El mercado de la energía
Pequeñas comercializadoras de luz reciben el 78% de las multas por malas prácticas
Las autoridades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han sancionado en las últimas semanas a cuatro de las cinco comercializadoras de referencia tras haber acreditado que no respetaron el procedimiento que marca la ley y no contaron con el consentimiento de los clientes para formalizar nuevos contratos. El regulador reclama 100.000 euros a Endesa Energía, 30.000 a Iberdrola Clientes, 10.000 a Gas Natural Servicios y 15.000 a Viesgo Energía. En total, 155.000 euros.
La CNMC resolvió estos expedientes tras recibir siete reclamaciones de usuarios que presentaron sus denuncias directamente ante la Comisión o a través de las oficinas municipales de información al consumidor. Además, el pasado 10 de enero el regulador también sancionó a EDP Energía con una multa de 900.000 euros por aplicar una penalización de 2.400 euros a una empresa por cambiarse de suministrador a pesar de que había cumplido con el preaviso de 15 días establecido.
La CNMC asumió a raíz de la nueva ley del sector eléctrico, que entró en vigor en 2014, las competencias de la Oficina de Cambios de Suministrador (OCSUM), la sociedad mercantil independiente creada para supervisar los cambios de suministrador conforme a los principios de "transparencia, objetividad e independencia" en el marco de la liberalización de los mercados energéticos. Eso explica que se estén produciendo ahora las primeras multas por esta cuestión.
Las cinco compañías citadas –Endesa Energía, Iberdrola Clientes, Gas Natural Servicios, EDP Energía y Viesgo Energía– son las principales comercializadoras de referencia de energía eléctrica y controlan el 95% del mercado doméstico. Forman parte de los grupos verticalmente integrados, es decir, los que desarrollan simultáneamente actividades de generación, distribución y comercialización.
A pesar de su gran peso en el sector los datos oficiales proporcionados por la CNMC evidencian que no copan la lista de las sanciones impuestas por el regulador en los últimos dos años. De hecho, sólo once de los 51 expedientes que han acabado en multa desde enero de 2015 afectan a alguna de estas cinco empresas. La cuantía total de esas sanciones asciende a 26,2 millones de euros, si bien 25 de ellos corresponden a la multa impuesta a Iberdrola por "una manipulación fraudulenta" de los precios del mercado mayorista entre los días 23 de noviembre y 23 de diciembre de 2013. No obstante, esa sanción se encuentra suspendida cautelarmente por la Audiencia Nacional.
Las cuarenta multas restantes (el 78,4% del total) afectan a pequeñas comercializadoras, que han sido sancionadas con 5,2 millones de euros en este período. Algunos de esos procesos, además de multas económicas, acabaron en inhabilitaciones temporales para las compañías. La explicación a este hecho, relatan a infoLibre fuentes del sector, tiene que ver con las malas prácticas de algunas de ellas detectadas por Red Eléctrica de España (REE) y que llevaron a la CNMC a actuar.
Lo que hacían era vender a sus clientes una energía que no pagaban al operador del sistema. Tampoco hacían frente a las obligaciones de su participación en el mercado o al peaje por el uso de las redes de distribución. Estas compañías se multiplicaron en los últimos años aprovechando los huecos que dejó la liberalización del sector y los agujeros de la normativa, donde se les denomina coloquialmente como eléctricas pirata.
Tipos de sanciones
La mayoría de las 51 sanciones impuestas por la CNMC a empresas del sector de la energía tienen origen en las dos cuestiones citadas anteriormente: infracciones de la ley del sector eléctrico en lo relativo a la protección de los consumidores eincumplimiento de la normativa en lo que tiene que ver con la exigencia para las comercializadoras de comprar la energía suficiente para suministrar a sus clientes.
