LOS FALLOS DE LA RECUPERACIÓN

El número de parados que no cobran prestaciones se duplica desde 2010 pese a la caída del desempleo

Fátima Báñez, junto a los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social, Juan Pablo Riesgo y Tomás Burgos, durante la presentación de los datos de paro de 2017.

El paro ha caído en España un 18,5% desde 2010, medido según la Encuesta de Población Activa (EPA). Los desempleados con experiencia laboral, que son los que tienen derecho a cobrar una prestación, se han reducido un 23,8%. Pero la tasa de cobertura, el número de parados protegidos, se ha recortado mucho más, un 27% en siete años. De forma que mientras ha disminuido el número de personas sin trabajo, se ha duplicado el de los desempleados que no perciben prestación alguna. El año 2010 terminó con 4,34 millones de parados que contaban con experiencia laboral previa –3,74 millones registrados en las oficinas del antiguo INEM–. En 2017 la recuperación económica ha dejado la cifra en 3,3 millones. Por el contrario, hace siete años la tasa de cobertura de las prestaciones de desempleo estaba en máximos históricos, del 78,4%: sólo 808.590 parados no percibían ayudassólo. Hoy, la tasa de cobertura se ha desplomado hasta el 57,9% –aunque ha llegado a hundirse hasta el 55%– y el número de quienes no reciben una prestación se ha disparado hasta el millón y medio.

La paradoja aparece destacada en el último informe sobre mercado de trabajo y prestaciones de desempleo que ha elaborado CCOO y publica la Fundación Primero de Mayo. El paro de larga duración, que aboca a quienes los sufren a agotar todo el abanico de prestaciones disponibles, combinado con el aumento del empleo temporal, que impide alcanzar el tiempo mínimo necesario para acceder a ellas, explican el aumento de los trabajadores desprotegidos por el sistema, según indica el estudio. También existen vacíos de cobertura: agotadas las prestaciones contributivas –lo que ocurre cada vez antes si los contratos son cada vez más cortos– no siempre es posible acceder a los subsidios. Con más de 45 años y sin cargas familiares, las posibilidades de conseguir una de estas ayudas asistenciales son escasas, apunta el sindicato. Y una vez agotado el subsidio, si el trabajador no ha cumplido los 55 años, puede quedar desamparado.

Como ocurre con los datos del paro, merece la pena destacar también las enormes diferencias entre las tasas de cobertura de las comunidades autónomas. Mientras en Baleares la protección alcanza el 88,7%, en Extremadura el 66,3% y en Andalucía el 63,5% –debido a la elevada cifra de beneficiarios del subsidio y la renta agraria–, en el País Vasco baja hasta el 42,5% y en Asturias del 46%.

Más subsidios, menos duración, menos cuantía

Pero no sólo se ha disparado el número de quienes quedan fuera del sistema de prestaciones, sino que, además, éstas han perdido en calidad. A partir de 2010 son más los parados que cobran subsidios –426 euros al mes– que quienes perciben la prestación contributiva, de mayor cuantía al estar ligada a los salarios ingresados cuando se trabajaba. En noviembre de 2017, el último dato publicado por el Ministerio de Empleo, el 58,1% de los parados protegidos cobraban un subsidio, 1,15 millones de personas; el 41,9%, 748.333 individuos, una prestación contributiva. Como queda dicho, otras 1,57 millones no percibían ninguna ayuda pública, precisa CCOO.

Si además se detalla la distribución por comunidades autónomas, las diferencias son alarmantes. En Extremadura, el 79% de los beneficiarios de prestaciones cobran subsidios asistenciales; en Andalucía son el 75,8%. Sólo en País Vasco –59,1%–, Madrid –57,9%–, Navarra –56,9%–, La Rioja –53%–, Baleares –52,2%– y Aragón –53,6%– son más los perceptores de prestaciones contributivas.

