Las eléctricas han pasado a 10,8 millones de clientes de la tarifa regulada al mercado libre desde 2009

Las cinco comercializadoras de referencia (Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Viesgo y EDP) han traspasado desde 2009 a 10,8 millones de clientes del mercado regulado, en el que el precio se fija conforme a una tarifa oficial según el coste del suministro, al mercado liberalizado, en el que las empresas venden la energía a precio libre. En la escalada de precios del pasado enero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, recomendó el mercado regulado asegurando que "a largo plazo siempre es más barato". También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha documentado que la tarifa regulada es más económica para el consumidor. 

Desde la plena liberalización del sector, en 2003, cualquier cliente puede elegir un suministrador distinto de su distribuidora local y a un precio diferente al de las tarifas oficiales. Los llamados pequeños consumidores, aquellos con suministros de potencia menor o igual a 10 kW, tienen además la posibilidad de elegir entre dos opciones: el precio cerrado para todo el año que le proponga cualquier compañía del sector o la tarifa que fija el Gobierno y que sólo pueden ofrecer las comercializadoras de referencia (que son a su vez filiales de las cinco generadoras que disfrutan del monopolio de las redes) a través del llamado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). 

Por empresas, Iberdrola es la compañía en la que, en porcentaje, más ha descendido el número de clientes en el mercado regulado, un 59%. Los consumidores con este tipo de contrato pasaron de 9.010.664 en 2009 a 3.689.375 al cierre de marzo de 2017. En contraposición, el número de clientes en el mercado libre creció desde 715.698 en 2009 a 6.012.579 actualmente. El número total de clientes se mantuvo estable alrededor de los 9,7 millones. Un portavoz de la compañía atribuye estas variaciones al "gran esfuerzo de transformación" llevado a cabo por Iberdrola "para promover la libertad de elección de los consumidores y para ofrecerles servicios cada más personalizados". 

El traspaso de la cartera de clientes desde el mercado regulado al libre también ha sido especialmente masivo en Endesa, donde el número de clientes acogidos al mecanismo de fijación de precios establecido por la Administración se ha reducido prácticamente a la mitad en ese período: ha pasado de 10.022.000 en 2009 a 5.593.000 al cierre de 2016 (-44,2%). Al mismo tiempo, los usuarios del mercado libre pasaron de 1.664.000 a 5.423.000. La compañía perdió en los últimos siete años alrededor de 670.000 clientes. 

En el caso de Gas Natural Fenosa, el número total de clientes del mercado regulado se redujo en un 14,8% entre 2009 y 2016 (de 2.716.000 a 2.313.000). En ese período la compañía ha mantenido sus 4,5 millones de clientes eléctricos. Menos peso en el mercado tienen EDP, cuyos clientes acogidos a la tarifa regulada se redujeron en un 46,2% en el período analizado (de 422.252 a 227.000); y Viesgo, donde el número de consumidores acogidos al mecanismo de fijación de precios establecido por la Administración pasó de 657.000 a 226.000 (-65,6%). 

Estas cifras son "lógicas" para las eléctricas, pues entienden que uno de los objetivos de la liberalización era que cada vez más clientes optaran por alguna de las ofertas que les ofrece el mercado libre. "Dado que la materia prima de nuestro negocio tiene el mismo coste para todos los comercializadores (todas las facturas incluyen los mismos impuestos, cargos y peajes de red, el precio de la luz en el mercado mayorista es el mismo para todos…) las posibilidades de diferenciarse en precio son muy pequeñas y la clave para resultar más atractivos que la competencia está en los productos, servicios o ventajas añadidas que cada empresa sea capaz de diseñar y ofrecer", explica un portavoz de Endesa.

Ofertas complejas 

Sin embargo, las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores como Facua o la OCU vienen alertando de que aunque en un principio las comercializadoras puedan ofrecer un descuento por el paso al mercado libre es probable que esa ventaja desaparezca al acabar el contrato, que suele durar un año. Además, puede ocurrir que para compensar ese descuento se incluyan otros servicios, que están prohibidos en la factura de suministro, como mantenimiento de la instalación o seguros sobre los electrodomésticos. Estos servicios requieren un contrato diferente.

Y es que aunque pueda haber ofertas puntuales, resulta muy extraño creer que las comercializadoras vayan a vender algo a un precio más bajo del que fija ese pool en el que se cruzan la oferta de venta de los productores y la demanda de compra de las comercializadoras, dando lugar al precio que se traslada a la tarifa oficial y al que las compañías también acuden a comprar la energía que venden en el mercado libre. 

