Sector eléctrico

La Audiencia Nacional investiga si Iberdrola se lucró alterando el precio de la luz en 2013

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

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La Audiencia Nacional ordenó practicar este miércoles entradas y registros en las sedes de Iberdrola en Madrid y Bilbao después de admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la compañía, indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas. En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno adoptó la decisión tras admitir una denuncia de Anticorrupción contra Iberdrola Generación por un delito relativo al mercado y los consumidores.

La investigación se refiere a un delito presuntamente cometido por los directivos o empleados de la empresa que adoptaron las decisiones que llevaron al "alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013". Fue precisamente en diciembre de 2013 cuando el Gobierno se vio obligado a suspender el sistema de fijación de precios trimestral de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y crear el actual Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

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La vía penal se abre después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara en 2015 con 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista de la energía eléctrica en 2013, lo que se considera una conducta "muy grave", multa que suspendió cautelarmente la Audiencia Nacional en marzo de 2016. La sanción a Iberdrola Generación está relacionada con una actuación dirigida a elevar el precio de las ofertas en las centrales hidráulicas del Duero, el Sil y el Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, justo antes de que la tarifa eléctrica se disparara.

En las semanas previas a la celebración de la subasta Cesur para fijar los precios de la tarifa eléctrica de último recurso en el primer trimestre de 2014 se registraron fuertes subidas de precios en el mercado mayorista.

Estos repuntes provocaron que el precio resultante en la subasta subiera un 26 %, lo que hubiera subido la tarifa un 10 %. Ante esta situación, la CNMC advirtió de situaciones atípicas, aunque no manipulación, lo que derivó en la suspensión de la subasta y, en última instancia, la sustitución del sistema de tarifa de último recurso por el precio voluntario al pequeño consumidor.

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