La auditoría de costes del sector eléctrico: qué sacaría a la luz la investigación que rechaza el Gobierno

La escalada de los precios de la electricidad durante las últimas semanas ha puesto todas las miradas sobre el mercado eléctrico en España. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, compareció la semana pasada en el Congreso, donde insistió en que estas subidas son cíclicas, señaló que el fenómeno no es "ni extraordinario, ni récord" y cerró la puerta cualquier cambio del mercado marginalista de la electricidad –muy puesto en cuestión recientemente–, ya que considera que es "transparente, evidente y claro".

Sus explicaciones, sin embargo, no convencieron a la mayor parte de los grupos de la oposición. Con mayor o menor persistencia, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Compromís y Coalición Canaria defendieron la necesidad de poner en marcha una auditoría del conjunto de los costes integrados en la tarifa energética y, en concreto, de los costes reales de generar electricidad, que suponen en torno al 35% de la factura. 

Varios diputados pusieron encima de la mesa la idea de que la desconfianza que genera el sistema en los consumidores es consecuencia, en parte, del hecho de que cinco grandes empresas –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo– se encarguen de producir y venderse a ellas mismas la energía. Esas mismo cinco compañías controlan, además, el 95% del mercado doméstico. La transparencia, señalaron, es el mejor antídoto contra esa desconfianza. 

El ministro Nadal, sin embargo, se opuso de manera frontal a la propuesta de realizar una auditoría del sistema. Argumentó que ese trabajo ya se hizo en 2013, si bien en aquel momento lo que se realizó fue un estudio sobre los nuevos parámetros de retribución de las renovables. No se analizó el sistema en su conjunto. Ante la mayor crisis se precios desde 2013, el titular de Energía se limitó a confiar en que el precio de la luz baje "pronto", al normalizarse "poco a poco" la situación del mercado mayorista de electricidad.

Los expertos consultados por este diario coinciden en ese diagnóstico sobre la "falta de transparencia" del sistema. Aunque con algunos matices, están de acuerdo también en que realizar sendas auditorías tanto de los costes reales de generar electricidad, como de los pagos regulatorios que han recibido las empresas eléctricas, sería útil para evaluar el sistema y ver qué reformas necesita. Recuerdan, en cualquier caso, que no se trata de una auditoría contable de las empresas, algo a lo que ya están obligadas legalmente. 

infoLibre analiza con la ayuda de cuatro expertos del sector en qué debería consistir esa auditoría: 

  01. Los costes de generación 

El coste de generación de la electricidad supone en torno al 35% de la factura. No obstante, este porcentaje ha estado en boca de todos en los últimos días pues su aumento ha sido el culpable de la reciente escalada de precios, dado que el resto de costes fijados por el Gobierno están congelados. El llamado mercado mayorista –en el que se fijan estos precios– está referenciado al precio de la energía más cara, que son el carbón y el gas. Es decir, es un mercado con un solo precio para toda la electricidad con independencia de cuál sea la tecnología y la fuente energética desde la que se genera.

Las fuentes consultadas coinciden en la "opacidad" sobre cuánto cuesta realmente generar la energía en España. No obstante, al tratarse de un mercado liberalizado, hay disparidad de opiniones sobre hasta qué punto sería posible realmente llevar a cabo una auditoria en este ámbito. De hacerse, el objetivo sería tratar de reproducir la vida económica de las diferentes instalaciones, al menos, desde la liberalización del mercado. Pero para ello las fuentes consultadas admiten que hace falta un cambio regulatorio. Los encargados de hacerlo, señalan, podrían ser los funcionarios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables y experto en regulación, considera que sería interesante conocer "tecnología a tecnología" cuáles son los costes medios a los que se enfrentan. "El problema es que a centrales sobradamente amortizadas, como las nucleares, que además no reportan sus costes desde principios de los años noventa, se les aplica el mismo precio que a otras", señala.

Natalia Fabra, catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y experta en sector eléctrico, coincide en que la regulación vigente en el mercado eléctrico español sobreretribuye la electricidad generada en las centrales nucleares e hidroeléctricas. "De restituirse el marco jurídico en el que se llevaron a cabo las inversiones en estas centrales, se liberarían entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales que permitirían retomar las inversiones necesarias para llevar a cabo la transición energética sin presionar al alza el coste de la electricidad para hogares e industria", asegura. Pero para eso hace falta también hacer una auditoría. 