La primera de esas causas estuvo detrás de las recientes multas a las cinco comercializadoras de referencia. Endesa Energía, Iberdrola Clientes, Gas Natural Servicios y Viesgo Energía fueron sancionadas con 155.000 euros en total por haber formalizado contratos sin contar con el consentimiento de los clientes y EDP por haber penalizado económicamente el cambio de comercializadora de una empresa que sí había cumplido con el preaviso de 15 días que marca la ley.
También Galp Energía España fue sancionada, en este caso con 400.000 euros, por realizar cambios irregulares de suministrador de gas y de electricidad y por ofrecer un teléfono de tarificación adicional para atender las quejas. Por otro lado, la distribuidora de energía eléctrica Hidroeléctrica El Carmen fue sancionada con 50.000 euros por no atender a las solicitudes de cambio de suministrador que le llegaban de distintas empresas comercializadoras. Esta misma compañía también fue multada en otra ocasión con 15.000 euros por no contestar a un requerimiento de información formulado por la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) el 24 de septiembre de 2013.
En relación a la protección de los consumidores, la CNMC también ha multado en los dos últimos años con entre 1.000 y 4.000 euros a seis compañías (Comercial Eólica Suministro de Energía, Nortedison Electric, Electro Soporte Comercial y Gestión, Millaerense de Electricidad, Distribuciones Eléctricas de Gistaín y Elec Vall de Boi) por no disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente. En estos últimos casos, los expedientes se iniciaron a instancia de la CNMC tras haber detectado que estas compañías no les habían facilitado esos números de teléfono.
Las tres primeras, además, ya sufrían sanciones por no haber adquirido en el mercado mayorista la electricidad que suministran a los clientes y no haber presentado las correspondientes garantías. Por esta cuestión la CNMC ha impuesto desde enero de 2015 un total de 23 sanciones que afectan a 17 compañías por valor de 5,2 millones de euros. La más alta es la aplicada a la comercializadora Electro Soporte, que vendió electricidad durante meses a cientos de clientes sin liquidar luego su coste al sistema, creando un agujero de más de 20 millones de euros que acabaron pagando todos los usuarios. La compañía, que también fue inhabilitada durante un año, fue multada con 1,8 millones de euros.
La Ley del Sector Eléctrico establece sanciones que pueden llegar a los sesenta millones de euros en caso de infracciones muy graves; de entre entre 600.001 euros y seis millones, en el caso de las graves; y de hasta 600.000 euros si son leves. No obstante, también establece limitaciones como que la multa no podrá superar el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios de la sociedad infractora. Eso explica que algunas de estas sanciones sean de pocos miles de euros.
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Con la cuestión de las eléctricas pirata más controlada, la CNMC parece estar centrada ahora en acabar con otras malas prácticas comerciales como las que derivaron en las sanciones recientes a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo. Lo confirma a infoLibre un portavoz oficial, quien asegura que sí existe esa "vocación" en el regulador. De hecho, en el blog de la CNMC fue publicada este miércoles una entrada [consultar, aquí] en la que se informa a los consumidores sobre qué vías hay para reclamar en caso de un cambio irregular de compañía.
Lo cierto es que algunas asociaciones de consumidores como Facua y otras entidades sociales vienen denunciando las consecuencias que tienen para los clientes las prácticas agresivas de algunas comercializadoras. Uno de los principales motivos de queja es que muchos clientes han sido llevados al mercado libre (donde, además, no es posible acceder al bono social) atraídos por distintas ofertas, en ocasiones aceptando condiciones contractuales menos beneficiosas que las ofrecidas por la tarifa del mercado regulado, que es la única que permite tener ese descuento del 25% si se cumplen los requisitos del bono social.
Las comercializadoras se defienden asegurando que siempre informan a sus clientes de todas las condiciones en el caso de firmar un nuevo contrato. Sí admiten, no obstante, que las prácticas agresivas de algunos de sus comerciales –que son de empresas subcontratadas– han podido estar detrás de algunos de estos casos, aunque destacan que tienen establecidos "protocolos" y "auditorías" para regular este tipo de conductas.
