El índice para calcular las ayudas sociales seguirá congelado en 2018 tras subir con Rajoy un euro al año

El Consejo de Ministros aprueba este viernes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que pasará en 2018 de 707,6 euros mensuales a 735,9 euros –10.302,6 euros al año en 14 pagas–. Si se le añaden las subidas prometidas para 2019 y 2020, el SMI aumentará en tres años un 19% y alcanzará los 850 euros al mes. Experimentará la mayor alza de toda su historia. Ya este año que ahora termina creció un 8%, hasta ahora la mayor subida desde 1986.

Pero de esa escalada va a seguir quedando descolgado el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), el índice que se utiliza como referencia para conceder ayudas, subvenciones o becas. También, por ejemplo, para calcular las rentas que acreditan el acceso a la justicia gratuita, al bono social eléctrico o a las viviendas de protección oficial. Fue creado en 2004 precisamente para desligar estos subsidios del SMI, que quedó circunscrito al ámbito salarial. La subida anual del Iprem se fija cada año en la Ley de Presupuestos y las cuentas de 2018 aún están pendientes de negociación. Al quedar fuera del ámbito de los salarios, no ha sido objeto de debate con los sindicatos y la patronal en las conversaciones que desembocaron en la subida del SMI acordada con el Gobierno para los próximos tres años.

El Ministerio de Hacienda se remite a los próximos Presupuestos Generales cuando se le pregunta si el Iprem también va a disfrutar de las amplias subidas que se han establecido para el SMI. Por tanto, dependerá de la situación política –el conflicto catalán, la disposición del PNV para respaldar las cuentas tras aprobarse el Cupo Vasco, la negativa inicial del PSOE, el apoyo condicionado de Ciudadanos– el tiempo que se prolongue la congelación del Iprem en 2018. Y luego de la voluntad del Gobierno, que es quien elabora los Presupuestos.

De momento, este indicador seguirá fijado el próximo ejercicio en 537,84 euros mensuales. Este año subió un 1%, 5,33 euros, tras haber permanecido sin variación desde 2010sin variación desde 2010. Es decir, cuando Rajoy llegó a la Moncloa a finales de 2011 estaba fijado en 532,51 euros y desde entonces ha subido algo menos de un euro anual de media.  

Desde que se creó en 2004, el Iprem ha aumentado sólo un 16,8%, mientras que el SMI ha crecido un 59,8%. A pesar de que también quedó congelado en 2012 y 2014.

Así, la brecha entre Iprem y Salario Mínimo no ha hecho más que aumentar desde el primer momento. Si en 2005 la distancia entre uno y otro era sólo de 44 euros, en 2018 alcanzará los 198. Es decir, se ha multiplicado por 4,5 en 13 años. Sólo en 2007 y 2008, el Iprem subió por encima del 2%, el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE), que se utilizó como referencia para actualizarlo en 2005 y 2006. El alza de 2010 se quedó en un 1%, al igual que en 2017.

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UGT y CCOO piden que el Iprem también suba “aunque no tenga que hacerlo al mismo ritmo que el Salario Mínimo”. “Pero lo que no puede ser es que se congele, porque cada vez que se decide no tocarlo, se excluye a muchas personas de los mecanismos de protección social”, advierte el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. “Es una cuestión de justicia social”, abunda un portavoz de UGT, “y si se congela tiene consecuencias para los colectivos más vulnerables”.

Aunque el indicador no entró en las negociaciones sobre el SMI, UGT asegura que el mismo día de la firma del acuerdo, el pasado martes, los sindicatos reiteraron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la necesidad de actualizar el Iprem. Y lo mismo que han presionado para convertir lo que en principio estaba concebido sólo como una consulta del Ejecutivo –para subir el SMI– intentan conseguir “un espacio específico” para el indicador de las ayudas sociales.

De hecho, ambos sindicatos llevan tiempo reclamando un método permanente y automático de actualización del Iprem. Carlos Bravo cree que debería utilizarse como referencia para ese mecanismo bien el IPC, bien la tasa Arope –establecida por la UE para medir el riesgo de pobreza y exclusión social– o cualquier otro indicador del nivel de pobreza relativa. Esa fórmula, precisan UGT y CCOO, debería permitir recuperar el poder adquisitivo perdido por la congelación durante seis años además de garantizar que se mantiene su valor real a lo largo del tiempo.