A este respecto, la diputada del PSOE Pilar Lucio recordó el pasado 26 de enero en la Comisión de Energía del Congreso que la Comisión Europea ya alertó en un informe de 2012 que, en el caso del mercado español, "una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras tales como las centrales nucleares y las grandes centrales hidroeléctricas ya amortizadas". La parlamentaria aseguró, en este sentido, que su grupo disponía de evaluaciones que hablan de unos sobrecostes "que oscilan entre los 2.300 y los 3.300 millones de euros". 

Luis Villar, presidente de la consultora Gestión de Energía, ve difícil que se pudiera hacer una auditoría de estos costes, pues se trata de un mercado liberalizado. No obstante, sí admite que el hecho de que sean únicamente cinco las empresas que producen y se venden a ellas mismas la energía puede estar dando lugar a concertaciones de precios. "Eso no se puede auditar, aunque sí investigar, pero es muy complicado de demostrar", señala. 

Por otro lado, Javier García Breva, exdirector del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía (IDAE), recuerda que también hay opacidad en los costes de las materias primas. Por ejemplo, los contratos privados de suministro de las empresas del sector gasista en terceros países son secretos. "Si no se conoce el precio al que las compañías españolas compran el gas a terceros, difícilmente se puede hacer una auditoría de costes del sector", indica. García Breva recuerda que este es un tema relevante, pues las dificultades de suministro del gas argelino han sido unas de las causas que, según el ministro de Energía, han contribuido a que suban los precios.

  02. Los costes regulados 

La otra gran parte de la tarifa que pagan los consumidores es la correspondiente a los llamados costes regulados, que son los que fija el Gobierno. En este bloque se incluyen los incentivos a las renovables, el coste de las redes de distribución y transporte y otro gran apartado con varios pagos regulatorios. Entre otros, los pagos por capacidad (ayudas a las centrales de carbón, gas y nucleares por garantizar la estabilidad de sistema), el servicio de interrumpibilidad (pagos a los grandes consumidores de luz a cambio de detener su actividad en picos de demanda), o el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes por producir electricidad que se reconocen a las empresas y los ingresos). El usuario acaba pagando por todos estos conceptos en el recibo, aunque de forma aplazada. 

Hasta el año 2006 también formaban parte del último bloque de otros pagos regulatorios los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), que es la garantía de 8.664 millones de euros que el Estado pactó en 1997 que las empresas eléctricas recibirían a través del recibo de la luz por las distorsiones que pudiera crearles el paso al mercado liberalizado. Natalia Fabra explica que la ley no preveía que las empresas recibieran a través del mercado más pagos de los previstos en la regulación vigente cuando llevaron a cabo las inversiones y que por eso se previó una revisión a los diez años.

Sin embargo, esa revisión nunca se hizo y los CTC se cancelaron antes de tiempo, en 2006, al entender del entonces Gobierno socialista que estaban generando "distorsiones" en los precios. La antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) certificó en 2008 que las empresas habían percibido 3.396 millones de euros por encima del máximo marcado por la ley. Sin embargo, ningún Gobierno se ha atrevido desde entonces a exigirles su devolución.

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No obstante, Fabra considera que todavía se está "a tiempo" de hacer una revisión que es necesaria para que se liquide el exceso cobrado. "Puede haber dudas sobre la cuantía exacta, pero no sobre el hecho de que el mercado ha supuesto beneficios regulatorios a las empresas", sentencia. García Breva, por su parte, sostiene que los CTC han supuesto el "segundo rescate" de las eléctricas tras la compensación de 5.717 millones de euros –repercutidos en el recibo durante 19 años– a Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola por la paralización de tres centrales nucleares. 

En conjunto, los expertos mantienen que algunos de estos costes regulados son "cuestionables", por lo que defienden que sería positivo hacer una auditoría que, además, creen que serviría para restaurar la confianza en el sistema energético. Morales de Labra, por ejemplo, cuestiona que los pagos por capacidad o que la interrumpibilidad se prorroguen año a año sin tener una realidad física y de mercado que justifique por qué se siguen otorgando. "¿Si no se utiliza la interrumpibilidad por qué pagamos por ello?", se pregunta. 

Luis Villar, de la consultora Gestión de Energía, también considera que sería interesante auditar si el destino de los citados costes regulados es el debido. Por otro lado, a su juicio, también sería relevante auditar las otras actividades reguladas como son los costes de distribución y transporte, que realizan Red Eléctrica Española y otras distribuidoras. "Nos vendría a todos muy bien saber si esas actividades se están remunerando como se debe".