De hecho, la CNMC ha alertado de la "complejidad" de algunas de las ofertas a la que se enfrentan los consumidores, a los que insta a "leer bien los contratos, saber si la oferta tiene añadidas cláusulas de permanencia y penalizaciones, comparar las ofertas existentes, tener conocimiento de si se tiene derecho al bono social, o no facilitar datos bancarios a los vendedores a domicilio o por teléfono que proponen nuevas ofertas".

El regulador, tras analizar 425 ofertas, certificó el pasado noviembre que la tarifa PVPC había sido la opción más barata de todas las disponibles en el mercado entre julio de 2015 y junio de 2016. El informe completo se puede consultar aquí. Según los cálculos de la CNMC, las tarifas del mercado regulado supusieron en ese período un ahorro en la facturación de 32 euros al año, un 6% de su facturación anual. "Este ahorro con respecto a las ofertas del mercado libre pone de manifiesto que las comercializadoras no han trasladado a sus ofertas toda la bajada del precio que ha registrado la electricidad en los mercados mayoristas durante el periodo analizado", concluyó. No obstante, entre julio de 2014 y junio de 2015, la CNMC sí detectó en el mercado libre tarifas más baratas que la PVPC.

Prácticas comerciales 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el llamado bono social, un descuento del 25% en el recibo de la luz para determinados colectivos ahora en proceso de reforma, sólo está disponible con las comercializadoras que ofrecen la tarifa regulada. Las citadas asociaciones y otras entidades sociales también han denunciado que muchos clientes han sido llevados al mercado libre atraídos por distintas ofertas pero perdiendo el derecho a tener este descuento del 25% si se cumplen los requisitos. Este fue el caso de la anciana que falleció en Reus el pasado noviembre. La citada reducción sólo pueden ofrecerla las cinco comercializadoras de referencia. 

Las compañías del sector se defienden asegurando que siempre informan a sus clientes de todas las condiciones en el caso de firmar un nuevo contrato y recordando que el cambio al mercado libre es reversible y el cliente puede volver al precio regulado cuando lo estime oportuno. "Hacemos un seguimiento constante de nuestros clientes y si detectamos que pueden disponer de un servicio mejor para sus hábitos de consumo, se lo ofrecemos. Hemos enviado recomendaciones de ahorro al 100% de nuestra cartera de clientes, en busca de la mayor eficiencia posible", asegura un portavoz de Iberdrola.

Sí admiten, no obstante, que las prácticas agresivas de algunos de sus comerciales –que a veces son de empresas subcontratadas– han podido estar detrás de algunos de estos casos, aunque mantienen que tienen establecidos "protocolos" y "auditorías" para regular este tipo de conductas. "Cuando se detectan esos errores se toman medidas, que pueden ser muy drásticas, y se mejoran los sistemas de control para evitar que se repitan. Es más, quizá nuestros clientes no saben que gran parte de las irregularidades que dan lugar a reclamaciones son detectadas por nuestros mecanismos de control, por lo que los contratos no llegan a cerrarse. Nos tomamos este tema muy en serio", explican desde Endesa. 

Margen 

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Entre las asociaciones de consumidores sí hay sospechas de que la escasa rentabilidad que las tarifas del mercado regulado tiene para las compañías puede estar detrás de estos traspasos entre un mercado y otro, aunque las eléctricas defienden que no es así. De hecho, las cinco compañías tienen recurrido ante el Tribunal Supremo la orden que desarrolla la metodología para calcular la retribución que reciben las compañías que ofrecen la tarifa regulada y que el Ministerio de Energía publicó el 24 de diciembre de 2016.

Las eléctricas sostienen que ese margen es insuficiente y reiteran que es inferior al propuesto por la CNMC, que en un informe publicado el pasado verano pidió que subiera de los actuales cuatro euros al año por kilovatio de potencia contratada a los 5,24 euros. En cualquier caso, Energía optó en la orden publicada en diciembre por cambiar la metodología de cálculo de esa retribución. Actualmente las empresas cobran una cantidad fija por KW de 3,113 euros y otra variable en función de los precios del pool. De esta manera, paga más quien más consume.

El Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre estos recursos, si bien la última ocasión en la que los jueces del alto tribunal se pronunciaron sobre esta cuestión a instancia de las eléctricas fallaron a su favor al estimar que no obtenían una retribución suficiente. Esa revisión conllevó una refacturación cercana a los ocho euros por los ejercicios 2014, 2015 y 2016, así como una subida del recibo de 2 céntimos de euro al mes de la que las compañías tienen que informar a sus clientes por carta.