el foco en el nuevo año. "Las predicciones sostienen que la inflación puede alcanzar el 2% en 2017 y el precio del petróleo puede llegar a los 60 dólares", señala Díez. La semana pasada, el Banco de España estimó en su Boletín Económico que el IPC podría alcanzar un pico "por encima del 2,5%" en el mes de febrero y, a partir de ahí, comenzar a reducirse hasta terminar con una media anual cercana al 2%. "En una economía que crece al 3%, hay que tener cuidado con el nivel de inflación, que podría frenarla. Es el impuesto silencioso", añade Santacruz.

Este viernes el Consejo de Ministros aprobó una nueva revalorización de las pensiones del 0,25%. Con estos ligeros incrementos –el mínimo establecido por ley–, Pérez Infante asevera que los pensionistas "seguirán perdiendo poder adquisitivo" durante el próximo año. Por eso, toda la oposición –excepto Ciudadanos– y los dos sindicatos mayoritarios registraron en octubre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que establecía una revalorización de las pensiones del 1,2% –coincidiendo así con la subida del IPC que entonces había previsto el Ejecutivo–.

Sin embargo, el texto también fijaba que si el incremento de la inflación era más del esperado, la revalorización tendría que ser de igual nivel. Sin embargo, la proposición de ley fue vetada por el Ejecutivo y el aumento será finalmente el mínimo. "Pretenden que la gente se fije en cómo el Gobierno está recortando las pensiones para que empiecen a pensar en los fondos de pensiones privados que se están fomentando", critica la secretaria de Política Social de la UGT.

De cara al próximo año, además, habrá que prestar atención a la nueva negociación colectiva. Las centrales sindicales piden un incremento salarial que oscile entre el 1,8% y el 3%, que permitiría a los trabajadores, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España, no perder poder adquisitivo. Sin embargo, desde las patronales hablan de un aumento que gire alrededor del 1,2%. "Gobierno y patronal tienen que ser conscientes de que el incremento de los salarios es fundamental para afianzar nuestro crecimiento económico y la generación de empleo", apuntaron el pasado miércoles desde la UGT.

Los pensionistas pierden poder adquisitivo por segundo año consecutivo

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Iprem congelado

Además, durante 2017 también permanecerá congelado el baremo que determina el acceso a las ayudas públicas. Según informó este viernes El Confidencial, el Ejecutivo de Mariano Rajoy seguirá sin aumentar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), índice que determina el acceso de los españoles a las ayudas públicas –cuanto más elevado sea, más personas tendrán derecho, por ejemplo, a becas o ayudas para el alquiler o compra de vivienda–. Actualmente se encuentra en 532,51 euros mensuales y lleva sin tocarse desde 2009.

El Iprem sustituyó en 2004 al Salario Mínimo Interprofesional como baremo. Por eso, la decisión de incrementar el SMI en 2017 un 8% –pasará de los 655,20 euros al mes actuales a 707,6 euros– no tendrá ningún efecto sobre la concesión  de ayudas públicas. Según sostiene Barrera, el aumento del Iprem sería otra de las cartas que pondría sobre la mesa de UGT en las negociaciones con el Ejecutivo. "Si hubiera un diálogo social en condiciones...", lamenta. Pérez Infante y Díez coinciden también en la necesidad de un incremento. "Tendría que aumentarse al mismo ritmo que el SMI. Mantenerlo, sería una tragedia", sentencia el miembro de Economistas Frente a la Crisis.