Con el aumento del empleo temporal, del 22,9% hasta el 27,4% en cuatro años, y el auge de los contratos más breves, también se reduce el tiempo de cobro de la prestación contributiva así como su cuantíacuantía. El pasado noviembre la media era de 818,9 euros, por lo que se ha rebajado en 43,3 euros, un 5%, desde que alcanzó su máximo en 2012. Eso sí, en 2017 subió un 1% respecto al ejercicio anterior. El periodo medio de percepción se ha quedado en 13,79 meses, a fecha de noviembre de 2017. El 21% de quienes reciben la prestación cobran por el tiempo mínimo posible, cuatro meses. Sólo el 10% de los beneficiarios de las ayudas contributivas tiene menos de 30 años, puesto que los jóvenes son carne de contrato temporal con mayor probabilidad que los trabajadores de más edad. Y las mujeres, también más expuestas al trabajo a tiempo parcial y con salarios más bajos, cobran más el subsidio –el 62,4%–, que los hombres. En ambos sexos, los perceptores de subsidios son mayoría entre quienes superan los 50 años, puesto que existe un tipo de ayuda específica para los de más de 55, que cobran el 38%.

Otro cambio en el cobro de prestaciones se está produciendo en el pago único o capitalización. Una medida pensada para fomentar el autoempleo que en 2016 llegó a su mínimo de la década. Entonces, sólo 120.804 beneficiarios pidieron que se les abonara de una sola vez el total de la prestación a la que tenían derecho para emprender como autónomos. Desde que alcanzaron su máximo en 2008, han caído un 26,4%. Tras un repunte en los peores años de la crisis, entre 2011 y 2013, no han dejado de disminuir con la recuperación. El informe de CCOO atribuye el descenso al estancamiento del empleo autónomo como resultado de la mejora económica. De hecho, las afiliaciones a la Seguridad Social en el régimen de autónomos sólo han crecido un 0,3% en 2017, mientras los cotizantes del régimen general, el de los asalariados, han aumentado un 4,64%.

La consecuencia de la caída de la cobertura del desempleo, así como de la calidad y cuantía de las prestaciones es el desplome del gasto público en esta partida, un 42% desde 2010, calcula CCOO. Y, una vez más, las diferencias autonómicas son significativas. Navarra es la comunidad con mayor prestación contributiva de media, 882,6 euros, mientras Extremadura es el farolillo rojo con sólo 688,2 euros, una distancia de 194,4 euros.

Para cubrir los agujeros del sistema

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Antes del próximo mes de abril, el Ministerio de Empleo, la patronal y los sindicatos deben llegar a un acuerdo para reformar y unificar todos los programas de ayudas a los desempleados, con la vista puesta especialmente en el Plan Prepara y el Programa de Activación para el Empleo (PAE). En principio pensados para dar cobertura a los parados de larga duración que agotan el resto de las prestaciones y más dificultades tienen para regresar al mercado de trabajo, no han tenido el éxito esperado. Según los sindicatos, por la rigidez de los requisitos para acceder a ellos.

Así, el pasado noviembre, 56.969 parados figuraban inscritos en el PAE, lo que se traduce en un aumento del 174,4% en un año, gracias a los cambios introducidos el pasado abril para eliminar restricciones de acceso. Del Plan Prepara se han beneficiado desde su creación, en marzo de 2011 hasta el pasado septiembre un total de 957.370 desempleados, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Empleo. Unas cifras insuficientes: la EPA cuenta con casi 1,9 millones de parados de larga duración, aquéllos que llevan más de un año sin trabajo.

Para tapar todos los agujeros de protección del sistema, los sindicatos reclaman una renta mínima, 426 euros, para quienes lleven más de un año en el paro, carezcan de otros ingresos y no puedan acceder a ningún tipo de prestación o subsidio asistencial. El importe de la medida, entre 6.500 millones y 12.000 millones de euros. También el PSOE ha propuesto un Ingreso Mínimo de 426 euros, Podemos una Renta Básica por edades y Ciudadanos un Complemento Salarial Garantizado, diseñada para ayudar a unos cinco millones de personas.

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