El juez condena a la empresa 'low cost' contratada por Defensa a pagar a un vigilante el sueldo del convenio estatal

Un juzgado de lo Social ha condenado a Marsegur, la empresa de seguridad low cost a la que Defensa acaba de encargar la vigilancia de sus instalaciones en toda España, a devolver a uno de sus trabajadores el sueldo que cobraba con el anterior adjudicatario, Seguridad Integral Canaria. Contra la sentencia no cabe recurso, por lo que la empresa está obligada a restituir el salario al trabajador.

El cambio de empresa, que se produjo el pasado 1 de mayo, supuso para el vigilante, asignado a los edificios del ministerio en Burgos, la pérdida de 600 euros al mes. Mientras Seguridad Integral Canaria le pagaba de acuerdo con las tablas salariales del convenio estatal del sector, Marsegur aplica las de su propio convenio de empresa, notablemente inferiores. Además, el convenio fue anulado por la Audiencia Nacional y se encuentra pendiente de un recurso ante el Supremo. El Alto Tribunal ha declarado igualmente nulo el convenio de Marsegur en la Comunidad de Madrid. Ambos fueron negociados de forma ilegal con sólo unos pocos delegados sindicales, todos ellos mandos intermedios, pero se aplicaba al resto de los centros de trabajo de la empresa.

El titular del Juzgado de lo Social número 1 de Burgos establece que el recorte salarial impuesto al vigilante es una modificación sustancial de condiciones de trabajo que se hizo sin cumplir los requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores: sin preaviso y sin comunicación por escrito, el guardia jurado se enteró cuando recibió la nómina de mayo.

Además, explica la sentencia, si el trabajador ha sido subrogado, como ocurre cuando cambia el adjudicatario de un contrato público, debe serlo “en todos sus términos”, incluidas las retribuciones. Según el juez, no importa que el convenio de Marsegur haya sido anulado, sino que se hayan incumplido las condiciones de la subrogación.

Como la sentencia dicta que el recorte salarial es una modificación individual de las condiciones de trabajo, señala que no cabe recurso ateniéndose al artículo 138.6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que lo limita a las de carácter colectivo.

500 vigilantes a la espera

Para vigilar las instalaciones de Defensa Marsegur cuenta con 500 vigilantes, que ahora pueden demandar en los juzgados la devolución del salario que cobraban antes con Seguridad Integral Canaria. Muchos lo han hecho ya, según apuntan fuentes sindicales. Marsegur cobrará 16 millones de euros por este macrocontrato, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre.

También Alternativa Sindical ha presentado una demanda, pero de conflicto colectivo, por la modificación ilegal de condiciones de trabajo de los 32 vigilantes que desde el pasado abril han pasado a la nómina de Marsegur en la Tesorería de la Seguridad Social en Madrid. Y que, por tanto, han sufrido un recorte en sus sueldos semejante al impuesto a los guardias jurados del Ministerio de Defensa.

La marca insignia del empresario de la seguridad 'low cost' se deshará de la mitad de sus trabajadores

Ver más

Otro varapalo judicial

El del juzgado burgalés es otro varapalo que sufren las empresas de seguridad low cost vinculadas a Miguel Ángel Ramírez, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Antes también había anulado el Supremo el descuelgue salarial que el empresario canario intentó aplicar en su marca de cabecera, Seguridad Integral Canaria. Entonces pretendió recortar los sueldos a sus vigilantes en unos 300 euros mensuales. El tribunal, sin embargo, dictaminó que la medida había sido negociada de forma ilegal –como los convenios de Marsegur y Sinergias–: pactándola sólo con un sindicato independiente integrado por mandos intermedios de la empresa. De modo que Seguridad Integral Canaria ha tenido que seguir aplicando las condiciones y salarios del convenio estatal del sector.

Los sindicatos de vigilantes denuncian las precarias condiciones que Marsegur impone a las plantillas de las que se subroga en estos contratos públicos. El sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad asciende a sólo 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.